¿Cuánto cuesta enfermarse en Chile?: el negocio de las clínicas, las isapres y las farmacias

En Chile enfermarse se ha convertido en un negocio. Las clínicas privadas cobran precios desorbitados por consultas, urgencias y hospitalizaciones; las isapres aplican cobros ocultos; y las farmacias capitalizan brechas regulatorias. Además, la integración vertical —cuando una isapre y una clínica o farmacia operan bajo el mismo grupo— concentra el mercado y eleva los costos.

El año pasado se dio a conocer un estudio del Ministerio de salud en el que indicaba que las familias chilenas destinan al menos $155 mil pesos mensuales en salud. Los medicamentos y consultas médicas son las categorías que más gastos implican.

No solo la enfermedad: también el endeudamiento golpea a la familia

Ana Luisa Céspedes, de 71 años, es viuda y vive con una de sus hijas y dos de sus nietos en la comuna de La Florida. En 2022 fue diagnosticada con cáncer de ovarios en etapa IV, sin posibilidad de operación. Aunque cuenta con cobertura de isapre y su cáncer está incluido en el GES, los costos de su tratamiento siguen siendo sumamente elevados, afectando a todo su entorno familiar.

Ana Luisa comenzó a presentar dolores en el lado derecho de su abdomen, pero pensaba que se debían a una operación previa. Comenzó a visitar distintos centros médicos en busca de ayuda, pero fue mal diagnosticada: le dijeron que tenía artrosis en la rodilla, ya que en ese momento sentía dolor en todo el lado derecho de su cuerpo. Finalmente, lograron dar con el diagnóstico debido a un daño pulmonar provocado por ascitis.

Andrea Parra, nuera de Ana Luisa, es quien lleva el control de los gastos del tratamiento. En conversación con El Ciudadano, Andrea señaló que el momento del diagnóstico fue emocionalmente devastador para toda la familia debido a lo avanzada que estaba la enfermedad. Sin embargo, aún no sabían la gran carga económica que implicaría el tratamiento.

Ana Luisa ha tenido que someterse a cuatro etapas de ciclos de quimioterapia. La primera consistió en una sesión cada 28 días durante 9 meses; la segunda, una cada 21 días también por 9 meses; la tercera, una cada 28 días durante 5 meses; y la cuarta —que cursa actualmente— corresponde a un periodo de 3 meses. En total, ha pasado por aproximadamente 28 quimioterapias. Para poder acceder al tratamiento, la familia debe pagar una canasta de $277.420 antes de cada intervención. Cabe destacar que el costo real de las sesiones asciende a $382.627.

En dos años y medio de tratamiento, la familia ha debido desembolsar alrededor de $7.767.760 solo en quimioterapia, sin considerar exámenes y hospitalizaciones, gastos que también han debido cubrir de su bolsillo ya que no todos son cubiertos al cien por ciento por la isapre o por el GES.

Andrea indicó que, además de los $277.420 que deben pagar mensualmente por las canastas, mes por medio deben costear los exámenes de Ana Luisa, que fluctúan entre $100.000 y $200.000. “No todos los exámenes están cubiertos por el GES, y aun así resultan bastante costosos a través del sistema de salud”, explicó Parra.

Ana Luisa recibe una pensión de viudez, pero esta no alcanza para cubrir sus tratamientos. Gran parte de su pensión se destina a los traslados hacia los centros de salud, donde puede gastar más de $30.000 en un solo día.

Andrea denunció que las isapres no siempre entregan información clara sobre cómo funcionan las canastas GES, especialmente cuando un afiliado enfrenta por primera vez una enfermedad cubierta por este sistema. Según relató, durante los dos primeros años pagaron montos elevados sin entender con precisión qué cubría cada prestación. “Hablan en términos que uno no conoce, nadie sabe explicar nada, y eso genera confusión y malos ratos”, afirmó.

