A pesar de denuncias de arbitrariedad: Corte desestima recurso de Rubén Cheuquepan, líder mapuche encarcelado

La defensa del werken imputado por un ataque incendiario, asegura que el proceso está teñido por un sesgo relacionado a sus orígenes.

Rubén Cheuquepan Cheuquepan, un werken mapuche de 24 años lleva casi 10 meses en prisión preventiva, y su defensa  asegura que la investigación en su contra por un ataque incendiario ocurrido en Curacautín durante 2023, está cargada de prejuicios que provocaron la vulneración de sus derechos. La situación se agrava tras la reciente decisión de la Corte Suprema de rechazar un tercer recurso de amparo.

Marco Oñate Escobar es el abogado defensor, y explicó que su representado, quien es líder de la comunidad Quilape López, ha estado en la cárcel de Angol desde hace un año a pesar de ser una persona sin antecedentes penales. La imputación es liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, y lo señala como uno de los autores de un ataque que afectó la casa, galpones y vehículos de Félix Molina Burgos. La defensa, sin embargo, sostiene que la investigación carece de pruebas directas y está basada en declaraciones «sesgadas», práctica que contrasta con el trato dado a otras figuras públicas en causas similares, según el abogado.

En conversación con El Ciudadano, Oñate contó que Rubén Cheuquepán, de solo 24 años, se dedicaba a la venta de leña y a velar por su familia en la Región de la Araucanía. Además de cuidar a su hija de dos años, fue reconocido como werken por su comunidad Quilape López, conocida por defender el río Cautín, un rol que el joven asume activamente. Sin embargo, un ataque incendiario en febrero de 2023 cambió su rutina.

El fuego se extendió en el predio de Félix Molina, un vecino con el que la comunidad de Rubén había tenido disputas, ya que este se habría apropiado de sus terrenos históricos. Inicialmente, no se pudo identificar al grupo de atacantes puesto que actuaron con el rostro cubierto. Meses después, la fiscalía presentó a un testigo protegido que acusó directamente a Rubén, como uno de los responsables, identificándolo a través de fotografías. Este testigo resultó ser el hermano de la víctima cuya declaración, para el abogado Oñate, se basó en opiniones y no en hechos concretos.

La investigación de la fiscalía se dirigió por completo hacia Rubén. A pesar de que las pruebas como un lienzo, una culata de escopeta y una botella con acelerante, no presentaban huellas dactilares coincidentes con las del líder mapuche, la fiscalía lo mantuvo como el principal sospechoso. La defensa de Cheuquepán aseguró que el acusado en el momento del ataque se encontraba en una reunión familiar, contando con múltiples testigos que corroboraron su versión. Sin embargo, se le dictó prisión preventiva, una medida que lo mantiene en la cárcel de Angol a la espera de un juicio.

Oñate indicó que: «la misma indagatoria de la fiscalía, auxiliada por el trabajo de las policías, ha ido dando cuenta de la inocencia a través de la falta de participación de Rubén», sostuvo. Según este relato, la causa contra Cheuquepan se fabrica a partir de la declaración del testigo protegido, la cual sería una «mera impresión, un mero pensamiento, una creencia», donde se estima que el acusado es una persona violenta y que no presenta ningún antecedente directo.

El abogado también subrayó el conflicto territorial preexistente, asegurando que los Molina son «latifundistas» que habitan y trabajan de forma ilegítima un terreno mapuche, lo que ha generado ciertos choques con la comunidad Quilape López. Desde su perspectiva, Rubén es: «el principal blanco investigativo de esta causa para sacarlo del camino y que no pueda seguir luchando para que se respete el ejercicio de sus derechos culturales», asegura.

En el proceso judicial contra Rubén Cheuquepan, se denunció una serie de irregularidades: «en esta causa, este tribunal, que conoce los antecedentes, ha incurrido en dos actos ilegales y arbitrarios declarados por los tribunales superiores”, afirma la defensa. El primero ocurrió cuando la fiscalía intentó imputarle un cargo por un arma de fogueo encontrada en su casa, una acción que fue declarada ilegal por la Corte Suprema. El segundo fue la negación inicial a que Cheuquepan declarara de forma presencial, decisión que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Según el abogado, estas irregularidades se deben a la supuesta amistad entre una jueza y la víctima, Félix Molina Burgos, lo que pondría en tela de juicio la imparcialidad del tribunal. Debido a esto, piensa Oñate, la inhabilitación de la jueza es la clave para asegurar un proceso justo, ya que esta situación mantiene al werken en prisión preventiva, pese a la falta de pruebas directas en su contra.

A pesar de las victorias en instancias superiores, la situación procesal de Cheuquepan no ha sufrido mejoras. Marco Oñate concluyó señalando la frustración por la decisión reciente de la Corte Suprema, que rechazó un tercer recurso de amparo sin escuchar los argumentos de la defensa. Esto lo llevó a trazar un paralelismo con otros casos de figuras públicas como Manuel Monsalve o Jorge Valdivia, quienes, en situaciones similares y con la misma gravedad de penas, lograron salir de prisión preventiva tras ser escuchados por el máximo tribunal, a diferencia de Rubén Cheuquepan, atribuyéndolo a su origen racial.