Las alertas internacionales del 2021 por el Tren de Aragua en Chile que el Gobierno de Piñera y FF.AA.  ignoraron

Filtraciones y registros evidencian el ingreso masivo de bandas criminales bajo gobierno de Piñera

Imágenes referenciales. Archivo internet.

La seguridad ciudadana –centrada en el accionar de bandas criminales internacionales– domina el debate público en Chile, evidenciando graves filtraciones en las FF.AA. y el sistema judicial. Sectores de la derecha instrumentalizan políticamente esta realidad, especialmente en coyunturas electorales, omitiendo el origen histórico del problema

Registros públicos e investigaciones periodísticas demuestran que el ingreso y establecimiento de las principales bandas criminales hoy bajo escrutinio ocurrió durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera (2018-2022). La evidencia indica que su ingreso masivo se produjo en ese periodo, particularmente entre 2020 y 2021.

Alertas tempranas durante Piñera

La presencia operativa de carteles internacionales en Chile fue comunicada oficialmente durante la administración Piñera. Un informe del Observatorio del Narcotráfico, difundido en septiembre de 2021 y replicado por medios nacionales, alertó específicamente: «Los años 2020 y 2021 estarán marcados por el avance de tres carteles internacionales de droga en Chile: los mexicanos Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, ligado a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, además del Cartel del Golfo, del Valle de Cauca, en Colombia«. Respecto al Tren de Aragua, el primer delito atribuido a esta banda en Chile data de 2021: tráfico ilegal de personas en Tarapacá, según el reporte internacional de InSight Crime.

Filtraciones «Guacamaya» a FF.AA. y fallas en Frontera Norte

En septiembre de 2022, la filtración masiva de 400,000 documentos del grupo hacker «Guacamaya» expuso comunicaciones internas del gobierno de Piñera y las FF.AA. Entre estos, destacó la «Minuta Frontera Zona Norte«, elaborada bajo el Decreto Supremo N° 265 (modificado en enero de 2021) que autorizaba a las Fuerzas Armadas a apoyar el control migratorio.

La minuta, fechada durante el mandato de Piñera, reveló datos contundentes: «a la fecha, solo producto del apoyo tecnológico, se han avistado más de 56.000 personas cruzando o intentando cruzar ilegalmente a Chile«, concentrados en la frontera norte con Perú (10,394 personas) y con Bolivia en Colchane (45,793 personas). El documento admitía la necesidad de «mejoras urgentes» en Colchane, epicentro del ingreso irregular, sin embargo, el reporte, fue ignorado por el alto mando y el propio presidente, Sebastián Piñera.

La crítica situación en la Región de Tarapacá fue reiteradamente señalada. En septiembre de 2021, Luis Toledo, entonces jefe de la Unidad de Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional, declaró a Radio Pauta: «En la situación del norte de Chile debe ponerse especial atención. El ingreso de la droga, cuando es terrestre, es generalmente a través de pasos no habilitados cercanos a Colchane… las mayores cantidades están en la Región de Tarapacá«. Esto coincidía con la alerta de la minuta filtrada sobre Colchane.

Miembros de bandas criminales con visa en Chile

Un ejemplo paradigmático es Larry Amaruey Núñez, «Larry Changa», cofundador del Tren de Aragua, capturado en Colombia el 1 de julio de 2024. Según antecedentes de su causa, Changa ingresó a Chile en enero de 2018, durante el primer año de Piñera, por el Aeropuerto de Santiago. Estableció una célula criminal («La Compañía») y operó con negocios de fachada en la capital. La Fiscalía Regional de Tarapacá emitió su orden de captura internacional en septiembre de 2023. El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, destacó su captura, buscado por Chile y Venezuela.

El caso de Changa no es aislado. Los dos principales sospechosos del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, Walter Rodríguez Pérez y Michael Villegas, ingresaron a Chile durante 2019, bajo el gobierno de Piñera. A Rodríguez se le otorgó una visa por un año en septiembre de 2019, y Villegas solicitó una autorización de trabajo en julio de 2018. Este acceso ocurrió bajo políticas migratorias de entonces que no exigían exhaustivas revisiones de antecedentes penales para ciudadanos venezolanos, facilitando la entrada de individuos vinculados a organizaciones criminales.