La nuera de Ana Luisa sostuvo que las isapres deberían informar de forma clara cuánto dinero deberán desembolsar las familias para los tratamientos, ya que, según indicó, se necesitan al menos $8.000.000 anuales. De hecho, solo el deducible GES tiene un valor de 126 UF al año, es decir, cerca de $5 millones de pesos. “Cuando las isapres reciben a un afiliado recién diagnosticado con una enfermedad GES, deberían explicar con palabras simples qué significa todo”, añadió Andrea.

Dado el alto costo del tratamiento, la familia debió organizar almuerzos, bingos y rifas para reunir dinero. Sin embargo, han dejado de realizar estas actividades porque, con el tiempo, las personas dejan de colaborar. “La gente se termina aburriendo”, señaló Andrea.

Finalmente, Parra expresó que lo más difícil ha sido el endeudamiento familiar. Ana Luisa tiene tres hijos y todos han debido contribuir a su tratamiento, incluidos algunos nietos. Así, no solo deben lidiar con la angustia de la enfermedad, sino también con el impacto económico que afecta a los tres grupos familiares. “A nadie le sobra el dinero, por lo que esta situación genera conflictos, divisiones y preocupaciones para todos los integrantes de la familia”, concluyó Andrea.

Clínicas e isapres: lógica de mercado

Como explicó el senador y médico Juan Luis Castro en conversación con El Ciudadano sobre la salud en Chile:

“Es evidente que funciona con lógica de mercado; es un negocio y, por lo tanto, las reglas del negocio se aplican a los clientes, separando a quienes pueden pagar a todo evento de aquellos que no pueden y quedan excluidos. Por eso Fonasa actúa como seguro público y busca dar una alternativa, incluso en el mundo privado”.

Un claro ejemplo de esta realidad son las isapres, que, aunque autorizadas por el Estado para cubrir a cerca del 15 a 17% de la población —alrededor de 3 millones de personas—, operan bajo un modelo que privilegia el lucro, con planes que excluyen sistemáticamente a quienes presentan mayores riesgos o no pueden pagar altos costos, profundizando así la desigualdad en el acceso a la salud.

El financiamiento de las isapres se basa en la cotización obligatoria del 7 % de la renta imponible, más planes complementarios y copagos.

Los grandes conflictos que presentan las isapres son que discriminan basándose en preexistencias, selección de riesgos por edad, género y estado de salud, además de la falta de transparencia en los precios y coberturas.

Estas prácticas generan exclusión y dificultades para acceder a planes adecuados, especialmente para quienes tienen enfermedades crónicas o condiciones preexistentes. Además, los contratos suelen incluir “letra chica” que limita coberturas y encarece los costos para los afiliados, profundizando las desigualdades en el acceso a la salud.

«El sistema privado de salud tiene un problema que, en el mundo del seguro privado o de las isapres, se refiere a las preexistencias, exclusiones, carencias y a la selección de riesgo por sexo, edad y enfermedad. Eso se está buscando revertir en un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados”, indicó el senador Castro.

¿Qué propone la nueva reforma a las isapres?

El proyecto al que alude el senador forma parte de la llamada “ley corta de isapres”, actualmente en trámite bajo el Boletín 17.147-11. La iniciativa surge como respuesta a la crisis financiera de las aseguradoras privadas, agudizada por fallos judiciales que las obligan a devolver cobros indebidos aplicados mediante tablas de factores. Aunque busca ordenar el sistema, no representa un cambio profundo en su funcionamiento.

Entre sus principales medidas, el proyecto propone terminar con las preexistencias, la discriminación por edad o sexo y las tablas de factores de riesgo, que han encarecido los planes a lo largo del tiempo y han dejado a miles de usuarios fuera del sistema.

También contempla la creación de un Plan Común de Salud, que obliga a todas las isapres a ofrecer prestaciones y coberturas homogéneas, incluyendo beneficios como GES, CAEC, urgencias, medicina preventiva y maternidad. Cada institución podrá fijar la prima que cobrará y definir su red preferente de prestadores.

