Absueltos por caso Fundo Punta Arenas vuelven a ser vinculados en nueva arremetida judicial

Jueza de Los Ángeles a cargo del caso «Fundo Punta Arenas» corrige de oficio acusación, reintroduciendo a absueltos pertenecientes a la CAM, lo cual ha generando los reclamos de su defensa, quienes acusan persecución política.

En una controvertida decisión, la jueza Alicia Bravo Ojeda del Tribunal de Garantía de Los Ángeles enmendó de oficio la acusación fiscal contra el preso político mapuche (PPM) José Luis Marilao Matus, reincorporando a cuatro ex prisioneros políticos mapuche previamente absueltos en el mismo caso hace exactamente un año. Esta medida es tildada de ilegal por la Red de Apoyo a los Familiares de los PPM CAM, quienes también afirma que revive el espectro de una persecución judicial que vulneraría el derecho a la honra y el principio fundamental de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

La corrección judicial apunta a que José Luis Marilao habría cometido los hechos imputados en compañía de Ernesto Llaitul y otros tres compañeros, a pesar de que estos últimos fueron declarados inocentes en un segundo juicio oral que anuló una condena inicial de 15 años. Esta situación genera un fuerte cuestionamiento sobre la independencia y la objetividad del sistema judicial en casos relacionados con el conflicto mapuche, especialmente cuando se trata de figuras como Ernesto Llaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Llaitul.

La Red de Apoyo a los Familiares de los PPM CAM ha levantado una denuncia pública contra la jueza Bravo Ojeda, calificándola de «criminalizadora» y acusándola de atribuirse facultades que no posee para realizar una tercera acusación. Según la organización, esta acción constituye una «absoluta ilegalidad» que insiste en la participación de personas cuya inocencia ya ha sido declarada por los propios tribunales.

El caso Fundo Punta Arenas en Los Ángeles, que involucró el incendio de camiones y el ataque a choferes en 2021, ha estado marcado por un proceso judicial complejo. Tras una condena inicial a 15 años de cárcel para Ernesto Llaitul y sus compañeros, el recurso de nulidad presentado por sus defensas fue acogido, por lo cual se realizó un segundo juicio en el cuales se los absolvió de todos los cargos, dejando en evidencia las «falencias en la prueba» y la «prueba ilícita», según sus defensores.

La decisión de la jueza Bravo Ojeda contrasta fuertemente con la absolución previa, que el propio gobierno, en su momento, había calificado como un «triunfo investigativo» al lograr la detención de los implicados. La Red de Apoyo a los Familiares de los PPM CAM, en tanto, insiste en la libertad y absolución de José Luis Marilao Matus, denunciando que consideran el uso de juicios racistas y condenas políticas en este caso.