En septiembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, actualizó su biografía en la red social X (en ese entonces Twitter) para describirse como el «dictador más cool del mundo mundial», casi cuatro años después la frase cobra más sentido cuando el mandatario de extrema derecha se encuentra en el centro de la polémica tras la aprobación exprés de una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida.
Un escenario que ha generado fuertes reacciones y alarma tanto dentro como fuera del país centroamericano por considerarse un atentado contra la democracia y una forma de perpetuarse en el poder.
La medida se aprobó en una reforma de varios artículos de la Constitución, con los 57 votos a favor de todos los diputados oficialistas y los tres votos en contra de los únicos opositores, y contempla también ampliar el periodo presidencial de cinco a seis años, y anular la segunda vuelta electoral, como estipulaba la Constitución salvadoreña hasta ahora.
La medida fue impulsada por su partido, Nuevas Ideas (NI), y aprobada el pasado 31 de julio por la Asamblea Legislativa, en un trámite exprés, sin consulta ni debate; con los 57 votos a favor de todos los diputados oficialistas y apenas tres votos en contra de los únicos opositores.
«Históricamente, la reelección ha estado permitida en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones en particular» y «la única excepción hasta el momento ha sido la Presidencia», dijo la diputada Ana Figueroa de NI al presentar la iniciativa.
Añadió que los salvadoreños «van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público e incluyen
Sin discusión previa, parlamentarios acordaron modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna.
Entre los cambios clave figuran la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y el ajuste del calendario para que el próximo período concluya en 2027 en lugar de 2029, sincronizándose con los comicios legislativos y municipales.
De este modo, se eliminó la prohibición a la reelección inmediata, se amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, se eliminó la segunda vuelta electoral y se sincronizaron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Además, se recortó el periodo presidencial actual, haciendo que finalice en 2027 en lugar de 2029, de tal modo que pueda coincidir con el nuevo calendario electoral.
“Ha muerto la democracia en El Salvador”
Organizaciones de derechos humanos y voces opositoras calificaron esta decisión como un «golpe mortal» y decisivo a la frágil democracia del país centroamericano y una «manipulación» a la Constitución para favorecer las ambiciones de poder de Bukele.
Una de las críticas más contundentes provino de Cristosal, organización humanitaria que, desde su exilio en Guatemala, alertó que la reelección indefinida representa » el tiro de gracia a la democracia salvadoreña».
En un comunicado, la ONG denunció que estas reformas fueron impuestas “sin previo aviso, sin debate y de espaldas al pueblo”, subrayando que lejos de devolver el poder al pueblo, “se lo entrega sin límites a la familia del gobernante”. Además, advirtieron que, sin contrapesos institucionales, el régimen se encamina hacia una perpetuidad autoritaria.
En mayo pasado, la jefa anticorrupción de Cristosal, la abogada Ruth López, fue detenida por supuesto enriquecimiento ilícito en una cuestionada acusación de la Fiscalía, considerada como represalia política.
The Economist, calificó a López como la primera presa política del país centroamericano.
Por su lado, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condenó la «flagrante manipulación de la Constitución de El Salvador» que le «otorga a Bukele reelecciones ilimitadas».
«A esto conducen inevitablemente años de manipulación constitucional gradual: al desmantelamiento de la propia democracia», agregó WOLA en un mensaje publicado en X.
«Lamentablemente la historia de América Latina está llena de ejemplos de gobernantes populares que usan su popularidad para desmantelar la Constitución y concentrar el poder», declaró a la agencia AFP el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.
El Salvador va «camino a una dictadura» por el «desmantelamiento de la Constitución», advirtió Pappier.
Mientras que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, consideró que «es necesario consultar al pueblo» sobre una reforma constitucional de este tipo «porque esto significa un cambio grande en el sistema democrático».
La diputada Marcela Villatoro (ARENA) expresó su contundente rechazo a la reelección indefinida.
“Hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, afirmó en declaraciones a la prensa en las que denunció que la reforma “fue aprobada sin consulta, de forma burda y cínica”.
Además, acusó al oficialismo de concentrar el poder político en el ·Ejecutivo: “Se quitaron las máscaras”, subrayó.
La dirigente opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, también criticó la reforma como “un abuso de poder y una caricatura de la democracia”.
