El 1 de septiembre debía empezar ante el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó el anticipado juicio en contra del Francisco Sánchez, ex intendente de la Región de Atacama, y su estrecho colaborador, Rodrigo Albornoz. A quienes les acusa de montar un esquema fraudulento para estafar de forma reiterada durante años a la empresa Atacama Kozan durante el periodo en que Sánchez era un alto ejecutivo de la compañía controlada por capitales japoneses. Sin embargo Patricio Pinto Castro, abogado defensor del acusado Rodrigo Albornoz, presentó una licencia médica el día anterior a la fecha programada para el inicio del juicio, solicitando que se reagendara para una fecha posterior, considerando su delicado estado de salud. El Tribunal de Copiapó, finalmente aceptó esa petición, fijando el juicio para el día 13 de octubre de 2026, esto es, un año dos meses después de la fecha inicialmente establecida.
Lo llamativo es que la licencia médica presentada por el abogado Pinto Castro prescribió un “reposo laboral por 20 días” según lo señaló el propio profesional en su presentación ante el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó, por lo que el reposo se debía prolongar hasta el día 20 de septiembre inclusive.
A pesar de lo anterior, el día 10 de septiembre de 2025 el abogado Patricio Pinto Castro aparece en perfecto estado de salud, compareciendo ante el juzgado de garantía de Copiapó a una maratónica audiencia de 5 horas en que se formalizó al exadministrador del gobierno regional de Arica y Parinacota, Leonel Huerta Fernández, y además se discutió sobre la petición del Ministerio Público para reformalizar y revisar las medidas cautelares de otros ocho imputados en el caso de la Fundación Comprometidos, investigado por la Fiscalía Regional de Atacama, que forma parte del más amplio “Caso Convenios” o “Caso Fundaciones”, que indaga irregularidades en la transferencia y ejecución de fondos públicos a organizaciones sin fines de lucro en el norte de Chile.
La investigación se centra en delitos de cohecho, fraude al fisco, y lavado de activos relacionados con convenios adjudicados a la referida fundación durante el segundo semestre de 2022, por un monto total cercano a los 600 millones de pesos, provenientes de Gobiernos Regionales (GORE) de Atacama, Arica y Parinacota, Antofagasta, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). En ese contexto se imputa que “Fundación Comprometidos” se adjudicó convenios sin tener ninguna experiencia técnica que lo justificara, y a pesar de tener giros que no eran pertinentes a las actividades que se le encargaban. Un convenio clave en este contexto fue el firmado por $128 millones con la Seremi de Vivienda de Atacama para un plan piloto de distribución de agua en campamentos de Copiapó (sectores Paipote y Villa El Cerro II), además de otros proyectos que incluyeron control de población canina y felina en Tocopilla (Antofagasta), con asignaciones millonarias del GORE local.
El abogado Pinto aparece defendiendo a Gladys Cortes, ex Seremi del Trabajo y Previsión social el Atacama, por su eventual participación en la transferencia y uso irregular de fondos públicos a la Fundación Comprometidos, vinculados a un proyecto de distribución de agua en campamentos de la ciudad de Copiapó y que fue financiado con recursos provenientes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por una suma de a lo menos 128 millones de pesos.
Además Pinto es abogado en el caso del imputado Juan Carlos Torres Bustamante, exjefe de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional (GORE) de Atacama y expresidente regional del Partido Radical (PR), quien también habría participado en la adjudicación y ejecución de convenios de fondos públicos a la Fundación Comprometidos, especialmente en el mencionado proyecto de distribución de agua en campamentos de Copiapó, a partir de un esquema que involucró sobornos y desvío de recursos, facilitando transferencias irregulares y recibiendo beneficios indebidos, con lo que habría causado un importante perjuicio al fisco.
Lo llamativo es que Pinto no era el único abogado de los imputados Cortes y Torres ya que según consta en los registros públicos de la causa, que se tramita bajo el RIT 3968-2023 ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, el profesional le había entregado poder a los abogados Diego Vergara y Francisco Donoso. A pesar de esto, y estando vigente la licencia medica que presentó un día antes del comienzo de la audiencia contra el ex intendente Sánchez, compareció personalmente de forma física a la audiencia del caso «fundación comprometidos».
Esta situación ha generado la sospecha que la presentación del abogado Pinto alegando una supuesta enfermedad, y que gatilló la decisión del Tribunal de Juicio Oral de cambiar el inicio del juicio contra Sánchez para mas de un año, podría tratarse de una maniobra para impedir que se ventilen públicamente las irregularidades del ex intendente de Atacama en un periodo que incluye la próxima campaña parlamentaria, donde el actual senador y persona cercana a Sánchez, Rafael Prohens, busca la relección. Esto, en un contexto donde el propio Prohens estaba incluido en la lista de testigos que debía declarar en el ya largamente postergado juicio oral que no comenzará sino hasta octubre del año 2026.
Además, se profundizan las dudas sobre un manejo político del caso, considerando que, en su momento, la fiscalía de Copiapó a cargo del entonces fiscal regional de Atacama Alexis Rogat, decidió abruptamente no llevar a juicio el caso. Esto, a pesar de que con posterioridad, y considerando la gravedad de los antecedentes en contra de los imputados, se les permitió excepcionalmente a los querellantes llevar a juicio a Sánchez y Albornoz sin el Ministerio Público, lo que incuso fue ratificado por la Corte Suprema.
También ha llamado la atención que poco después de haber dejado su cargo de fiscal regional, Rogat ha litigado otros casos destacados en la región de Atacama junto al abogado Pinto y en contra de la institución que lideró, como ocurrió con el caso de la petición desafuero presentada por la fiscalía de Atacama en contra del actual gobernador de esa región, Miguel Vargas Correa, la cual fue desechada hace algunos días en votación dividida por la Corte de Apelaciones de Copiapó. Rogat ha negado públicamente tener vínculos con la causa donde actualmente Pinto representa al coimputado del ex intendente Sánchez, Rodrigo Albornoz.
También se ha cuestionado que dentro del grupo de jueces que fueron nominados para tomar el juicio contra Sánchez estuviera la magistrada Lorena Rojo, quien es hermana de la ex alcaldesa de Antofagasta por Chile Vamos, Karen Rojo, condenada por delitos de fraude al fisco y actualmente prófuga de la justicia chilena. La jueza Rojo fue promovida en su actual cargo durante el gobierno de Sebastián Piñera, quien también designó a Sánchez como Intendente de la región de Atacama.
El Ciudadano
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
