Empresa israelí ofreció “Tucán” a Armada y FACh: actas consignan promesa de “eliminar el anonimato” en WhatsApp y Telegram

Con la finalidad de ampliar su mercado en Chile, representantes de la empresa de seguridad israelí Prelysis han sostenido alrededor de seis reuniones de lobby en 2024 con altos mandos de la Armada, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y el Estado Mayor Conjunto para ofrecer e intentar vender «Tucán», un software de inteligencia que promete «eliminar el anonimato» de usuarios en plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram.

“Tucán es la única herramienta de búsqueda y plataforma de inteligencia para monitorear el contenido mensajería de texto instantánea y redes sociales, eliminando el anonimato de los usuarios”, se puede leer en el registro oficiales de la Ley del Lobby, de la reunión tuvo lugar el 9 de octubre de 2024 entre el actual jefe de la División de Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad, Alejandro Urquiza y uno de los representantes en Chile de Prelysis.

El reporte del encuentro entre los ejecutivos de la empresa israelí y Marco Villegas, director de inteligencia de la Armada, que se llevó a cabo el 22 de octubre del año pasado, indicó que tuvo por objeto la “presentación del Software Tucán como plataforma de fuentes abiertas de inteligencia para el monitoreo del contenido de mensajería de texto instantánea, redes sociales y búsquedas específicas en ‘data leaks’”. Mientras que en la cita con César Pineda, director de inteligencia de la FACh, realizada en marzo pasado, se especificó el alcance de Tucán, detallando que “desanonimiza a los usuarios y mensajes de Telegram, Threema, WhatsApp, Zalo e Imo, así como de otras aplicaciones de mensajería instantánea, y actúa como un motor de búsqueda para plataformas de redes sociales y mensajería instantánea”.

En conversación con Destacador, uno de los testigos que estuvo presente durante las pruebas de funcionamiento de Tucán em Chille, señaló que los operadores del software tienen acceso privilegiado a los servidores de Telegram, por lo que cuentan con la posibilidad de obtener información confidencial de los usuarios de esa aplicación de mensajería instantánea, así como a aquellos mensajes que se comparten en chats privados.

De acuerdo con datos recabados por el medio citado, el software no es capaz de intervenir directamente en teléfonos celulares, sino que obtiene información desde servidores. Su potencia radica en cruzar los datos obtenidos de aplicaciones como Telegram con información de fuentes abiertas (foros de internet, redes sociales) utilizando inteligencia artificial para rastrear y conectar información.

El lobby del software Tucán en Chile

Las reuniones entre los representantes de la empresa israelí Prelysis y las autoridades del Gobierno y las Fuerzas Armadas ocurrieron en un contexto en el cual el presidente Boric, tal y como anunció en su cuenta pública del pasado 1 de junio, tomó la decisión de diversificar las relaciones comerciales en materia de defensa para reducir la dependencia de la industria militar israelí, como señal de rechazo y protesta al genocidio perpetrado por el régimen sionista en Gaza, que desde octubre de 2023 ha dejando un saldo de más de 62.000 muertos en el enclave palestino.

Por tal motivo, el equipo de Destacador se comunicó con el Ministerio de Seguridad y a las Fuerzas Armadas para consultarles si habían comprado el software Tucán. Desde el despacho de Seguridad indicaron que “al no tener labores operativas, no puede comprar ningún software”, mientras que desde el Ejército respondieron que “no se efectuó la adquisición del mencionado software”.

«La Armada, la FACh y el Estado Mayor Conjunto optaron por no responder la pregunta y pidieron que la consulta se hiciera a través de la Ley de Transparencia», indicó el medio.

Sin embargo, los registros de la Ley del Lobby reflejan que se llevaron acabo seis reuniones donde los representantes en Chile de Prelysis ofrecieron a autoridades nacionales la compra del software Tucán. En estas citas acudieron representante actual del Ministerio de Seguridad, así como oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. En dos ocasiones—18 de octubre y 18 de noviembre de 2024— asistió Marcos Jaque Cereceda, entonces Director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

El reportaje reveló que el lobby para ofrecer y tratar de vender el software israeí en Chile fue liderado por Jaime Vicencio Silva, quien actúa como representante en Chile de empresas proveedoras de las Fuerzas Armadas—entre ellas Prelysis — a través de la sociedad Sat Internacional, fundada por su padre, un excoronel del Ejército. En tres de las seis reuniones estuvo acompañado por Diego Miranda Opazo, director de proyectos de la misma empresa.