La parlamentaria presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra de las recientes reformas a la carta magna aprobadas en el Congreso, que a su juicio violentan la Constitución del país centroamericano.
“Habilitar la reelección indefinida de la Presidencia de la República violenta uno de los principios más importantes de la Constitución, y es que tiene que haber alternancia en el ejercicio del poder en el Ejecutivo… eso es parte esencial y fundamental de nuestro sistema de gobierno”, señaló.
Durante la jornada del miércoles 20 agosto, los integrantes del Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIZ) presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otra demanda de inconstitucionalidad contra la reforma que habilita la reelección presidencial indefinida.
En declaraciones a la prensa, el dirigente de la agrupación, Walter Raudales, indicó que con esta acción buscan poner a prueba el sistema judicial salvadoreño y llamó a otros movimientos sociales a sumarse a estas acciones ante la Corte Suprema.
«Los ciudadanos atendemos el llamado que la misma Constitución nos da para tratar de defenderla cuando intentan destruirla», sostuvo y apuntó que esperan que «los magistrados de verdad apliquen justicia y revisen a conciencia esto».
Bukele defiende reelección indefinida y dice que critican a El Salvador por ser pobre
Ante la ola de críticas de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, Bukele publicó en un mensaje compartido en la red social X que «el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta».
«Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia», ironizó el mandatario,
«Por supuesto, se apresurarán a señalar que ‘un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial’, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, eso no es más que un pretexto», agregó en el mensaje, escrito en inglés.
«Porque el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen. Se supone que debes hacer lo que te dicen. Y se espera que te mantengas en tu carril», añadió.
Candado a la democracia en nombre de la seguridad
Bukele fue elegido en 2019 y reelegido en 2024 con más del 82% de los votos pese que a la Constitución lo prohibía. ya que en 2021, la Corte Suprema de mayoría oficialista le permitió a presentarse a la reelección solo si dejaba su cargo seis meses antes de comenzar un segundo periodo. En diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la solicitud del mandatario de un permiso para hacerlo.
Con la nueva reforma aprobada por los diputados del oficialismo entonces, Bukele queda habilitado para buscar un tercer mandato, lo que contradice sus declaraciones de enero de 2024 cuando aseguró que no buscaba una reelección indefinida y que “solo estoy autorizado para correr por un segundo período”.
“Actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida, ni tampoco la estoy buscando, la norma actual no lo permite y tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso”, afirmó en esa ocasión al ser consultado sobre este tema durante un espacio en la red social denominado “Hablemos de lo que no hablan los medio”, en el que respondió preguntas de cibernautas de diferentes nacionalidades.
Bukele llegó al poder en 2019 promoviendo la imagen de un líder carismático y ajeno a los partidos tradicionales del país., con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la delincuencia y la promesa de un Gobierno eficiente con énfasis en la garantía de seguridad. Sin embargo, conforme avanzó su gobierno, crecieron las preocupaciones acerca de la concentración de poder y las decisiones que alteraron el equilibrio institucional.
En febrero de 2020, flanqueado por soldados fuertemente armados irrumpió en el Congreso para exigir un préstamo de 109 millones de dólares destinado a su “guerra” contra las pandillas. Posteriormente en 2021, logró que su partido ganara la mayoría en el Congreso y avanzó sobre el Poder Judicial, reemplazando a magistrados y fiscales independientes que se le oponían por otros leales y al servicio de su gestión.
Estado de excepción y violaciones a los DD.HH.
. Sin embargo, en marzo de 2022 el mandatario salvadoreño ordenó una de sus medidas más polémicas, el “estado de excepción” para «combatir» a las pandillas, el cual ha sido renovado hasta la fecha 41 veces por la Asamblea Legislativa, restringiendo derechos y libertades y generando cuestionamientos sobre la vigencia de las garantías constitucionales.
En concreto, suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier tipo y amplía el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.
Este creciente control del poder le ha permitido a Bukele presumir que ha cumplido la promesa de llevar la paz a las calles de El Salvador.
