El Gobierno de facto de Perú, encabezado por Dina Boluarte (en la foto), promulgó una ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa, acusados, investigados y condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto armado interno del país entre 1980 y 2000.
La ley fue impulsada por el ‘fujimorismo’ y generó críticas del Poder Judicial y la Fiscalía en el frente interno de Perú, mientras que en el exterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), había pedido suspender su aplicación, que considera además la liberación de personas mayores de 70 años condenadas por delitos de lesa humanidad en el citado periodo.
«Esta ley es simple y llanamente una traición a las víctimas», afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Para la entidad internacional, la ley «socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho en el país».
Desde HRW recordaron que, el 24 de julio, «la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Perú que se abstuviera de implementar el proyecto de ley hasta que la Corte analizara la compatibilidad de la amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de los abusos cometidos durante el conflicto armado».
Pero, a pesar de ello, «el 31 de julio, durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima, la presidenta Boluarte afirmó que su gobierno seguiría adelante con la ley, independientemente de la posición de la Corte», agregaron desde la ONG.
70 mil personas muertas y 20 mil desaparecidas
Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000 murieron en Perú aproximadamente 70.000 personas y más de 20.000 fueron desaparecidas.
Los tribunales han emitido sentencias definitivas en más de 150 casos y más de 600 siguen pendientes, según datos entregados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
«Durante el conflicto armado, las fuerzas de seguridad peruanas cometieron graves abusos, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y otras graves violaciones de derechos humanos», recordaron desde Human Rights Watch.
En la misma línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se manifestó «consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad».
«El derecho internacional, al que está obligado Perú, prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario», añadió el representante de la ONU.
En tanto, varios medios y gremios de Perú han alertado que con esta medida, el país se pone «al margen del derecho internacional».
Seguiremos informando.
El Ciudadano
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