«Pinochet usó el poder del Estado para apropiarse de fondos públicos»: Diputado Celedón sobre la herencia ilícita

Hace pocas semanas 7° Juzgado Civil de Santiago dictó una sentencia que marca un nuevo hito en la larga trama judicial en torno a la fortuna del dictador Augusto Pinochet. El tribunal falló a favor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó a los herederos del excomandante en jefe del Ejército restituir más de 16 millones de dólares al fisco, al concluir que dichos fondos provienen del enriquecimiento injustificado de recursos públicos durante su régimen.

El fallo incluye a 16 herederos, entre ellos su fallecida esposa Lucía Hiriart, y se produce casi siete años después del cierre del denominado Caso Riggs, que investigó el uso de cuentas secretas en el extranjero. Aunque Pinochet murió antes de ser juzgado penalmente, la justicia civil concluyó que existió un enriquecimiento injustificado por más de 17 millones de dólares, de los cuales más de 16 millones no han sido objeto de comiso y, por tanto, deben ser devueltos al Estado.

En conversación con El Ciudadano, el abogado de derechos humanos y actual diputado por la Región del Maule, Roberto Celedón, planteó que el fallo obliga a la familia de Pinochet a devolver más de 16 millones de dólares es de estricta justicia, porque se trata de un caso de enriquecimiento ilícito.

El parlamentario, quien fue preso político durante la dictadura y se ha destacado como defensor de numerosas víctima y parte activa en causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad, advirtió sobre los grandes desafíos que enfrente al país ante la presencia e influencia de sectores muy cercanos ideológicamente y políticamente a lo que fue el régimen de Pinochet.

– Usted fue defensor de derechos humanos durante los años más duros de la dictadura. Desde esa experiencia, ¿qué significado tiene para usted el fallo que obliga a la familia Pinochet a devolver más de 16 millones de dólares al Estado por enriquecimiento injustificado?.

Yo distinguiría dos cosas. Sin duda, Augusto Pinochet fue la figura central de toda la violación, la vulneración a los derechos humanos y al orden constitucional en Chile. Yo siempre recuerdo un diálogo que tuve en la cárcel con el abogado y ministro de minería del presidente Allende, Orlando Cantuarias, en una oportunidad en relación a una pregunta que le había formulado en cuanto a la previsibilidad de
lo que iba a ser el golpe de Estado en Chile. Yo tenía la certeza, la convicción de que ningún chileno habría imaginado el golpe de Estado en los términos que se produjo en Chile. Jamás en nuestra cultura estaba el tema de la vulneración sistemática a los derechos humanos, por el contrario, Orlando Cantuarias me contó una anécdota en la que el presidente Allende, el 11 de septiembre de 1973, en La Moneda, como no aparecía Augusto Pinochet entre las figuras del golpe, sino que más bien estaba sancionado en La Marina, el presidente se lamentaba y dijo, «pobre Augusto, ¿qué le estará pasando?« , porque él siempre se manifestó leal al poder legítimo, constitucional, como era la tradición de las Fuerzas Armadas en Chile, la sumisión al poder político.

Así que Pinochet expresa, tanto en el sentido jurídico como moral, lo peor, porque él traicionó una lealtad verbalizada por él en más de alguna ocasión y tanto es así que el propio presidente de la República creía que no estaba en la asonada golpista, que fue una cosa brutal y que duró 17 años bajo la égida, al final, de Pinochet. Entonces, lo importante de un punto de vista político fue la violación de todo el orden constitucional chileno, el someterse a decisiones que resultaron foráneas, como lo demuestra el informe de la Comisión Church del Senado norteamericano en diciembre de 1975.

En definitiva, el golpe de Estado fue impulsado por la CIA y por Estados Unidos en su momento., y toda la secuela que vino con posterioridad, tortura, muerte, ejecuciones, consejos de guerra, etc., etc., etc. La declaración de enemigo interno por parte de la dictadura en relación a los actores políticos de izquierda y a los actores sociales más relevantes, como eran los trabajadores, la juventud, campesinos, dirigentes poblacionales, etc.