“El país se curó de las pandillas”, llegó a decir al jurar para un segundo mandato. Sin embargo, los expertos advierten que las medidas aplicadas por su gestión tienen un alto costo social y judicial, ya que derechos constitucionales, como el debido proceso, han sido suspendidos bajo el estado de emergencia, lo que ha provocado un aumento masivo del encarcelamiento y la protesta de los grupos de derechos humanos.
Desde que comenzó el régimen de excepción, hace más de 3 años, se estima que más de 85 mil personas han sido arrestadas.
En la actualidad, El Salvador registra la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, a lo que se suma el hecho de que una gran cantidad de los que están tras las rejas no han recibido una sentencia y muchos otros enfrentan procesos masivos, con cientos de acusados en un solo juicio.
El Decreto 803 del Código Penal de la Asamblea Legislativa le otorga facultad a la Fiscalía General de la República (FGR) a agrupar a los acusados pertenecientes a una misma estructura criminal en un solo proceso penal. Asimismo, establece un plazo de 24 meses para iniciar los procedimientos judiciales de las personas detenidas por el régimen.
La población carcelaria actual en El Salvador asciende a 115.605 personas, lo que genera una tasa de 1.824 privados de libertad por cada 100.000 habitantes (alrededor del 2% de la población).
«Hay distintos datos que reflejan que, hoy por hoy, El Salvador tiene la tasa de personas privadas de la libertad más alta en el mundo» y «eso representa que el 2,6 % del total de la población adulta se encuentra privada de la libertad», afirmó la directora del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (Idhuca), Gabriela Santos, durante la presentación de un informe en San Salvador en marzo pasado.
“Prácticamente, están encarcelados los hombres jóvenes”, indicó la investigadora, al analizar el impacto de las actuales políticas de seguridad del gobierno de Bukele.
“El hecho de que esta sea la política pública por excelencia en materia de seguridad deja mucho que desear”, agregó Santos, al referirse a los efectos del régimen de excepción instaurado para combatir a las pandillas desde marzo de 2022.
En la misma línea, un informe del Banco Mundial sobre crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe publicado en abril, sacó a la luz que solo el 23 % de las personas privadas de libertad en El Salvador han recibido una sentencia judicial, mientras que el 77 % restante permanece en detención provisional, y esperan un veredicto que determine su culpabilidad o inocencia
El documento advirtió que este elevado número de encarcelamientos no siempre se traduce en una reducción efectiva del crimen, lo que pone en evidencia la necesidad de revisar las políticas de justicia penal.
Además, señaló que la elevada proporción de prisioneros sin sentencia refleja fallas en el sistema judicial, el cual enfrenta retos en términos de debido proceso, hacinamiento y condiciones carcelarias.
Por su parte, la abogada Ingrid Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico denunció la semana pasada que más de 430 personas que han muerto en las cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele, estaban detenidas sin condenas ni juicios.
En una entrevista telefónica concedida a la agencia EFE la profesional planteó que el mandatario de extrema derecha está incurriendo en “una grave violación de los derechos humanos” y además “resta importancia” a las muertes, “las justifica” argumentando que “en las cárceles siempre ha habido personas que mueren”.
La organización Socorro Jurídico registró el pasado 11 de agosto la muerte del privado de libertad número 433 y aseguró que 94% de las personas fallecidas en las prisiones “no tenían perfil de pandilleros, murieron bajo tutela del Estado y en total impunidad”.
Ese saldo mortal “se traduce en una grave violación a los derechos humanos” planteó Escobar, destacando que de los casi 90.000 detenidos durante el régimen de excepción, unos “40.000 son inocentes y de esos tenemos más de 400 fallecidos que no tuvieron derecho a una segunda audiencia porque o los mataron los custodios (los guardias de las prisiones) o los dejaron morir de inanición, enfermedades no tratadas, entre otras causas”, una situación que denunciaron ante la Corte Penal Internacional.
«Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos –como el de la violencia y la criminalidad–, de manera aparentemente sencilla. Sin embargo, no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal», alertó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Ante este alarmante escenario, a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó elpasasdo 14 de agosto al Estado de El Salvador a «adoptar las medidas pertinentes» para la terminación de un régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, por su «indebida aplicación» en casos no relacionados con el crimen organizado.
