Denuncian “protección” a exdirector de SLEP Colchagua suspendido por malversación de fondos, quien sigue recibiendo su sueldo

Dirigentes del Colegio de Profesores de la Región de O’Higgins acusan que Leonardo Fuentes, director ejecutivo del SLEP de Colchagua, mantiene su sueldo millonario por más de dos años producto de un sumario administrativo que se arrastra hace más de dos años.

A pesar de que la Contraloría Regional de O’Higgins determinó la ilegalidad de 378 despidos y el desvío de más de $2.000 millones en fondos públicos, el exdirector ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública —SLEP— de Colchagua, Óscar Leonardo Fuentes, quién se encuentra suspendido de funciones, sigue percibiendo su sueldo por un sumario que se extiende hace más de dos años.

Samanta Jorquera, presidenta del Regional de O’Higgins, reveló que el sumario administrativo lleva más de dos años, en los cuales la Dirección de Educación Pública —DEP— se negaría a transparentar quién es el fiscal que está a cargo del proceso.

El conflicto se inició en 2022, cuando se despidió a 378 profesores y asistentes de la educación, siendo justificado por la administración de Fuentes como una reestructuración, pero Contraloría ordenó la reincorporación de los trabajadores y el pago de sus remuneraciones, lo que aumentó la deuda: “Cuando ocurrió esto de los despidos, se iniciaron procesos judiciales y en el mayor de los casos los trabajadores ganaron”, indicó Jorquera. La dirigenta calificó los despidos como una “cacería de brujas”, ya que afectó a funcionarios con fuero maternal y sindical. Si bien fueron reincorporados, un porcentaje importante aún mantiene juicios pendientes contra el servicio.

Jorquera criticó la falta de transparencia en la investigación, confirmada por documentos oficiales. Un oficio del SLEP Colchagua —ORD N° 0671—, firmado por el Director Ejecutivo Suplente, señala que si bien el sumario «ha excedido los plazos de tramitación», la lentitud no afecta su validez. Además, una solicitud de acceso a la información presentada por Ley de Transparencia por parte de los dirigentes, buscaba el nombre del fiscal a cargo, pero la DEP respondió que el procedimiento de remoción del director ejecutivo: “se encuentra en etapa indagatoria y su contenido es de carácter secreto», lo que refuerza la denuncia de una “situación de clara corrupción que pide protección de gente que tiene poder”, comenta la presidenta.

Esta falta de transparencia y la lentitud del proceso es confirmada por Pedro Salinas, dirigente del regional O’Higgins, quien señaló que: «este señor, —Leonardo Fuentes Román—, fue suspendido de su cargo en marzo de 2023”, más de dos años en los que, a pesar de las gestiones y un requerimiento formal, la respuesta de la DEP fue que el caso se encuentra en etapa indagatoria, y su contenido es de carácter secreto. Según Salinas, esto es absurdo, y corresponde a una «tremenda burocracia de parte del sistema», sentencia.

La gravedad de la situación también es puesta de manifiesto por un dirigente gremial del territorio, que prefiere mantener el anonimato, y apunta que otros funcionarios cercanos a Fuentes, como su jefa de Gestión de Personas y su jefa de gabinete, «han salido libres» al renunciar y obtener cargos en otros servicios locales. Subraya que estos funcionarios también son en «gran parte responsables» de la mala utilización de fondos públicos, ya que la decisión de pagar indemnizaciones con fondos COVID para luego tener que pagar retroactivos a los trabajadores despedidos ilegalmente, supuso «una cantidad de dineros públicos que se perdieron», afirma.

“Lo que nosotros sí hemos identificado como el mayor de los problemas es cuando se cuestiona lo público”, señaló Jorquera. La presidenta del Regional de O’Higgins expresó que el caso del SLEP Colchagua es una muestra de cómo personas con cargos de poder no responden por sus acciones, mientras el resto de los trabajadores públicos son cuestionados: “Después de haber ocurrido tantas cosas graves con los recursos que estaban destinados a educación, con el responsable de ello finalmente no ocurre nada”, concluyendo que es eso lo que tratan de instalar como un tema importante.

Los dirigentes esperan conocer el nombre del fiscal del sumario para poder iniciar un proceso de recusación y presionar por la transparencia de la investigación. El caso no solo tiene una arista administrativa, sino que también está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins junto a la PDI, lo que evidencia la gravedad de las acusaciones.

Pedro Salinas añade que, por ley, es el Presidente de la República quien tiene la atribución de desvincular al director, y los antecedentes no le han llegado al Ejecutivo, por lo que supuestamente “ahí está estaría la trama de por qué no hay una resolución definitiva para este señor», asegura.

En un intento por obtener información sobre los sumarios en curso, El Ciudadano presentó una solicitud de Transparencia solicitando el nombre de los funcionarios del SLEP Colchagua en proceso de sumario desde 2022 a la fecha, así como los que estando suspendidos aún perciben su remuneración. En respuesta, la DEP señaló que, si bien son un servicio público dependiente del Ministerio de Educación, los Servicios Locales de Educación Pública son órganos descentralizados con su propia personalidad jurídica y patrimonio, y por lo tanto, son ellos quienes deben proveer la información directamente.

Hechos como este son considerados por Salinas como una forma de «tirarse la pelota unos a otros», ya que la Contraloría ya emitió un dictamen y las instituciones como la DEP y la SEREMI de Educación se declaran sin facultades para intervenir.