ONG denuncia “corrupción institucionalizada” en cárceles de El Salvador bajo el régimen de Bukele

La organización salvadoreña de derechos humanos (DD.HH.) Cristosal ha levantado la voz para denunciar lo que describe como una “corrupción institucionalizada” que opera de forma generalizada dentro del sistema penitenciario del país centroamericano, un fenómeno que se ha agravado y sistematizado bajo el régimen de excepción impuesto por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

A través de un contundente informe publicado este martes, la ONG expuso un entramado de sobornos, extorsiones y un negocio oculto que se aprovecha de la desesperación de miles de familias, transformando las cárceles en centros de lucro y sufrimiento administrados por el Estado.

Sistema de sobornos sistematizado

A través de una investigación basada en testimonios y documentación meticulosa, Cristosal denunció que se han registrado cobros ilegales, extorsiones y pagos de miles de dólares que las familias de los detenidos se ven obligadas a realizar para ejercer lo que deberían ser derechos básicos.

La gama de estos pagos es amplia y abarca desde “desde acceder a información sobre sus parientes detenidos, obtener atención médica o hacer llegar medicamentos, hasta conseguir una visita de 20 minutos”.

El informe logró identificar tres modalidades principales de corrupción que operan dentro de las prisiones:

1. Sobornos obligatorios disfrazados de “donaciones” para permitir visitas o proporcionar información.
2. Pagos directos a custodios y personal penitenciario para obtener beneficios ilegales dentro de los centros de reclusión.
3. La participación de abogados que actúan como intermediarios, facilitando los contactos y cobrando tarifas exorbitantes, que alcanzan hasta 570 dólares por una visita y 800 dólares por una eventual liberación.

Lejos de tratarse de actos aislados de algunos guardias corruptos, la ONG expuso que sus “hallazgos exponen una estructura organizada que involucra a custodios, personal técnico, autoridades penitenciarias y actores externos”.

La organización fue contundente al señalar la profundidad y alcance del problema, alertando que “las cadenas de sobornos y favores llegan hasta las direcciones de penales y altos funcionarios”.

Los datos mostrados en el documento confirman que “todo sistema autoritario necesita ofrecer beneficios a quienes colaboran con sus ilegalidades, como ocurre con los operadores de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas que cobran su cuota a las familias salvadoreñas más pobres”.

Mecanismo de extorsión estatal que se aprovecha del miedo

Cristosal destacó que la corrupción penitenciaria trasciende el dinero y tiene consecuencias devastadoras en la vida de las personas. La ONG describió a este sistema como “un mecanismo de extorsión estatal que se aprovecha del miedo y la desesperación hasta convertirse en un castigo indirecto no solo a quienes están detenidos, sino también a sus familias y seres queridos”.

Relató que “los testimonios más dolorosos revelan incluso que hubo familias que siguieron pagando sobornos sin saber que sus seres queridos ya habían muerto bajo custodia estatal o que fueron presuntamente asesinados cuando sus familiares no pudieron pagar”.

En uno de los datos más graves, la organización denunció que se han confirmado 419 muertes dentro de las cárceles, muchas de ellas ocurridas bajo condiciones de tortura, desnutrición severa y falta absoluta de atención médica.

Régimen de Bukele convirtió a las cárceles en un negocio de extorsión y muerte

El informe concluyó que la realidad documentada evidencia una transformación perversa del sistema penitenciario como consecuencia de una de las medidas más polémicas aplicadas por la administración de Nayib Bukele, un «estado de excepción» vigente desde marzo de 2022 para «combatir» a las pandillas, el cual ha sido renovado hasta la fecha 42 veces por la Asamblea Legislativa, restringiendo derechos y libertades y generando cuestionamientos sobre la vigencia de las garantías constitucionales.

En concreto, suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier tipo y amplía el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.

Desde que comenzó el régimen de excepción, hace más de 3 años, se estima que más de 90 mil personas han sido arrestadas.

En la actualidad, El Salvador registra la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, a lo que se suma el hecho de que una gran cantidad de los que están tras las rejas no han recibido una sentencia y muchos otros enfrentan procesos masivos, con cientos de acusados en un solo juicio.

Los hechos de corrupción y abusos documentados por la investigación le permitieron comprobar a la agrupación de derechos humanos, que el régimen de excepción ha convertido las cárceles en un negocio de extorsión y muerte, contrariamente a lo que ellos catalogan “debería ser justicia, rehabilitación y dignidad, se ha transformado en una maquinaria de sufrimiento humano administrada por el Estado”.

Llamado urgente a la comunidad internacional

Frente a este panorama, Cristosal extendió un llamado urgente «a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a todas las voces comprometidas con la libertad y la justicia para que se exija transparencia, rendición de cuentas y respeto a la dignidad humana en El Salvador”, según consignó Nodal y TeleSUR.

Cabe recordar que este grupo de derechos humanos suspendió sus operaciones en El Salvador, alegando hostigamiento, represión y persecución por parte del gobierno de Bukele.

El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, anunció a mediados de julio pasado que la organización continuará operando desde Guatemala y Honduras, ya que las acciones de la administración del mandatario de extrema derecha han dificultado el desarrollo de su trabajo.

“Nos vemos obligados a elegir entre la prisión o el exilio (…) con las limitadas garantías de seguridad, somos más útiles (a la causa) estando fuera pero en libertad, que arriesgándonos a la cárcel en El Salvador”, declaró Bullock en esa oportunidad.