«La CIDH reitera su preocupación por la prolongación indefinida y la indebida aplicación del régimen de excepción en El Salvador luego de más de 3 años de vigencia; e insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para su terminación», indicó el organismo en un comunicado.
La Comisión señaló que también le preocupa «que disposiciones del régimen de excepción y otras medidas para la lucha contra la criminalidad organizada estén siendo aplicadas a situaciones que no guardan relación con los motivos alegados por el Estado para su implementación».
La cara oculta de las megacárceles de Bukele
Lo más publicitado del denominado “modelo Bukele” son sus megacárceles de máxima seguridad, en teoría destinadas a los pandilleros más peligrosos y violentos de El Salvador.
El más conocido de estos recintos es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que fue inaugurado en febrero de 2023, bajo la promesa de Bukele de llevar hasta sus celdas a “lo peor de lo peor”, pandilleros a los que considera como “terroristas”.
La cadena perpetua y la pena capital están prohibidas en El Salvador, pero algunos reclusos de este penal han sido condenados a penas que ascienden a cientos de años, por lo que nunca saldrán vivos.
Con capacidad para 40 mil reos, la prisión ubicada a 75 kilómetros de San Salvador, en Tecoluca, se dio a conocer por las fotos de sus reclusos hacinados y con la cabeza rapada. En la actualidad cuenta con un edificio destinado al confinamiento, más una instalación para los perros guardianes, otra para los guardias y un estricto control de acceso con escáneres.
Está rodeada de varios anillos de seguridad, que incluyen una cerca electrificada con 15.000 voltios. Unos 1.000 custodios y 250 policías controlan cada movimiento dentro del laberinto de concreto, hierro, asfalto y acero, a través de 19 torres de vigilancia.
El edificio donde se aloja a los detenidos tiene capacidad para unos 40.000 presos, distribuidos en ocho instalaciones, con celdas de concreto comunitarias, cerradas con gruesos barrotes de acero reforzado, Los reclusos son confinados en celdas comunes con capacidad para 100 personas, duermen en literas metálicas sin colchones ni sábanas y los inodoros no garantizan privacidad.
El recinto no cuenta con ningún tipo de patio, área de visita, gimnasio o espacio común: incluso, los presos comen en sus celdas, que comparten con otro. La comida se pasa a través de los barrotes y jamás incluye carne
La cotidianidad consiste en un confinamiento absoluto con recesos de hasta 30 minutos diarios frente a las celdas para ejercitarse. Según CNN, las luces de las celdas permanecen encendidas las 24 horas del día, los siete días de la semana y está prohibida la recreación al aire libre, visitas o llamadas.
Se alimentan con 450 gramos del mismo menú todos los días, el cual consta de frijoles, pasta y dos tortillas, sin cubiertos, además de café o una bebida azucarada. Tres veces a la semana consumen un huevo duro y, ocasionalmente, un pan dulce.
El recinto cuenta con celdas de confinamiento solitario, totalmente oscuras con excepción de un pequeño orificio en el techo, las cuales están destinadas para aquellos presos que cometan “ofensas graves” contra el personal o contra otros reos.
Medios salvadoreños han alertado sobre la existencia de cuatro anillos de vigilancia, un espacio al cual estaría estrictamente prohibido acercarse, ya que cualquier reo que se aproxime a ese perímetro podría ser abatido de un disparo.
El Gobierno de Bukele ha presentado al Cecot como un pilar clave en la reducción de la violencia en El Salvador. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, tanto salvadoreñas como internacionales, han expresado su preocupación por las condiciones dentro del penal y la falta de transparencia sobre construcción y su funcionamiento.
La abogada Dina Martínez, directora del área de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), planteó que el recinto «no ha contribuido a resolver los problemas estructurales del sistema penitenciario», como el hacinamiento y los tratos crueles e inhumanos en otras cárceles del país.
Martínez subrayó que el acceso a la prisión ha sido extremadamente limitado y que únicamente
influencers y creadores de contenido extranjeros han podido visitarla, mostrando únicamente una perspectiva positiva del recinto penitenciario.
“El acceso a las instalaciones ha sido limitado, solo algunos creadores de contenido extranjeros han podido ingresar para destacar los aspectos positivos, pero no hay verificación independiente”, señaló la abogada a la agencia EFE.