Consultado por si el software había sido adquirido por alguna institución en Chile, Miranda respondió por escrito: “Consideramos no relevante entregar información sobre el sistema que indicas ya que no se encuentra en uso en Chile, no existe un proyecto para la adquisición de este y tampoco de pruebas conceptuales”. Agregó que su empresa tiene “limitaciones y restricciones de entregar información o publicaciones de los sistemas y productos que comercializamos, menos de información de otros países”.

El oscuro historial global de Prelysis y Tucán

La empresa detrás de Tucán, Prelysis, fue fundada en 2014 en Israel por Kobi Naveh y también está registrada en Chipre desde 2018. Este dato es crucial, ya que Israel restringe la venta de software de vigilancia a países con los que no tiene relaciones diplomáticas. La constitución de sociedades en terceros países (como Chipre) es una vía común para que las empresas de seguridad israelíes exporten sus productos a regímenes cuestionados en todo el mundo.

El historial de Tucán es controversial. Según reportes de Deutsche Welle y Al Jazeera, en 2022 fue vendido al Batallón de Acción Rápida (RAB) de Bangladesh, una fuerza militar acusada de graves violaciones a los derechos humanos. Intelligence Online reportó que la venta se produjo después de que Estados Unidos impusiera sanciones al RAB por ejecuciones extrajudiciales y desaparición de opositores políticos”

Según la publicación, Tucán permite “desanonimizar a los clientes de Telegram, configurar alertas de palabras clave en el contenido de los mensajes y obtener metadatos de los usuarios, como números de teléfono, direcciones y correos electrónicos”.

Una investigación del diario israelí Haaretz también reveló que Prelysis vendió previamente software para interceptar señales de wifi a una agencia de inteligencia de Bangladesh, mientras que Intelligence Online fue más allá y advirtió sobre una “diplomacia del spyware”, donde Israel utiliza sus empresas de vigilancia, incluida Prelysis, para establecer lazos con regímenes con los que no mantiene relaciones formales.

Vacío legal y riesgo para Chile

La posible adquisición y uso de herramientas como Tucán se da en un vacío legal preocupante. Juan Carlos Lara, codirector ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, explico que en Chile no existe una regulación expresa para este tipo de software.

“Lo que está regulado en Chile no es precisamente sobre la tecnología misma, sino sobre usos: interceptación de comunicaciones. La Ley de Inteligencia permite la intervención de sistemas y redes informáticas. Eso es importante, no es lo mismo intervenir el tránsito de una comunicación, como una línea telefónica, que intervenir un teléfono. Este tipo de softwares, en general, intercepta máquinas, no el trayecto. Para nosotros esa diferencia es importante, porque si no hay una habilitación legal que permita la interceptación directa de un dispositivo, y no solo de una comunicación, ese uso sería ilegal. Esa es nuestra interpretación de lo que la ley autoriza”, aseguró Lara en declaraciones a Destacador.

El experto recordó el precedente de la Operación Huracán –donde Carabineros inventó pruebas digitales y charts a tribuidos a dirigentes mapuche–, la cual contó con autorización judicial para usar un software espía (Antorcha, que supuestamente intervenía teléfonos y luego se demostró era una farsa.

“El uso que se ha dado a la regulación actual de la Ley de Inteligencia ha permitido que se autorice el uso de malware en Chile, que es lo que pasó con la Operación Huracán. Independiente de que eso no haya sido un caso real de interceptación, ahí sí hubo una autorización por un ministro de corte”, planteó.

«Existe un riesgo porque no existen controles democráticos suficientes para la operación del Estado”, advirtió el co director ejecutivo de Derechos Digitales, enfatizando que el riesgo no es solo para la privacidad, sino para el control democrático de las policías y aparatos estatales debido a la falta de transparencia sobre qué software se compra y cómo se utiliza