Además, la iniciativa ofrece la posibilidad de que los afiliados cambien de isapre sin restricciones durante un periodo especial de 60 días, evitando que queden atrapados en planes poco convenientes.

Asimismo, obliga a las aseguradoras a contratar reaseguro obligatorio para pacientes de alto costo, con el fin de distribuir riesgos y dar mayor estabilidad al sistema.

Cabe destacar que la “ley corta de isapres”, aprobada en mayo del año pasado, fue una medida de urgencia creada con el objetivo de estabilizar financieramente a las aseguradoras y dar cumplimiento a fallos judiciales, por lo que no modificó la estructura ni el funcionamiento del sistema.

En cambio, el proyecto de ley busca introducir reformas estructurales como las señaladas anteriormente. Sin embargo, la iniciativa sigue en debate y no ha sido aprobada. Mientras la ley corta atiende una crisis inmediata, la reforma en curso pretende ordenar y transparentar el sistema a mediano y largo plazo, abordando sus problemas de raíz.

Integración vertical: efecto encarecedor

Otro de los factores problemáticos de las isapres está relacionado a la integración vertical, que es cuando isapres y prestadores de salud pertenecen al mismo holding, comportándose como firmas relacionadas cuyo objetivo es obtener más ganancias.

Por ejemplo, la isapre Banmédica pertenece al mismo grupo económico de la Clínica Santa María, por lo tanto, apuntan a ganancias en conjunto. De manera más amplia, la integración vertical abarca a todo prestador de salud que ofrece servicios a afiliados de las isapres, como laboratorios, clínicas dentales, centros de imagenología, entre otros.

Uno de los problemas de la integración vertical apunta a una manipulación de precios que realizan los holdings para redirigir la demanda desde sus isapres hacia sus clínicas, y viceversa. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una clínica establece precios inflados para quienes no son parte de la isapre del mismo holding, buscando beneficiar a la aseguradora dentro del sector de seguros.

A pesar de que el año 2005 se prohibió que isapres mantenga participación directa en clínicas y centros de salud, en la práctica, la integración vertical sigue funcionando por medio de holdings y estructuras societarias que las vinculan con sus redes de prestadores.

Por lo tanto, esta práctica permite que, aunque formalmente no posean las clínicas, las aseguradoras controlen la atención y los flujos de dinero dentro de su propia red.

Existen diversos estudios y fiscalizaciones que revelan cómo la integración vertical entre isapres y sus propios prestadores de salud impacta de forma directa en los bolsillos de sus usuarios. Según datos de la Superintendencia de salud, cuando una persona se atiende en una clínica asociada a una isapre mediante integración vertical, el costo de su prestación resulta un 19% más alto que si acudiera a un centro médico con el que su aseguradora mantiene convenio.

El problema no es solo el sobrecosto, sino también la distorsión que genera en la competencia del sector. Un informe del MIPP de la Universidad de Chile, basado en antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), estima que eliminar la integración vertical podría generar beneficios sociales de hasta 146 millones de dólares anuales, al reducir precios y evitar prácticas que restringen la libre elección de prestadores.

En resumen, la integración vertical perpetúa un modelo donde las aseguradoras y sus prestadores priorizan sus márgenes de ganancia por sobre la competencia y el bienestar de los pacientes. Aunque la ley prohíbe su participación directa en clínicas, los vacíos normativos permiten que sigan operando como un solo bloque. Esto no solo encarece la atención, sino que también limita la transparencia y la libre elección de los usuarios dentro del sistema.

Los altos costos de la salud privada: consultas y exámenes con diferencias abismales

En Chile, el costo de la atención de salud privada varía drásticamente según el tipo de consulta o procedimiento y, sobre todo, según la clínica donde se realice. Según un estudio del Sernac, una consulta médica general puede costar entre $9.000 y $35.000 pesos, pero si se trata de una especialidad como neurocirugía o dermatología, el valor puede superar los $90.000 pesos.

