La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) elevó la gravedad de sus denuncias contra el gobierno de Daniel Noboa, a quien responsabiliza directamente de un «crimen de Estado» por la muerte del líder kichwa Efraín Fuerez, a manos de efectivos de las Fuerzas Armada y de implementar una estrategia de censura para intentar silenciar las protestas en contra del mandatario.
La situación, gatillada por la eliminación del subsidio al diésel, ha dejado un saldo trágico, con un centenar de detenidos y el Ejecutivo negándose a cualquier mesa de diálogo.
A través de sus redes sociales, la organización indígena alertó sobre un bloqueo sistemático de las comunicaciones con cortes de luz, de señal telefónica e internet en las zonas donde se concentran las principales movilizaciones.
La denunció se centró en la localidad de El Cajas, departamento de Piura donde se registraron hechos de represión. En esta zona se han llevado a cabo bloqueos de carreteras durante toda la semana, así como en toda la provincia de Imbabura, en el norte Ecuador, en la cual ha concentrado el paro indefinido convocado por la organización indígena.
«En el sector de El Cajas, la represión se intensifica. La fuerza pública intenta acallar la resistencia apagando las luces, cortando la señal de internet y teléfono», indicó la agrupación.
Esta acción, según la organización, busca impedir que la ciudadanía y los medios de comunicación conozcan en tiempo real el desarrollo de las manifestaciones y la actuación de las fuerzas del Estado.
«Quieren incomunicar y aislar a los pueblos», advirtió.
Un «crimen de Estado» que estremece a la Nación Kichwa
Horas antes de la denuncia por los cortes de servicios, la Conaie había comunicado la primera muerte en el contexto de la represión a las protestas.
Según el reporte de la Confederación, el deceso ocurrió en la localidad de Otavalo y la víctima fue el líder kichwa Efraín Fuerez, quien al ser alcanzado por balas disparadas por militares perdió la vida.
La Conaie calificó el asesinato como un «crimen de Estado» perpetrado bajo las órdenes del presidente Daniel Noboa.
«Denunciamos el asesinato de Efraín Fuerez, comunero kichwa de 46 años de Cotacachi, acribillado con tres disparos por las Fuerzas Armadas en la Panamericana Norte, durante la represión ordenada por
Daniel Noboa contra el legítimo Paro Nacional 2025″, señalaron.
«Exigimos verdad, justicia y reparación. Este crimen de Estado no quedará impune. De los crímenes de Estado no hay retorno ni perdón», enfatizaron.
Respuesta de Noboa Represión, detenciones masivas y negativa al diálogo
La reacción del gobierno de Daniel Noboa ante las protestas no ha sido la de abrir canales de conversación o diálogo, sino la de una escalada en el uso de la fuerza.
«El Gobierno de Daniel Noboa ha expresado que no pretende dialogar con los manifestantes adheridos al Paro Nacional para llegar a una solución pacífica y evitar mayores actos de represión», reportó TeleSUR.
Por el contrario, frente a la movilización social, el mandatario de derecha decidió desplegar en las calles de Ecuador a miles de uniformados, camiones y carros equipados con armas de alto poder con órdenes de reprimir a quienes exigen que su administración retroceda en sus medidas de corte neoliberal que están afectando la calidad de vida de la ciudadanía.
Esta estrategia ha resultado en una cifra alarmante de más de un centenar de detenidos, de los cuales al menos una docena pasó a prisión preventiva con cargos de terrorismo imputados por la Fiscal.
El detonante de esta nueva ola de protestas, que se han registrado en varias provincias del país, tiene un nombre concreto: la eliminación del subsidio al diésel.
La medida decretada hace dos semanas por Noboa ha ocasionado que el precio de este combustible pasara de 1,80 a 2,80 dólares por galón.
Este aumento impacta directamente en los costos de transporte, la producción agrícola y la economía familiar de amplios sectores, especialmente de las comunidades indígenas y rurales que dependen del diésel para sus actividades productivas y de movilidad.
Aparte de la derogación del decreto sobre la eliminación del subsidio al diésel, desde la Conaie exigen la liberación de los detenidos durante la represión a las protestas.
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