Las diputadas del Frente Amplio, Camila Rojas y Javiera Morales, ingresaron un requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara en contra de sus colegas de la UDI Gustavo Benavente, Felipe Donoso, Natalia Romero y Hotuiti Teao.
Esto, luego de que los mencionados parlamentarios oficiaran a más de 300 organismos del Estado para solicitar información sobre contratos con Natalia Valdebenito, posterior a la viralización de una frase editada y sacada de contexto que la comediante hizo en uno de sus shows, en la que se refirió a la reciente tragedia de los mineros de El Teniente, situación por la que luego se disculpó públicamente.
En su requerimiento, las diputadas Rojas y Morales solicitan que se aplique la sanción más alta, que corresponde a la censura y una multa de un 15% de la dieta parlamentaria, pues a su juicio, y según consta en el documento, «no estamos frente a un ejercicio genuino de fiscalización, sino ante un acto político de hostigamiento masivo, desplegado a través de una herramienta institucional -el oficio parlamentario- cuya finalidad constitucional es otra».
Las diputadas además señalan que «el carácter desproporcionado de la actuación es evidente: la fiscalización parlamentaria se concibió para examinar actos de Gobierno y garantizar el uso correcto de los recursos públicos, no para perseguir a ciudadanos por sus opiniones, menos aún en el ámbito del humor o la expresión artística».
Sumado a ello, se hace mención al gasto considerable de recursos que significa la emisión de 347 oficios idénticos, «tanto en la Cámara (al preparar y despachar cada oficio) como en los organismos receptores (que deben responder formalmente). Se trata, entonces, de un uso impropio y abusivo del aparato estatal, sin ningún resultado de interés público legítimo».
«La propia reacción posterior de la comediante -quien emitió disculpas públicas- confirma que el episodio podía resolverse en el plano social y cultural, sin intervención institucional. No obstante, los diputados individualizados insistieron en convertir un hecho anecdótico en un procedimiento de persecución oficial, instrumentalizando la función parlamentaria para fines ajenos al control de actos del Gobierno», recalca el requerimiento.
En concreto, Rojas y Morales citan un artículo constitucional, tres del Reglamento de la Cámara y uno del Código de conducta parlamentaria, para justificar su requerimiento, señalando que los diputados de oposición habrían incurrido en: Uso indebido y desproporcionado de recursos públicos; inexistencia de base legal o competencia fiscalizadora en el caso; hostigamiento a una persona particular y falta de respeto a su dignidad; afectación a la confianza pública y a la probidad.
«No podemos aceptar que se utilicen las herramientas parlamentarias de fiscalización para hostigar a una persona en particular. Consideramos que esto constituye un abuso de la facultad fiscalizadora y por lo tanto hemos solicitado a la Comisión de Ética que revise el caso y que aplique las sanciones que corresponde», declaró la diputada Camila Rojas.
Por su parte, la diputada Javiera Morales recordó que «los diputados fiscalizamos actos de Gobierno. Pero acá hay diputados de la derecha que han utilizado sus atribuciones para pedir información a más de 300 municipios sobre actos y contratos de la artista nacional Natalia Valdebenito».
«Esto es un abuso de sus potestades. Quieren silenciarla. Y para quienes creemos en la libertad de expresión y consideramos que la Cámara de Diputados y Diputadas tiene que utilizar su poder para las atribuciones que tienen y no en contra de una ciudadana, esto no está bien», cerró la legisladora del Frente Amplio.
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