Estas cifras, sumadas a exámenes, hospitalizaciones y tratamientos, explican por qué incluso con isapre o planes complementarios, los gastos de bolsillo de las familias suelen ser muy elevados.

Las diferencias de precios también se reflejan en los procedimientos y hospitalizaciones. Un escáner ambulatorio puede costar entre $35.000 y $120.000, pero si se realiza de madrugada, el valor puede llegar a entre $150.000 y $300.000. A esto se suman exámenes médicos, cuyo precio varía enormemente según la clínica. Por ejemplo, un hemograma y VHS puede costar $30.403 en Clínica Alemana, versus $4.865 en Clínica Dávila y $4.497 en RedSalud.

Intervención	Rango precios referenciales
Consulta especialidad	$30.000-$90.000
Escanner	$35.000-$120.000
Escanner madrugada	$150.000- $300.000
Día cama hospitalario	$200.000- $1.000.000 (o+)
Cama UCI adulto	Desde $1.000.000

Tabla comparativa diferencia precios exámenes según centro clínico, valores obtenidos de la Superintendencia de Salud:

EXÁMEN	CLÍNICA ALEMANA	CLÍNICA DÁVILA	REDSALUD
Hemograma y VHS	$30.403	$4.865	$4.497
Perfil bioquimico	$39.016	$13.934	$13.264
Glucosa en sangre	$6.990	$1.994	$1.852
Eco mamaria	$117.381	$32.251	$28.898
Eco abdominal	$159.534	$47.367	$41600
TAC de cráneo	$375.951	$144.644	$105.184

El truco del ‘genérico de marca’: pagas más por lo mismo

Uno de los ítems de salud en que más gastan las familias chilenas son los medicamentos. De hecho, estudios indican que un 38,5% del gasto de bolsillo de los hogares se destina a la compra de fármacos.

En Chile existen tres clasificaciones de medicamentos: los innovadores o de marca, los genéricos y los genéricos de marca. Para el diputado y médico cirujano Tomás Lagomarsino, este fenómeno particular de nuestro país contribuye a que el gasto de bolsillo en medicamentos sea tan alto.

“En general, en otros países existen solo los innovadores, que corresponden al primer laboratorio que desarrolló el medicamento, y luego los genéricos. En Chile, una de las razones por las que el gasto de bolsillo es tan alto es justamente la existencia de este tercer grupo, los genéricos de marca, que son algo totalmente comercial, porque en esencia son genéricos”, explicó el diputado a El Ciudadano.

Por ejemplo, en una farmacia del retail, un ibuprofeno de 400 mg genérico tiene un valor aproximado de $1.890, mientras que un genérico de marca puede llegar a costar $5.790, es decir, hasta un 200% más que el genérico sin marca.

Si comparamos el mismo medicamento, pero en su versión innovadora (de marca), su valor puede alcanzar los $13.000, casi siete veces más que el medicamento genérico.

Para Lagomarsino es justificable que el medicamento innovador tenga un costo más elevado, ya que implica costos de desarrollo e investigación. Sin embargo, advierte que “siempre está en cuestionamiento el verdadero costo de la innovación, porque en muchas ocasiones uno sospecha que el gasto real en investigación no es tan alto como el precio que finalmente termina cobrando el laboratorio”, señaló el parlamentario.

Comparamos algunos medicamentos genéricos en diferentes farmacias del país:

REMEDIO	CRUZ VERDE	DR SIMI	POPULAR
Paracetamol 500 mg	$1900	$480	$60 (1g)
Tramadol 100 mg gotas	$3940	$3680	$600
Zopiclona 7.5 mg	$3290	$2800 (generico de marca)	$670
Pregabalina 75 mg	$13590 (genérico marca)	$8.000	$1330

La Ley Cenabast no despega: pocas farmacias participan

Otro punto importante respecto a los medicamentos en Chile es la Ley Cenabast, que permite que farmacias privadas e independientes puedan adquirir medicamentos a través de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), accediendo así a precios más bajos gracias a la compra por volumen. Esta ley busca replicar el modelo de las farmacias populares, acercando medicamentos más accesibles a la población. 