Y esta cosa de lo que se ha hecho público en estos días pasados sobre la incautación respecto de bienes, de origen ilícito por parte de Pinochet, frutos de la malversación de fondos públicos por más de 16 millones de dólares, que hoy día el Séptimo Juzgado civil de Santiago condena a restituir al Estado de Chile este fraude cometido por Pinochet es la última dimensión conocida de este personaje, que es el usar el poder del Estado, el poder político, para apropiarse de fondos públicos a través de actos como el aprovechamiento de los fondos reservados de la Presidencia de la República, de la Comandancia en Jefe del Ejército, la Casa Militar, y más otros.

También cuando él en 1998 va a Inglaterra y donde el juez español (Baltasar Garzón) emite una orden de detención ante los tribunales ingleses, él iba a reclamar sumas de dinero con ocasión de haberle otorgado unos proyectos de orden militar a empresas de ese país, digamos, las comisiones que se le llamaban. Y todo esto fue motivo de un caso que se conoció como el «Caso Riggs», que era una cuenta corriente en un banco norteamericano, el banco Riggs, en que tenía cuenta secreta en Estados Unidos Augusto Pinochet, cosa que se puso en evidencia estando él vivo y se le siguió ya al final, poco antes de morir, se le siguió una persecución penal por el Caso Riggs, que se conoció a través de información a nivel internacional y pública al darse a conocer estas cuentas secretas que tenía en Estados Unidos.

En definitiva, esa suma mayor de 16 millones de dólares fue obtenida de manera ilícita y la familia no podía aprovecharse del dolo del causante para apropiarse ellos de esa suma que este sujeto le
sustrajo ilícitamente al Estado de Chile.

Curiosamente en ese momento para amplios sectores de derecha esta dimensión de Pinochet, que abusa de su poder político para enriquecerse de manera personal, familiar, era más reprochable que la violación a los derechos humanos. Aquí el prestigio en ese tiempo, en ese momento, el prestigio de Pinochet descendió respecto de los actores que compartió siempre el Estado, porque bien define el pueblo de Chile a la dictadura como una dictadura cívico-militar. Se usó el poder de las armas que pertenece al Estado de Chile en exclusividad a las Fuerzas Armadas en beneficio de un grupo extendido de civiles que profitaron y tuvieron desplazamiento de la dictadura militar, imponiendo un modelo económico y imponiendo un sistema político en definitiva antidemocrático.

Entonces el fallo que obliga a la familia de Pinochet a devolver más de 16 millones de dólares es de estricta justicia, porque es un enriquecimiento ilícito y no puede usted transmitir como herencia lo que ha adquirido dolosamente apropiándose de algo que no le pertenece, que jurídicamente no le pertenece.

Y así fue por lo demás considerado penalmente en la causa llamada también Caso Riggs respecto de Pinochet.

«Este fraude cometido por Pinochet es la última dimensión conocida de este personaje, que es el usar el poder del Estado, el poder político, para apropiarse de fondos públicos», afirmó el diputado Roberto Celedón.

 -Este fallo se da en el ámbito civil, no penal. ¿Qué le dice eso sobre los límites del sistema judicial chileno para abordar responsabilidades económicas de crímenes de Estado?.

Esto se supo no porque haya sido investigado en Chile, sino que se conoció a través de Estados Unidos.
Estados Unidos fue el que dio publicidad a las cuentas secretas de Pinochet en Estados Unidos., como también en Chile no se ha dado a publicidad suficiente el informe del Senado norteamericano sobre las acciones encubiertas de la CIA en Chile entre 1963 y 1973. Nunca en Chile ha sido investigado esto.
Toda una información extensa y documentada en cerca de mil o más de mil testimonios nunca ha sido investigado en Chile, el informe del Senado norteamericano, y que el 11 de septiembre del 2022 se conoció también que los organismos secretos de Australia apoyaron las acciones de la CIA en Chile hacia el año 73, porque su agentes eran muy conocido por los servicios de información de inteligencia en Chile. Entonces se encubrieron a través, según se conoció, el 11 desde Australia que ellos prestaron este servicio de apoyo a la CIA.

