El fallo del TRICEL que saca a la senadora de su carrera parlamentaria, desató opiniones de apoyo y de críticas en el mundo político.
El Tribunal Calificador de Elecciones —TRICEL— resolvió inhabilitar la candidatura de la parlamentaria Ximena Rincón para un tercer período en el Senado, provocando la respuesta de los políticos. La decisión, que se tomó por una mayoría de tres votos contra dos, llevó a los partidarios a utilizar puntos de prensa, comunicados oficiales y entrevistas para fijar sus posturas, reabriendo el debate sobre el uso de la justicia electoral para resolver las diferencias.
Desde el Partido Demócratas, la propia Ximena Rincón se mostró visiblemente molesta y acusó al oficialismo de intentar «ganar por secretaría». Apuntó directamente a los senadores Paulina Vodanovic —PS— y Francisco Huenchumilla —DC—, a quienes criticó por: «esconderse tras un fallo judicial para eliminar a un competidor fuerte», según ella, pero aseguró que su partido continuará trabajando en la campaña con más fuerza.
En la vereda de enfrente, el oficialismo defendió la decisión del tribunal, siendo la propia senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien previamente había comentado en una entrevista de Radio Infinita que no le parecía correcto: “que se cuestionen las decisiones de un órgano autónomo que obra conforme a derecho”, concluyendo en el deber de respetar la ley sobre las reelecciones.
La coalición Chile Vamos, pacto en que Demócratas es aliado en el pacto «Chile Grande y Unido», también se pronunció. El diputado de Evópoli Francisco Undurraga reconoció en CNN Chile Radio que la decisión del TRICEL era un golpe duro. Aunque comentó que “tenemos que acatar algo que nos duele”, respetando la decisión judicial, Undurraga señaló que lamentó la pérdida que, según el diputado, afectará la estrategia electoral de la coalición.
La noticia también sirve como punto de comparación con otras decisiones judiciales recientes. Las inhabilitaciones simultáneas de Ximena Rincón y Daniel Jadue —PC— generaron un debate sobre los criterios del Tribunal. Ambas inhabilitaciones son objeto de críticas desde el oficialismo y la oposición, acusando al tribunal de actuar con un sesgo político.
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