«La falta de información oficial impide conocer cuántas personas están realmente recluidas y cuál es su situación judicial, es decir, si han sido procesadas, condenadas o si aún esperan un proceso penal», denunció Martínez.
De hecho, el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de Naciones Unidas (ONU) ha señalado el riesgo de que el Cecot incurra en la tortura o malos tratos hacia las personas detenidas; mientras que Human Rights Watch accedió a datos confidenciales de la cárcel, en los que se refleja un notable número de violaciones a las personas privadas de su libertad, incluidos adolescentes.
En un acuerdo poco transparente y en un acto para congraciarse, Bukele ofreció al presidente de Estado Unidos (EE.UU.), Donald Trump encarcelar migrantes deportados, incluidos ciudadanos del país norteamericano. Washington transfirió a El Salvador cientos de venezolanos —algunos vinculados al Tren de Aragua y otros tantos por “error”— utilizando una vieja ley del siglo XVIII, y pagó seis millones de dólares para que fuesen encarcelados en el Cecot.
Recientemente, ocho migrantes venezolanos entrevistados por BBC News Mundo reconstruyeron lo que ocurrió durante los cuatro meses que estuvieron detenidos en el penal salvadoreño, tras ser deportados de EE.UU. por la administración Trump.
Los testimonios recogidos tras su retorno a Venezuela describen esas 16 semanas de reclusión marcadas por torturas físicas, aislamiento extremo y tratos inhumanos. , las cuales sintetizaron en una frese: “Golpes de desayuno, almuerzo y cena”.
Durante al menos cuatro meses, los venezolanos estuvieron incomunicados con sus familias, sin acceso a agua potable en condiciones adecuadas, ni colchones para dormir. Según relataron, las golpizas eran constantes y el deterioro psicológico los llevó a realizar huelgas de hambre y de sangre, sin que ninguna autoridad respondiera a sus reclamos.
Uno de los migrantes repatriados denunció haber recibido un disparo en el rostro dentro del penal, mientras que otros aseguraron haber sido víctimas de maltrato psicológico y negligencia médica.
“Nos daban agua en malas condiciones, no sabíamos si estaba contaminada. Muchos se enfermaron”, explicó uno de los afectados, citado por El Universal.
En su testimonio, varios coincidieron en que, cuando el penal recibía visitas de organismos internacionales como la Cruz Roja, el trato hacia los internos cambiaba de un momento a otro. “Antes de que entraran, organizaban todo. Pero apenas se iban, nos quitaban lo poco que nos habían dado”, indicó unos de los migrantes en referencia a insumos básicos y artículos personales.
La instalación de megacárceles no representa la realidad carcelaria del país centroamericano, ya que un informe del Servicio Social Pasionista (SSPAS) reportó un nivel de hacinamiento carcelario de 300% en el resto de las instalaciones, y más de 6.889 víctimas de vulneraciones.
Bukele minimiza los DD.HH.: «Me tiene sin cuidado que me llamen dictador»
El declaraciones recientes, Nayib Bukele, ha reconocido que le tiene sin cuidado que le llamen «dictador» y que la democracia, la transparencia, los derechos humanos y el Estado de derecho «son términos» que en la realidad se usan para mantener sometidas a las personas.
«Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho, suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en realidad solo se usan para mantenernos sometidos», afirmó en junio pasado durante su discurso por el primer año de su segundo mandato consecutivo, en una sesión solemne de la Asamblea Legislativa desarrollada en el Teatro Nacional en San Salvador.
El mandatario aseguro además que le «tiene sin cuidado» que le llamen «dictador» y que prefiere eso «a ver cómo matan a los salvadoreños».
«En lo personal me ha dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños, hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? me tiene sin cuidado que me llamen dictador», aseguró.
Mientras Bukele presume de haber pacificado el país, consolidado el control territorial y restituido la seguridad, su gobierno avanza sin control sobre las instituciones del Estado para concentrar el poder, criminaliza la disidencia, y fortalece un régimen que cada vez se parece menos a una democracia.
La pregunta que queda en el aire es si la popularidad circunstancial —alimentada en gran parte por el éxito de su “guerra” contra las pandillas y la baja de la criminalidad— justifica el desmantelamientos de los contrapesos democráticos.
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