Critican que el encuentro llega casi seis años tarde y que no se enmarca en un compromiso genuino de reparación.
El pasado jueves 4 de septiembre, la Subsecretaría de Derechos Humanos citó a una reunión con el objetivo de dialogar sobre los delitos cometidos durante el Estallido Social, convocando a una mesa de trabajo con abogados representantes de las víctimas. Sin embargo, en una acción de protesta, los profesionales decidieron no asistir al encuentro, denunciando que se trata de un «gesto simbólico» que no aborda la ineficiencia de la respuesta estatal.
La decisión de no participar refleja la profunda frustración acumulada entre los afectados a casi seis años de espera por acciones concretas. Los abogados, respaldados por la senadora Fabiola Campillai, coinciden en que el Gobierno tuvo el tiempo suficiente para responder con anterioridad. A su juicio, la situación no requiere más diagnósticos ni mesas de trabajo, sino voluntad política para ejecutar los cambios que las víctimas exigen desde 2019.
En esta línea, un proyecto de Ley de Reparación Integral fue presentado por las propias víctimas, en una iniciativa liderada por la senadora Campillai, para ayudar a quienes sufrieron tortura, violencia sexual, apremios ilegítimos, lesiones y mutilaciones. Este proyecto, presentado formalmente a fines de 2024, buscaba establecer una compensación efectiva que superara los programas estatales existentes, abordando aspectos psicológicos, sociales, de salud y económicos.
A pesar de haber recibido esta propuesta, que fue redactada desde la perspectiva de quienes sufrieron las consecuencias de la violencia estatal, el Gobierno nunca le dio tramitación legislativa. El Ejecutivo optó por desarrollar su propia propuesta, que hasta la fecha no ha sido formalizada, lo que consolida la percepción de inmovilidad y falta de compromiso.
La abogada Karinna Fernández representa a una parte significativa de los afectados, y señala que la respuesta estatal ha sido ineficiente, fragmentada e incluso revictimizante. Criticó también la decisión de revocar pensiones a quienes tienen antecedentes penales, y responsabilizó al Gobierno por la falta de fondos para que el Ministerio Público investigue adecuadamente los casos, lo que provoca una «garantía de impunidad», según la profesional.
Así, mientras la mesa de diálogo gubernamental vio ausente a sus invitados, el mensaje de las víctimas es claro en conseguir una verdadera justicia y reparación, afirmando que no se logran con reuniones simbólicas, sino con acciones concretas por parte del Estado, que hasta ahora está en deuda.