Por Brad Blankenship

Por cualquier lectura honesta de los hechos, Estados Unidos enfrenta ahora un patrón arraigado y en escalada de terrorismo habilitado por el Estado — donde actores violentos son envalentonados, respaldados o directamente asistidos por figuras políticas y aparatos gubernamentales para aterrorizar a opositores, obstruir procesos democráticos y hacer cumplir la conformidad ideológica mediante el miedo.
El punto no es simplemente que extremistas estén atacando a figuras políticas — eso ha ocurrido a lo largo de la historia. El punto es que el clima político, la retórica y, en ocasiones, acciones legales o procedimentales directas del propio Estado están creando las condiciones para estos ataques, o en algunos casos actuando como un ala de facto de la campaña de intimidación.
Hechos recientes dejan esta realidad al descubierto.
Los asesinatos políticos en Minnesota
El 14 de junio, la representante estatal de Minnesota, Melissa Hortman — presidenta de la Cámara estatal — y su esposo fueron asesinados en su hogar. Horas antes, el senador estatal John Hoffman y su esposa fueron baleados múltiples veces.
El sospechoso, Vance Luther Boelter, se hizo pasar por policía, utilizó un vehículo similar a una patrulla, portó un disfraz realista de silicona y llevaba una lista con casi 70 objetivos: proveedores de abortos, defensores del derecho a decidir y funcionarios demócratas en varios estados.
Esto no fue un ataque aleatorio. Los fiscales federales afirman que Boelter actuó “con la intención de matar, herir, acosar e intimidar a legisladores de Minnesota”. Sus motivos eran profundamente políticos — alineados con la oposición radical de derecha al aborto y al gobierno demócrata.
Pero el detalle más revelador no es solo el ataque — es lo que pasó después. El ecosistema mediático de la derecha se apresuró inmediatamente a distorsionar los hechos, afirmando falsamente que Boelter era un aliado izquierdista del gobernador Tim Walz. Funcionarios electos amplificaron estas mentiras, usando el asesinato con fines partidistas.
¿El efecto? No simplemente desinformación — sino una reafirmación para posibles imitadores de que la realidad será moldeada para servir a la causa. Incluso la verdad de un asesinato político será torcida a voluntad del movimiento.
La amenaza de bomba en Illinois contra Demócratas de Texas
Semanas después, miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Texas —que estaban en Illinois para romper el quórum frente a un plan extremo de redistribución de distritos impulsado por el Partido Republicano— enfrentaron una amenaza de bomba en su hotel. La evacuación fue real. El peligro fue real.
¿La causa? Un clima en el que altos funcionarios de Texas habían llamado abiertamente a que estos legisladores fueran “cazados”.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, publicó que “debemos usar todas las herramientas a nuestro alcance para cazar a quienes creen estar por encima de la ley”. Los miembros afirman que han enfrentado una corriente constante de amenazas de Paxton, del gobernador Greg Abbott y de sus colegas republicanos — retórica que “envalentona a los actores violentos y fomenta la violencia”, como lo expresó la representante Ann Johnson.
Esto no es simplemente “política acalorada”. Cuando líderes con autoridad estatal le dicen al público que los opositores son presas a ser cazadas, es una invitación directa al terrorismo estocástico — violencia que es estadísticamente predecible, aunque individualmente impredecible, porque se cultiva con un bombardeo constante de deshumanización y llamados a la acción.
La criminalización de la ruptura de quórum y la intervención del FBI
La intimidación no se detuvo en las palabras. Paxton y el presidente de la Cámara de Texas, Dustin Burrows, llegaron al extremo de presentar una solicitud en un tribunal de Illinois para hacer cumplir órdenes de arresto civil contra los legisladores — órdenes que son legalmente inaplicables fuera de Texas.
El gobernador Abbott pidió a la Corte Suprema de Texas expulsar por completo al presidente del Caucus Demócrata de la Cámara. Y en un paso extraordinario y profundamente alarmante, el senador estadounidense John Cornyn anunció que el FBI había aceptado “ayudar” a los republicanos de Texas a localizar a estos legisladores — un uso sin precedentes de recursos federales de aplicación de la ley para perseguir a la oposición política que participaba en una táctica de protesta legal e histórica.
Por Brad Blankenship
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