El gobernador de la Región Metropolitana enfrentará una audiencia de desafuero por sus vínculos en el caso ProCultura.
Este jueves 5 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió aceptar la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta para que Claudio Orrego, actual gobernador de Santiago, sea investigado, citando a una audiencia para el 6 de octubre del presente año. Este paso judicial busca esclarecer las presuntas irregularidades en la asignación de fondos a la Fundación ProCultura, por lo que la defensa de Orrego ahora cuenta con solo cinco días para responder a la solicitud.
La decisión del Tribunal se enmarca en la aprobación de un convenio directo millonario con la ONG liderada por Alberto Larraín Salas, un acuerdo que levantó serias interrogantes sobre la probidad de la gestión. El Ciudadano se comunicó con el equipo de prensa de Orrego, quienes sostuvieron que su Gobierno Regional es el único que pidió desde hace años que el 100% de los fondos estuvieran asegurados, razón por lo que no conciben el supuesto “fraude al fisco”.
Este procedimiento judicial es crucial, debido a que el desafuero es el paso previo para que la Fiscalía pueda formalizar a la autoridad y, eventualmente, solicitar medidas cautelares en su contra, dadas las implicaciones de los presuntos delitos de cohecho y fraude al fisco. La investigación busca determinar responsabilidades en el uso de los fondos públicos, y la decisión de la Corte de Apelaciones podría sentar un precedente importante sobre la rendición de cuentas de las autoridades.
Ante la situación, el abogado defensor del gobernador, Cristián Riego, aseguró que se enteraron de la solicitud de desafuero a través de la prensa, ya que no han sido notificados formalmente aún, por lo tanto, no pueden declarar al respecto. Sin embargo, es enfático en la disposición de la autoridad en el proceso: “desde hace ya muchos meses ha venido colaborando ampliamente y transparentemente con el fiscal que estuvo a cargo de la causa”, afirmó, añadiendo que se referirán al tema cuando corresponda.
Este paso legal genera más presión, puesto que Orrego ya enfrenta un requerimiento de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) presentado a fines de julio por consejeros regionales de oposición, principalmente del Partido Republicano y de la UDI. En esa oportunidad, los denunciantes alegaron un supuesto abandono de deberes y faltas a la probidad en la gestión del Gobierno Regional Metropolitano.
La situación de Claudio Orrego se torna cada vez más compleja, enfrentando a la justicia por el Caso ProCultura tras la solicitud de desafuero en Antofagasta, pero su equipo se mantiene seguro en el trabajo que han realizado. La admisión a trámite de esta solicitud es clave para esclarecer los cuestionados convenios.