En Chile nunca se ha investigado esto. Lo que a mí me parece extraordinariamente grave, moralmente grave, jurídicamente grave, políticamente grave, el ocultar la verdad no permite que el pueblo tenga plena conciencia de la historia vivida y de la historia donde comienza tu historia y donde comienza la intervención de terceros interesados, políticas y económicamente para que fracase una experiencia que tenía dimensión internacional, como era la experiencia que presidía el presidente Allende de transición democrática al socialismo.

Entonces, nunca en Chile se ha investigado la información que nace y que está ahí, que está ahí, las direcciones que tuvo el golpe de Estado en Chile, digamos, que es instalar un modelo económico ultraliberal, y para ello la persecución de todos los actores políticos de izquierda y de las fuerzas sociales más representativas del pueblo de Chile en la época, que eran los dirigentes sindicales, poblacionales, campesinos también, y universitarios, y los jóvenes.

En Chile nunca hubo una investigación sobre todos los antecedentes que efectivamente daban luces respecto de una situación que jurídicamente linda con la traición a la Patria. No fue investigado por los tribunales del país, solo el Caso Riggs, que tenía una dimensión económica de sustracción de fondos públicos que el dictador depositaba en cuentas secretas en un banco norteamericano.

Pero toda la otra historia, que es la fundamental, no ha sido investigada, y eso es una falla de los actores políticos en Chile. Todos tienden a ocultar una verdad que está ahí, expuesta nada menos por el Senado norteamericano, a través del presidente de la comisión que investigó en el Senado del señor Church, sobre lo que realmente aconteció en Chile. Por lo tanto, aquí tenemos una omisión incomprensible de los principales actores de la sociedad chilena, que ni de manera judicial y no judicial, incluso académica o histórica, no se ha investigado, a pesar de los antecedentes de alta seriedad que se conocen en el mundo entero.

¿Quiénes fueron los que participaron?, ¿A quiénes se les dio dinero?, ¿Quiénes fueron los que prepararon el golpe de Estado?, son las personas que obedecen a una potencia extranjera, traicionando el orden jurídico nacional y el sistema político chileno. Eso es una cuestión que nunca en Chile se ha investigado con seriedad, a pesar de conocer antecedentes fidedignos a este respecto.

 -¿Debería el Congreso explorar otras formas legales de restitución o reparación patrimonial para casos similares al de la familia Pinochet?.

Hay una periodista que escribió sobre el enriquecimiento de grupos de civiles durante la dictadura, que fue María Olivia Mönckeberg. Ella, hace ya un par de décadas o poco más, escribió sobre esta materia, pero no se tocó. No fue un insumo que permitiese abrir tantas operaciones de aprovechamiento del Estado de Chile en un régimen dictatorial para beneficiar a unos pocos. Y en definitiva, en nombre de la privatización y de la deificación del derecho de propiedad, todo esto se le ha hecho tierra y no se investigó.

Planteárselo cuarenta años después o casi cuarenta años después de iniciado el proceso de transición, ¿a quiénes?, cuando la inmensa mayoría de los actores están fallecidos. Pero es una realidad que está, que había elementos suficientes y recuerdo el trabajo de María Olivia Mönckeberg que denunció la forma del enriquecimiento de los grupos económicos que emergieron durante la dictadura. Aquí hay un ocultamiento, había un ocultamiento sistemático y desconozco que sea hoy día posible investigar esta área distinta a la vulneración directa de los derechos humanos. Si se está en condiciones de judicializar algo que de un punto de vista jurídico ya es de extrema complejidad investigar. Además, que tal como pretende la familia alegar la prescripción respecto de los actos ilícitos por los cuales fue perseguido Pinochet, aquí alegarían respecto de situaciones de orden civil, lo alegarían de todas maneras.

El Congreso tiene facultades eventualmente para constituir comisiones especiales de investigación, pero su objeto es para enriquecer, modificar el orden jurídico interno, la legislación interna, más que investigar responsabilidades y he dicho que por las décadas que han pasado resultan muy difíciles de usar esos mecanismos que el Congreso tiene para dar luces a esto respecto.

