Daniela Peñaloza (UDI) en el centro del vendaval: formalizarán a su director de control por falsificación en el caso Cesfam de Las Condes

El Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago será el escenario, el próximo lunes 20 de octubre, de la primera formalización por el emblemático «Caso Cesfam», referente a la compra de propiedades con sobreprecio que estalló durante la administración de la ex alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI). El imputado será Eduardo López Arriagada, quien hasta marzo de este año se desempeñaba como director de Control de la municipalidad, un cargo de alta confianza política.

La Fiscalía Metropolitana Oriente le imputará el delito de falsificación de instrumento público, específicamente por la adulteración de un decreto que autorizó la adquisición de terrenos para la construcción de un nuevo Centro de Salud Familia (Cesfam) para la comuna.

Cabe recordar que la causa se centra en el intento fallido de edificación de este recinto, que implicó una inversión superior a los $15 mil millones, de los cuales más de $11 mil millones fueron destinados a la compra de terrenos

En concreto, la formalización de López fue solicitada como parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer por qué la municipalidad bajo la gestión Peñaloza pagó el doble por una de las diez casas del paño donde se construiría el Cesfam.

En abril de 2023,se conoció que según los registros del Conservador de Bienes Raíces, correspondientes a la compraventa de la casa ubicada en Nueva Delhi 1775, de la comuna de Las Condes, la administración de la entonces edil pagó por esta propiedad la suma de 24.280 UF ($852 millones al cálculo de la época) el 30 de diciembre de 2022. Sin embargo, exactamente un mes antes, el 24 de noviembre de 2022, la misma casa había sido vendida a la empresa Vulcon Asset Management (de propiedad del extenista Paul Capdeville y el empresario Nello Travisany) por apenas 12.144 UF ($422 millones).

De este modo, la vivienda fue comprada por el municipio en $430 millones más de lo que costaba un mes antes de que se realizara la transacción.

Decreto fraudulento

La operación de compra de todos los terrenos fue habilitada por el Decreto Alcaldicio N°880, fechado el 15 de marzo de 2022. Sin embargo, el Ministerio Público ha reunido testimonios clave de tres funcionarios municipales que declararon que dicho documento no fue redactado ni firmado en esa fecha, sino nueve meses después, en diciembre de 2022, justo al momento de concretarse la polémica compra.

Es aquí donde emerge la figura de Eduardo López. Según las declaraciones de los testigos, consignadas por la periodista Josefina Rochna en un reportaje de CIPER el director de control de la municipalidad habría sido el responsable de «utilizar un decreto que se elaboró en marzo de 2022, para suplantarlo por el documento escrito en diciembre de ese año».

«La transacción completa fue habilitada gracias al decreto que ahora motiva la formalización de Eduardo López y la razón para haber hecho el presunto cambio de decreto, es lo que también indaga el Ministerio Público», señaló el medio digital. 

«Primer paso para seguir adelante con los otros delitos»

La investigación se inició mediante la denuncia de cuatro concejales del municipio, entre ellos Patricio Bopp, Leonardo Prat, Sergio Melnick y la actual alcaldesa Catalina San Martín.

El abogado Davor Harasic, patrocinante de la querella presentada originalmente por los cuatro ediles y luego asumida por la municipalidad una vez que San Martín asumió como jefa comunal— sumándose a la acción penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE)—confirmó la importancia de esta formalización.

«Esa formalización es por la falsificación del decreto que dentro de las cosas graves probablemente esta sea una de las más burdas. Y lo entendemos como un primer paso para seguir adelante con los otros delitos por los cuales nos hemos querellado», indicó.

El abogado se refirió así a los otros cargos presentes en la querella, que incluyen fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público, delitos que apuntan a una responsabilidad penal más amplia y que involucran a otros actores dentro de la administración de Peñaloza y de la empresa privada Vulcon Asset Management.

La querella presentada por el CDE apunta por fraude al fisco contra Ricardo Gutiérrez Lafrentz, exsecretario general de la Corporación de Educación; Alejandro Contreras Morales, exsecretario de Planificación; y Héctor Navarrete Aris, exdirector jurídico. Por el lado de Vulcon, el organismo acusa a los representantes legales Travisany Santos y Paul Capdeville Castro.

Además de Eduardo López Arriagada también incluye al abogado  Luis Espinoza Novoa por uso malicioso de instrumento público.

La situación administrativa de López: Suspendido, pero no destituido

Eduardo López fue suspendido de sus funciones en marzo de 2024, tras ser sometido a un procedimiento disciplinario. Consultada por CIPER, la Municipalidad de Las Condes informó que la destitución definitiva aún no se concreta debido a la condición sindical del funcionario.

En un comunicado oficial, el municipio detalló: “El Departamento de Sumarios de la Municipalidad de Las Condes informó que Eduardo López Arriagada, Director de Control titular del municipio, fue sometido a un procedimiento disciplinario cuya sanción fue aprobada por la alcaldía el 23 de septiembre de 2024, la que no ha podido hacerse efectiva porque requiere de la ratificación de la Contraloría General de la República dada su condición de dirigente de una asociación de funcionarios. El municipio solicitó dicha ratificación en octubre de 2024 y está a la espera de la decisión contralora. El mismo funcionario se encuentra sometido a otro sumario administrativo que instruye la Contraloría General por el caso de compraventa de inmuebles, conocido como caso Cesfam, desde octubre de 2023”.

El medio citado intentó, sin éxito, obtener la versión de López, quien no respondió a los llamados para referirse a los cargos en su contra.

Irregularidades bajo la gestión de Peñaloza en Las Condes

El Caso Cesfam y la formalización de López no son hechos aislados, sino la punta de un iceberg de una serie de irregularidades que han salido a la luz en la Municipalidad de Las Condes tras el fin del mandato de Daniela Peñaloza.

El pasado 11 de septiembre, la actual alcaldesa, Catalina San Martín, informó oficialmente la destitución de Pedro Carrasco, ex director de Compras del municipio, quien estaba suspendido desde que salieran a la luz estrechos vínculos con proveedores que le facilitaron autos para su uso personal y familiar, y que incluso le instalaron muebles en su casa facturados falsamente como «Muebles Centro Cultural».

Pero la purga no terminó ahí. También fue destituida Liliana Rojas, la sucesora de Carrasco en la Dirección de Compras y quien formó parte de su equipo durante años, luego de que se abriera un sumario en su contra por los mismos reportajes.

Audiencia de formalización y vendaval para exalcaldesa UDI

Todos los ojos estarán puestos en la audiencia del lunes 20 de octubre. La formalización de Eduardo López marca un punto de inflexión en el Caso Cesfam. La diligencia no solo determinará las medidas cautelares para el ex director de control, sino que probablemente delineará el camino que seguirá la Fiscalía para investigar los delitos de fraude al fisco y determinar si existió una cadena de mando que dio luz verde a una operación que significó pérdidas económicas millonarias para la Municipalidad de Las Condes.

La sombra de la investigación se proyecta directamente sobre el período de Daniela Peñaloza, colocando a la ex edil UDI—que no se presentó a la reelección por el sillón alcaldicio—en el centro de un vendaval político y judicial que parece lejos de amainar.

A fines de 2024, el propio Eduardo López, declaró ante la Fiscalía que fue Peñaloza quien insistió en firmar los decretos que permitieron ejecutar la cuestionada compra de los terrenos.

«Yo le sugerí a la alcaldesa no firmarlos, por cuanto desde mi perspectiva no era procedente por el valor del terreno, existiendo a mi parecer lesión enorme en perjuicio de la municipalidad respecto del último terreno», sostuvo en esa oportunidad.