En un veredicto que intensifica la presión internacional sobre Israel, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas concluyó que es responsable de cometer genocidio en la Franja de Gaza durante su ofensiva desatada contra el enclave palestino desde octubre de 2023.
El informe, de más de 70 páginas, publicado en el contexto de la intensificación de las operaciones militares israelíes en la ciudad de Gaza, insta a Israel y a todos los países a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional «para poner fin al genocidio» y castigar a los responsables.
De hecho, las conclusiones de la investigación salieron a la luz mismo día en que el Ejército israelí ha iniciado su anunciada ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza, donde aún permanecen casi 150.000 palestinos refugiados, s
La Acusación: cuatro de los cinco actos de genocidio
En una rueda de prensa celebrada en la sede de la ONU en Ginebra, la presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, Navi Pillay, fue categórica al presentar las conclusiones que confirman la responsabilidad del régimen sionista en la crítica situación humanitaria que se vive en Gaza..
«La Comisión considera que Israel es responsable de la comisión de genocidio en Gaza», afirmó.
«Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio», añadió.
Tanto Pillay, como otro de los integrantes de la Comisión ,Chris Sidoti —quienes no son funcionarios de las Naciones Unidas, sino que han sido nombrados por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos—, explicaron que sus investigaciones sobre la guerra en Gaza, les permitieron llegar a la conclusión de que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes «cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948».
Estos actos, detallados en el informe, son: matar; causar daños físicos o mentales graves, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos.
Intención genocida
La Comisión no solo se limitó a enumerar los actos, sino que afirmó haber identificado la intención genocida detrás de ellos.
El panel afirmó que, tras analizar la conducta de las autoridades israelíes, «incluida la imposición del hambre y condiciones de vida inhumanas a los palestinos en Gaza… la intención genocida era la única conclusión razonable que se podía extraer de la naturaleza de sus operaciones».
Pillay sostuvo que la responsabilidad de estos crímenes atroces «recae en las autoridades israelíes de más alto rango», señalando la existencia de «declaraciones explícitas» que denigran a los palestinos por parte de las autoridades civiles y militares israelíes.
El informe se basa en un «examen metódico» de las operaciones militares israelíes, que incluyeron, según la Comisión, «el asesinato y las lesiones graves a un número sin precedentes de palestinos» y la imposición de un «asedio total, incluido el bloqueo de la ayuda humanitaria que ha provocado la hambruna» en el enclave.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), casi un millón de personas permanecen en la ciudad de Gaza, donde se ha confirmado la hambruna, y los residentes se enfrentan a bombardeos diarios y a «un acceso comprometido a los medios de supervivencia después de que el ejército israelí impusiera una orden de desplazamiento en toda la ciudad».
En su último informe, el panel también examinó lo que denominó la «destrucción sistemática» de la sanidad y la educación en Gaza y los actos «sistemáticos» de violencia sexual y de género contra los palestinos.
Israel rechaza conclusiones del informe
La respuesta del gobierno sionista no se hizo esperar. El embajador de Israel ante la ONU en Ginebra, Danny Meron, rechazó de plano las conclusiones, a las que calificó de «selectivas».
Meron sostuvo que el informe «promueve una narrativa que sirve a Hamás y a sus partidarios en su intento de deslegitimar y demonizar al Estado de Israel».
«El informe acusa falsamente a Israel de intención genocida, una acusación que no puede fundamentar», afirmó el embajador.
Comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante genocidio en Gaza
Frente a la gravedad de sus hallazgos, la Comisión emitió un contundente llamamiento a la justicia y a la acción. Pillay advirtió que «la comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza».
Planteó que «cuando surgen indicios y pruebas claras de genocidio, la falta de medidas para detenerlo equivale a complicidad».
La presidenta de la Comisión recordó que «todos los Estados tienen la obligación legal de utilizar todos los medios razonablemente a su alcance para detener el genocidio en Gaza».
Además, la Comisión de Investigación examinó los presuntos «ataques directos» contra niños y el «desprecio [por parte de Israel] de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, que en marzo de 2024 dictó una orden en la que se exigía a Israel que tomara «todas las medidas necesarias y eficaces para garantizar […] la prestación sin trabas y a gran escala por parte de todos los interesados de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que necesitan urgentemente los palestinos en toda Gaza».
Ataque en Doha y reacción del Consejo de Seguridad
En un hecho relacionado que subraya la escalada regional, el informe señaló que el Consejo de Derechos Humanos modificó su agenda para dar cabida a un debate urgente sobre un ataque israelí la semana previa contra líderes políticos de Hamás en Qatar.
El ataque, perpetrado en un barrio residencial de Doha, habría causado la muerte de seis personas, incluyendo cinco miembros de Hamás, lo que provocó una condena generalizada. Tanto el Secretario General, António Guterres, como la jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, se pronunciaron al respecto.
Guterres calificó el hecho como una «flagrante violación» de la soberanía de Qatar, mientras que DiCarlo, ante el Consejo de Seguridad, afirmó que el ataque no solo violaba la soberanía qatarí sino que constituía una «grave amenaza para la paz y la seguridad regionales» y socavaba los esfuerzos de mediación internacional para lograr un alto al fuego y poner fin a la guerra en Gaza, así como para concretar la liberación de rehenes.