-Se ha discutido poco sobre cómo esta fortuna se acumuló en red, a través de instituciones como CEMA Chile, Valmoval y otros mecanismos. ¿Cree que aún falta investigar más sobre los cómplices civiles y económicos de la dictadura? y de ser así ¿Cuál es la responsabilidad del Estado?.

Sin duda que la situación de la transición que tuvo Chile hacia la democracia, que fue con la derrota de Pinochet en el plebiscito de 5 de octubre de 1988, que dio lugar a la elección presidencial y que ese plebiscito dijo no más continuidad de Pinochet en el poder como Presidente de la República, pero Pinochet pasó de la Presidencia de la República a la comandancia en Jefe del Ejército hasta 1998 y se eligió a través de un sistema binominal el Congreso Nacional y parte del Senado estaba intervenido con los llamados senadores designados. Así que la transición a la democracia en Chile tenía demasiadas complejidades en la institucionalidad que se heredó de la dictadura.

Yo creo que desde un punto de vista de las responsabilidades de orden penal, la mayoría, centradas exclusivamente en personeros uniformados que dirigían los aparatos de seguridad, levemente a veces se ha extendido a quienes han ejercido responsabilidades de orden general, y por lo tanto muy singularizado, no por responsabilidades de orden general. Entonces, aquí respecto a los cómplices civiles y económicos de la dictadura, nunca ha habido persecución y los cuestionamientos de las actuaciones de estas personas, que fueron de alguna manera son los que profitaron más directamente de la dictadura militar, grupos económicos y civiles en el poder político, digamos, fuera del juzgamiento general, en el debate público, en la toma de posición respecto de la dictadura, en definitiva, en Chile se optó, quizás por las dificultades de la transición, de no hacer enjuiciamientos de orden judicial, sea penal o civil, a este grupo de beneficiarios, entre comillas, de la dictadura.

Se ha construido la transición con ese enorme bache en que se ha convivido entre actores que fueron impulsores o usufructuaron del mal causado por la dictadura, con los perseguidos por parte de ésta, porque la dictadura no fue completamente vencida, fue políticamente vencida, que permitió el inicio de un proceso de transición con muchos vacíos.

Lamentablemente se siguió una línea en que se privilegió el acuerdo, la transacción a lo que fue un actor muy relevante en la lucha contra la dictadura, que fue un pueblo movilizado, consciente. Entonces, hubo costos de la transición que, al menos en el campo público, los que se usufructuaron de la dictadura en beneficio propio o de sus propios grupos, no tuvo mayor costo social o político, sin duda nada excluye la responsabilidad moral que tienen esos actores, y esa responsabilidad la arrastrarán por siempre, mientras no den cuenta ellos de sus propios actos y de la ilicitud de esos actos que los favorecieron.

Esa es una realidad que el pueblo de Chile ha tratado de confrontarse, pero esto explica en parte importante lo que fue la movilización de octubre del 2019, lo que se llamó el estallido social, pero lamentablemente también han sido de alguna manera oprimidos todos.

-¿Cree que las nuevas generaciones comprenden la dimensión patrimonial del régimen dictatorial? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad para visibilizar estos aspectos menos abordados de la memoria histórica?.

Como decía, el estallido social, su fuerza y horizontalidad, la potencia que tuvo a nivel nacional todo el estallido social, tiene que ver mucho con estos defectos de la transición chilena, de esta insuficiencia de la transición chilena de la democracia, y las realidades están ahí, y en ese sentido es muy relevante construir una unidad política y social que permita ofrecer un camino con cierta certeza de que vaya progresivamente, pero en clara dirección, con una clara dirección, de construir una sociedad justa, libertaria.

Tenemos todavía demasiada, demasiada carencia, como por ejemplo la libertad de prensa, la libertad de información. Chile está completamente acotada, extremadamente limitada, hay demasiadas carencias que solo con el esfuerzo de que hoy día se está realizando de la unidad social y política del pueblo de Chile, de todas las fuerzas democráticas, pueden abrir un camino que nos podamos hacer cargo de toda la historia, para que nunca más se repita.

