Chile amplía plazo para nueva normativa que combate créditos bancarios a directores y familiares

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) otorgó un período de gracia de 12 meses para implementar modificaciones a restricciones crediticias que afectan a directores, apoderados y personas relacionadas de entidades bancarias. Esta prórroga busca facilitar ajustes operativos en instituciones financieras tras la entrada en vigor de la Circular N° 2.364, emitida el 26 de junio pasado.

Medida busca evitar interferencias en gobernanza bancaria y fortalecer transparencia financiera

La CMF reforzó controles sobre préstamos concedidos a personas con poder de decisión en bancos, incluyendo cónyuges e hijos menores, así como a sociedades donde estos tengan participaciones superiores al 5% de capital o utilidades. Estos cambios, parte de la Circular N° 2.364, buscan evitar nepotismo y garantizar que los créditos se otorguen exclusivamente por méritos económicos y no por nexos familiares o personales.

El plazo extendido hasta junio de 2026 responde a preocupaciones del sector financiero sobre la complejidad operativa de identificar adecuadamente a convivientes civiles como personas relacionadas, una innovación introducida tras la promulgación de la Ley N° 20.830 de Acuerdos de Unión Civil. Dicha inclusión amplía el concepto legal de «familiares» reconocidos en la legislación bancaria original.

«Este período adicional permitirá a las entidades mejorar sus sistemas de due diligence para detectar nuevas categorías de personas vinculadas, especialmente aquellas que comparten proyectos de vida sin tener un vínculo legal formalizado», indicó una fuente del sector privado, quienes valoraron esta flexibilidad temporal.

La normativa actualizada acentúa su función preventiva al añadir mecanismos detallados para identificar conflictos de intereses. Entre las principales novedades:
1. **Expansión del concepto de persona relacionada**: Incorporación explícita de convivientes civiles al listado de beneficiarios restringidos
2. **Cláusulas de exclusión revisadas**: Bancos podrán otorgar créditos a sociedades con participación inferior al 5% de accionistas afectados, manteniendo requisitos de «giro real y proporcional patrimonio»
3. **Sanciones reforzadas**: Multas equivalentes al monto del crédito infringido aplicables inmediatamente para préstamos actualmente vigentes que violen la nueva regulación

«Estas medidas son clave para evitar que estructuras familiares concentren acceso privilegiado al crédito bancario, uno de los pilares de la economía real», señaló un observador del sistema financiero, destacando su contribución a la competencia equitativa entre pyme y grandes corporaciones.

Efectos esperados e implementación

Aunque el plazo aplicable comenzará en julio de 2026, las restricciones ya operan para créditos nuevos. La CMF publicó un Informe Normativo que incluye casos hipotéticos de aplicación práctica, revisando escenarios como:
– Entidades con participaciones cruzadas en sociedades vinculadas
– Créditos condicionales a flujos de caja específicos
– Operaciones con garantías colaterales en bienes propios del Banco

Este material, según analistas, demuestra un enfoque proactivo en la formación de estándares internos para el cumplimiento regulatorio. «La entiende de casos mediante ejemplos concretos es una ventaja pedagógica importante en un tema complejo como la prohibición de créditos a directivos», explicó un especialista en derecho financiero.

Perspectivas y sostenibilidad

La extensión del plazo genera expectativas sobre su impacto real. Mientras instituciones pequeñas presumiblemente enfrentarán desafíos técnicos mayores, el mercado señala ventajas estratégicas:
– Mayor transparencia en asignación crediticia
– Reducción de riesgos sistémicos asociados a conflicts of interest
– Alietación a estándares internacionales de buen gobierno corporativo

Críticos del sistema financiero, sin embargo, advierten que sin controles adicionales sobre participación en sociedades offshore o estructuras para desviar el enfoque de la definición de «persona relacionada», la normativa podría fallar en capturar casos límites con baja participación formal pero alto influjo real.

El Ciudadano