Paso clave para la docencia: Se aprueba en general el proyecto de Ley de Titularidad

La iniciativa, que beneficiaría a miles de profesores a lo largo del país, avanza en su tramitación legislativa.

Este martes 9 de septiembre, con un resultado de siete votos a favor y una abstención, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de Ley de Titularidad, abriendo el camino para que la iniciativa continúe su tramitación legislativa. La decisión contó con la presencia y respaldo del Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, que ha impulsado este proyecto como parte de su “Agenda Corta”. 

La única abstención correspondió al diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert, aún así, la aprobación en general significa un respaldo a la «idea de legislar», y fue celebrado por el gremio docente. El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, valoró positivamente el avance: «se dio un paso importante, así que estamos contentos con esta aprobación de la idea legislativa», señaló, resaltando que esta medida asegura la continuidad del proyecto.

Esta iniciativa busca modificar y prorrogar la Ley N° 19.648, que regula la titularidad de los profesores en el sistema público. La normativa actual establece que los docentes con al menos 20 horas semanales en establecimientos municipales, corporaciones o Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) pueden acceder a la titularidad. Sin embargo, la nueva propuesta busca entregar estabilidad laboral a cerca de 28 mil docentes que actualmente se encuentran en una situación contractual precaria.

El proyecto considera que aquellos profesores que se hayan desempeñado en el sistema educativo por tres años continuos o cuatro discontinuos, podrán acceder a la titularidad de sus cargos. Aguilar, aunque satisfecho con la aprobación, advierte que el gremio seguirá activo en el proceso: «ahora vienen las indicaciones y, por supuesto, nosotros vamos a seguir acá gestionando el mejoramiento en esta ley», aseguró firme.

La propuesta es vista como un avance crucial para poner fin a la inestabilidad y los contratos «abusivos» que han afectado a una parte significativa del profesorado chileno. Con este respaldo, el proyecto avanza a la siguiente fase de su tramitación, marcando un hito en la lucha por la dignificación de la labor docente.