Pero tenemos al frente también a un adversario político que es muy cercano ideológicamente y políticamente a lo que fue la dictadura. Tenemos grandes desafíos hoy, y por primera vez hoy día se construyen bases de entendimiento orgánico que suma, por decirlo así, desde la democracia, al Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio y pasando por el socialismo democrático.

Esa unidad por la que muchos chilenos lucharon solo se produce 35 años después del inicio de la transición, a pesar que en la lucha contra la dictadura hubo cierta coordinación entre los actores políticos que lucharon por la democracia y los derechos humanos, pero después no se materializó con la concertación.

Yo creo que en estos temas, quizás hoy día por primera vez tenemos una posibilidad de marchar con mucha fuerza a cambiar progresivamente las situaciones de injusticia que se viven, de vulneración de los derechos humanos y sociales y económicos del pueblo de Chile para para reencontrar con nuestra historia, con lo que el cardenal Raúl Silva Henríquez llamó el alma de Chile, y construir efectivamente un país de hermanos y terminar con toda la odiosidad que instaló la dictadura con el concepto del enemigo interno, donde la izquierda y los actores sociales eran los enemigos internos. Una forma de descalificación que hoy día por primera vez los actores políticos, con todas las restricciones que se tienen, han sido capaces de construir.

Así que hay un soplo de esperanza relevante.

«Tenemos un enemigo político bastante fuerte todavía, en que se alimentan de la dictadura, que no es un pasado a superar, sino que para ellos es un pasado a recuperar, para continuar las formas de dominación contra la inmensa mayoría de los chilenos», afirmó el parlamentario en conversación con El Ciudadano.

-¿Usted considera el reciente fallo como una forma de reparación simbólica o aún insuficiente ante el daño causado por la dictadura y Pinochet?.

El mal causado tiene una profundidad muy grande, interrumpió nuestra historia, nuestra identidad como país. En Chile en ese tiempo se unieron dos conceptos, la revolución en libertad y transición democrática al socialismo.

El concepto de anticapitalismo y antiimperialismo era una conciencia muy extendida en la sociedad chilena. Libres e independientes, emanciparse, había que emanciparse de las opresiones existentes.
Había que transformar la sociedad, creer en nuestro propio pueblo. La dictadura implantó un modelo económico que en definitiva es una nueva colonización, ya no de la colonia española, propiamente, sino una nueva forma colonialista en la verificación del poder económico en lo central. Hoy día debemos iniciar un camino de recuperación de nuestra identidad como país. Y yo siento que hoy día hay y ojalá que se materialice con fuerza, pero tenemos por primera vez una unidad, por la cual con todo respeto el que habla y muchos como él que lucharon tanto, una unidad sin exclusiones de todos los actores democráticos que han luchado por los derechos humanos, que han luchado por una sociedad libre de opresiones.

Hoy día tenemos esa posibilidad, pero tenemos un enemigo político bastante fuerte todavía, en que se alimentan de la dictadura, que no es un pasado a superar, sino que para ellos es un pasado a recuperar, para continuar las formas de dominación contra la inmensa mayoría de los chilenos.

No es por nada, y con todo respeto lo digo, pero quienes representan a la derecha chilena hoy día, son tres chilenos de origen alemán, y uno descendiente directamente de nazis. Y tienen adhesión expresa hacia la dictadura, a la minusvaloración del tema de los derechos humanos, etcétera. Entonces, a eso nos enfrentamos, pero esa derecha está representada internacionalmente por Trump, Milei, Bolsonaro y Bukele, esas son las expresiones, y son expresiones de un punto de vista político, cultural, moral, de la más baja catadura que yo he conocido en mi vida.

Entonces, tenemos grandes desafíos, yo creo que es posible, pero luchando con consecuencia, con convicción, de que unidos, podemos recuperar nuestra historia y el alma de nuestro pueblo, que nos dio identidad en esta comunidad latinoamericana, que es nuestro asentamiento.