Oposición desafía reforma exprés que busca eternizar a Bukele: buscan “poner a prueba al sistema”

El Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS) presentó ante la Sala de lo Constitucional una demanda para que se declare inconstitucional la reforma a la Carta Magna, aprobada de forma exprés el pasado 31 de julio por la Asamblea Legislativa, que permite la reelección presidencial indefinida del actual mandatario, Nayib Bukele.

Un escenario que ha generado fuertes reacciones y alarma tanto dentro como fuera del país centroamericano por considerarse un atentado contra la democracia y una forma de perpetuarse en el poder.

La medida, impulsada por su partido, Nuevas Ideas (NI), se aprobó en una reforma de varios artículos de la Constitución, con los 57 votos a favor de todos los diputados oficialistas y los tres votos en contra de los únicos opositores.

Para llevar a acabo este proceso, el oficialismo realizó dos plenarias en un solo día y, en menos de seis horas, se dio por aprobadas las modificaciones de los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna las disposiciones, sin discusión, análisis ni consulta ciudadana.p

Entre los cambios clave figuran la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y el ajuste del calendario para que el próximo período concluya en 2027 en lugar de 2029, sincronizándose con los comicios legislativos y municipales.

De este modo, se eliminó la prohibición a la reelección inmediata, se amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, se eliminó la segunda vuelta electoral y se sincronizaron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Además, se recortó el periodo presidencial actual, haciendo que finalice en 2027 en lugar de 2029, de tal modo que pueda coincidir con el nuevo calendario electoral.

La demanda presentada esta semana por el MIS es la tercera acción legal de este tipo y confronta directamente la legitimidad de los magistrados actuales, nombrados por el oficialismo. La primera la ingresó hace dos semanas la diputada Claudia Ortiz (Vamos), quien también acompañó la demanda del MIS mientras que la segunda fue interpuesta por el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT).

La acción judicial del MIS no solo busca anular los cambios que allanan el camino para la reelección inmediata y continua del presidente Nayib Bukele, sino que pretende, de manera explícita, “poner a prueba” la independencia de un sistema judicial controlado por el mismo partido en el poder».

De este modo, los magistrados que deberán conocer la demanda fueron nombrados por el partido oficial, tras la destitución ilegal de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021.

“Al poner a prueba al sistema judicial estamos diciéndole que los ciudadanos atendemos el llamado que la Constitución nos da para defenderla cuando intentan destruirla que es lo que ha pasado”, señaló Walter Raudales, representante del MIS.

En una conferencia de prensa, en las que estuvo rodeado de otros miembros de su movimiento y de Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, planteó que la estrategia tiene un doble filo. Por un lado, se busca la anulación jurídica de las reformas por vicios de forma y fondo. Por el otro, y quizás más significativo, se intenta forzar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a que se pronuncien sobre una reforma que beneficia directamente al partido que los nombró tras la polémica destitución de los magistrados anteriores hace más de 4 años, un acto calificado por expertos internacionales como un “quiebre constitucional”.

“Esperamos que los magistrados de verdad apliquen justicia y revisen a conciencia esto”, afirmó Raudales, quien también defendió al MIS de las críticas que han señalado que recurrir a la Sala de lo Constitucional implica “validar” el nombramiento ilegítimo de los jueces que la conforman.

“Hay que tocarles la conciencia y argumentarles. Si nos quedamos callados, esa mentira queda, pero la gente tiene que saber que estos magistrados fueron impuestos, pero que también hay personas que pueden hacer la diferencia”, argumentó.

Este planteamiento fue respaldado por la diputada Claudia Ortiz (Vamos), quien selñaló que: “el derecho (de presentar recursos o demandas) no muere porque haya nombramientos ilegítimos de jueces o magistrados”.

La parlamentaria recordó que, en el escrito con el cual la Sala de lo Constitucional habilitó que Nayib Bukele pudiera inscribirse como candidato a la Presidencia en 2024, los magistrados sentaron la base para las demandas presentadas contra las reformas al establecer: “Ilegítimo sería promover la continuidad del presidente o una reelección más allá de 10 años, es decir, de dos períodos”.

“Dijeron que no era posible un tercer mandato. Ahí hay criterios, y será importante si se contradicen o si nos dan la razón”, señaló, citada por NODAL.