Sin embargo, como explicó el diputado Tomás Lagomarsino, aún son pocas las farmacias que han optado por intermediar a través de Cenabast, siendo principalmente las independientes las que han mostrado interés. Esta baja participación limita el impacto de la ley en el acceso a medicamentos más económicos, a pesar de su potencial para reducir costos de manera significativa.

Cuando la seguridad social no cubre medicamentos: el origen del gasto de bolsillo

En Chile, uno de los principales problemas en el acceso a medicamentos es que el sistema de seguridad social en salud no los reconoce como parte integral de la prestación médica. Esto significa que, al acudir a una consulta —ya sea en el sistema público, privado, con Fonasa o con Isapre—, el medicamento no está incluido en la atención, y el paciente debe costearlo aparte, generalmente mediante gasto de bolsillo. Esta lógica ha llevado a una proliferación de farmacias en el país y a una dependencia estructural del mercado para obtener tratamientos.

El diputado Tomás Lagomarsino lo resume claramente: “Seguridad social en salud no reconoce en la gran mayoría de los casos que el medicamento es parte de la prestación y es parte de la seguridad social”.

Según explica, esta omisión es la raíz más profunda del problema, ya que impide que las personas accedan a medicamentos como un derecho y no como un lujo. En la práctica, salvo por el uso de seguros complementarios, la compra directa en farmacias es casi la única vía de financiamiento, lo que profundiza la inequidad en el acceso a tratamientos.

¿Por qué no avanza la reforma?

Para el diputado Lagomarsino, reformar un sistema de salud en funcionamiento es, de por sí, un desafío técnico de gran envergadura. Mientras se implementan cambios, el sistema debe seguir operando: atender pacientes, garantizar tratamientos y mantener la red de prestadores activa.

Por lo tanto, esto obliga a que cualquier modificación sea gradual y extremadamente planificada, retrasando las reformas estructurales que se requieren con urgencia.

En el plano político, la situación es aún más compleja. Los intereses económicos vinculados al sector —desde aseguradoras hasta prestadores privados— ejercen presión para frenar cambios que afecten sus márgenes de ganancia. A esto se suma la incapacidad de los partidos para alcanzar acuerdos de centro que prioricen la salud por sobre la disputa ideológica, lo que mantiene estancada cualquier transformación profunda.

Hasta ahora, el Congreso y el Ejecutivo han optado por leyes “cortas”, como la que busca terminar con la discriminación por preexistencias y tablas de factores. Estas iniciativas, si bien resuelven problemas urgentes, no modifican el corazón del sistema: su lógica de lucro y su débil regulación de precios y acceso. En la práctica, actúan como parches que postergan una discusión más de fondo.

Como sintetiza el senador y médico Juan Luis Castro: “La voluntad política ha fallado… por lo que urge abordar la reforma de salud con la misma fuerza que educación y pensiones.”

Para especialistas y legisladores, mientras esta falta de decisión persista, el sistema seguirá operando bajo criterios de mercado, con pacientes que deben endeudarse o esperar, según su capacidad de pago.

Mientras no se reconozca el medicamento como parte esencial de la seguridad social y no se regulen con firmeza las prácticas del sector privado, enfermarse en Chile seguirá siendo un lujo que muchos no pueden costear. La salud, en lugar de ser un derecho garantizado, continúa operando bajo una lógica de mercado donde prima el lucro por sobre el bienestar. Y aunque existen propuestas para reformar el sistema, la falta de voluntad política y los intereses económicos mantienen estancados los cambios estructurales que el país necesita con urgencia.