Diputada Pizarro llama a quebrar el “pacto de silencio” de civiles y uniformados tras reportaje sobre Bernarda Vera

Un llamado a quebrar el “pacto de silencio” que mantienen civiles y uniformados que participaron en los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, realizó la diputada Lorena Pizarro, a raíz del reportaje de Chilevisión que, que aborda el caso de Bernarda Vera, persona registrada oficialmente como detenida desaparecida desde 1973, y que presuntamente estaría viviendo actualmente Argentina

La parlamentaria y ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) planteó que la identificación de eventuales casos que no corresponderían a una desaparición forzad, depende, fundamentalmente, de que se rompa el muro de impunidad erigido por los perpetradores.

“No sería el primer caso y no sé si será el último, porque eso es la desaparición forzada”, afirmó.

“Hay un pacto de silencio de los civiles y uniformados que hicieron desaparecer personas en este país. Si este pacto de silencio se rompe, seguramente vamos a saber quiénes son y qué pasó con nuestros familiares detenidos y detenidas desaparecidas y, como tema secundario, quiénes son los que se han hecho pasar por víctimas de desaparición forzada”, planteó.

Con esta declaración, Pizarro puso el acento en que la prioridad absoluta para las familias sigue siendo acceder a la verdad histórica y judicial sobre el paradero de sus seres queridos.

“Lo más importante es saber qué les pasó y quiénes son los responsables del secuestro y desaparición de nuestros familiares”., enfatizó.

La herida que se reabre y el aprovechamiento político

La legisladora se refirió al impacto y el dolor que situaciones como las de Bernarda Vera provocan en el movimiento de derechos humanos y criticó a aquellos sectores que buscan capitalizar políticamente el caso, y que en muchas ocasiones han sido los mismos que han guardado silencio sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

“Más allá del aprovechamiento político que quieren hacer los mismos sectores que guardan silencio, para los familiares se vuelve a abrir la herida, y parece que nunca se deja de abrir”, expresó Pizarro. “Para nosotras y nosotros esto no es fácil, respaldamos absolutamente lo que resuelvan hacer las agrupaciones de familiares, porque son ellas las que han dado la lucha para un nunca más”, dijo en declaraciones recogidas por Radio Nuevo Mundo.

Con estas palabras, Pizarro reivindicó el rol central y la autonomía de las organizaciones de víctimas, destacando que han sido ellas las principales impulsoras de la lucha por la memoria y las garantías de no repetición en el país.

Cuestionamientos al Gobierno y la responsabilidad del Estado

Sobre las posibles responsabilidades que tendría el actual Gobierno, Lorena Pizarro apuntó directamente a la necesidad de aclarar el grado de conocimiento que habría tenido el ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre esta situación específica de Bernarda Vera.

“Desde el año noventa se pudo haber hecho todo. Y también este gobierno y no se ha hecho todo para que esto no siga siendo una herida abierta para el país y para las familias y sobre todo para que establezcamos garantías de no repetición”, afirmó, haciendo un recorrido por las décadas de deudas en materia de verdad y justicia.

“Creo que se debe aclarar información si el ministro Cordero lo supo antes y también saber qué ha hecho el Gobierno para resolver particularmente esta situación”, apuntó.

La parlamentaria cerró su intervención con una reflexión que sintetiza la permanente lucha de las familias de los detenidos y desaparecidos durante el régimen de Pinochet.

“Pero voy a reiterar algo, no sé si va a ser la última y no es la primera, el tema es que no podemos seguir estando en una situación tan brutal de que cada cierto tiempo nos enteramos, además de todo lo que se nos ha ocultado, también. Eso es un dolor para la familia”, planteó.

El caso de Bernarda Vera, más allá de sus particularidades, ha vuelto a instalar en el debate público la demanda histórica del movimiento de derechos humanos: la necesidad imperiosa de romper el pacto de silencio que, 50 años después del Golpe de Estado, sigue impidiendo que Chile conozca toda la verdad sobre los detenidos desaparecidos.