CPT evidencia abusos y negligencias graves en contra de personas bajo custodia estatal en recintos de detención y salud mental

Informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CTP) evidencia en su informe las condiciones críticas de malos tratos y vulneración de derechos que aún persisten en recintos de detención y cuidado del Estado.

El pasado jueves 24 de julio el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) hizo público su Cuarto Informe Anual, revelando que aunque algunas instituciones están colaborando para mejorar, existen serias deficiencias en el trato a personas bajo custodia del Estado. El documento apunta a fallas estructurales que ponen en riesgo la dignidad y la integridad de miles de personas  en centros de protección de niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos, cárceles y recintos policiales.

Durante el año pasado, el CPT realizó más de 100 visitas preventivas en 13 regiones del país, donde observaron avances en ciertos ámbitos pero destacaron la persistencia de prácticas que contradicen los tratados internacionales de derechos humanos. Se constataron situaciones de especial preocupación, como aislamientos prolongados en recintos penitenciarios, la falta de intervención ante el consumo problemático de sustancias en menores, y el uso excesivo de contenciones físicas en unidades para personas con diagnósticos de salud mental relacionadas a procesos judiciales.

El Comité enfatiza que estas vulneraciones afectan de manera desproporcionada a grupos puntualmente vulnerables, como personas con problemas de salud mental, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y adolescentes, migrantes y personas de la diversidad sexual. Sostiene que la solución no se encuentra únicamente en sancionar cada abuso, sino en transformar las estructuras y normas que actualmente permiten que estas situaciones ocurran.

Un aspecto positivo del documento es la colaboración de instituciones como Gendarmería, Carabineros y la Policía de Investigaciones, las que han implementado cambios concretos después de las recomendaciones del propio CPT, demostrando voluntad para el cambio. Sin embargo, el Comité manifiesta preocupación por la baja respuesta de los organismos centrales, como los Ministerios, que son responsables de realizar transformaciones profundas y sistémicas.

Este informe cobra especial relevancia en un momento de debate legislativo en el Congreso, con proyectos de ley sobre seguridad y el uso de la fuerza policial. El CPT advierte que el uso de armas menos letales, sin una regulación adecuada, puede generar nuevas formas de violencia institucional, tal como ocurrió con los lamentables casos de lesiones oculares durante el Estallido Social, situándose como ejemplo del riesgo que implican los proyectiles junto a una regulación deficiente.

En síntesis, este Cuarto Informe Anual es un llamado de atención que revela a un Chile que cuenta con voluntad, pero que enfrenta desafíos significativos para garantizar que las personas bajo la tutela del Estado sean tratadas con el respeto y la dignidad que establecen los Derechos Humanos.