Una nota publicada este martes (12/8) por Gustavo Burgos en el portal El Porteño, abordó uno de los aspectos más controvertidos de la reciente solicitud de cautela de garantía presentada por John Maulen, abogado defensor del dirigente mapuche Héctor Llaitul, ante el Juzgado de Garantía de Temuco.
Como informó en su momento El Ciudadano, la acción judicial solicita corregir errores en la ficha de caracterización penitenciaria de Llaitul, que según la defensa, contiene elementos falsos y distorsionados con los que Gendarmería justifica su clasificación como interno «de alto compromiso delictual», impactando negativamente en su régimen carcelario (ver nota aquí).
Precisamente, entre los puntos expuestos ante el Juzgado figura la afirmación de Gendarmería de que Llaitul utiliza «lenguaje coa carcelario» dentro del recinto, cuando en realidad se trata del mapuzugun o mapudungun, la lengua mapuche.
«El requerimiento -ingresado en la causa RUC 2000038327-K, RIT 1423-2020- se basa en la minuta N° 791 enviada por la jefa del Complejo Penitenciario Bío Bío, Pabla Arias Díaz, donde se ratifica que a Llaitul se le asigna un ‘puntaje 3’ en la variable de uso de coa, justificando que ‘lo utiliza ocasionalmente’. Lo que el documento omite es que este ‘coa’ corresponde, en realidad, al idioma mapuzugun, hablado por Llaitul como expresión cultural, política y comunitaria de su pueblo», señala la publicación de El Porteño.
En ese sentido, se plantea que «la calificación de Gendarmería no es un mero error administrativo. Implica colocar la lengua de un pueblo originario -reconocida por la Ley Indígena chilena y por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT- en el mismo plano que el argot delictual, naturalizando una asociación directa entre cultura mapuche y criminalidad».
«Este acto, además de vulnerar derechos culturales, forma parte de un patrón más amplio de asimilación forzada y estigmatización lingüística que se remonta a la ocupación militar del Wallmapu por el Estado chileno a fines del siglo XIX, cuando se prohibía el uso del mapuzugun en escuelas y actos públicos», añade el texto de Gustavo Burgos.
«La criminalización de la lengua, de la identidad y del liderazgo mapuche no es un hecho aislado. La historia reciente muestra cómo el Estado chileno ha utilizado sus aparatos judiciales, policiales y penitenciarios para tipificar como amenaza a dirigentes mapuche, ya sea a través de la Ley Antiterrorista o de reglamentos internos que distorsionan su perfil», puntualiza la publicación.
«En este contexto, el caso de Llaitul es paradigmático: líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), condenado por delitos comunes reinterpretados bajo una óptica política, hoy enfrenta una nueva ofensiva que busca deslegitimarlo incluso en su dimensión cultural y lingüística», agrega el texto, que puedes leer íntegramente aquí.

El Ciudadano