El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, aseguró que la consulta indígena en Atacama “recibió luz verde” y que el acuerdo Codelco-SQM solo espera el pronunciamiento de China para su cierre, instalando un clima de “proceso concluido” pese a que siguen abiertos reparos de fondo y recursos judiciales interpuestos por comunidades atacameñas.
Por Bruno Sommer
Organizaciones lickanantay acusan que Corfo condujo la consulta con una “estrategia de división” -dar por cerrados plenarios entre protestas y sin incorporar observaciones- vulnerando principios de buena fe y consentimiento libre, previo e informado (Convenio 169 OIT). También reclaman que jamás se transparentaron los contratos completos, que hay incerteza sobre pagos de Minera Tarar a las comunidades y que incluso se omitió del debate el potasio, un fertilizante que explica buena parte de los ingresos de SQM.
La exclusión del potasio en la pauta de la consulta no es un tecnicismo, impacta directamente en beneficios económicos, regalías y evaluación de impactos productivos asociados al acuerdo. Al dejarlo fuera, las comunidades sostienen que la negociación queda sesgada y que la futura distribución de beneficios no contempla una de las principales fuentes de renta del negocio.
No obstante Máximo Pacheco señaló el martes 16 de septiembre de 2025 sobre el acuerdo que éste está “completamente cerrado, definitivo, acordado. El proceso ha terminado y ha terminado de buena manera”, en entrevista con T13 Radio.
Judicialización: Cortes admiten recursos y ofician a las partes
Lejos de estar “cerrada”, la consulta enfrenta una cadena de acciones judiciales. La Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró admisible un recurso de protección presentado por la Comunidad Atacameña de Coyo, que denuncia que los temas “consultables” fueron definidos sin participación -dejando fuera contratos y cuotas de producción- y pide paralizar el proceso.
Otro recurso, interpuesto por la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama (ARASPA), también fue admitido. Alega metodología impuesta por Corfo, restricción unilateral del alcance de la consulta y omisiones sustantivas (uso de agua/salmuera, aumento de cuotas, participación en beneficios). La Corte ofició a Corfo, Conadi, Codelco y SQM.
¿Consulta “concluida” o formalismo vacío?
El cuadro es contradictorio, mientras Codelco proclama vía prensa que la consulta “recibió luz verde”, las comunidades sostienen que la instancia se realizó a la rápida, con entregas de documentos a última hora y sin tiempo real para analizarlos; que se confundió “exposición de PowerPoints” con deliberación vinculante; y que se empujó políticamente a cerrar en fechas predefinidas. Si los tribunales ya están conociendo recursos por presuntas vulneraciones al Convenio 169 y al DS 66, dar por “concluida” la consulta parece menos un hecho jurídico que una operación comunicacional para apurar un cierre societario con SQM.
Según la versión oficial difundida hoy, el último hito sería el pronunciamiento chino, imprescindible por la presencia de inversionistas de ese país en la cadena de control del negocio. Pero si los recursos prosperan el cronograma de Pacheco podría trastabillar. La puerta de la judicialización ya está abierta y el estándar internacional exige consentimiento libre, previo e informado, no un checklist.
Declarar “luz verde” cuando hay acusaciones de división, contratos sin transparentar, exclusión de materias clave y recursos admitidos por la Corte no es cierre: es hipocresía. Y, sobre todo, es un riesgo jurídico-político para la legitimidad de un acuerdo que pretende extender hasta 2060 la explotación del Salar de Atacama.