La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y también la Defensoría de las Víctimas, esta última, una iniciativa largamente esperada por familias que han vivido hechos de violencia y que hasta ahora no contaban con acompañamiento jurídico especializado.
La ley fue inspirada en el caso de Alejandro Martínez, un joven de la comuna de San Antonio que fue asesinado en 2008. Precisamente, la diputada por la zona, Camila Rojas (FA) valoró el respaldo transversal que tuvo la iniciativa y destacó su significado humano.
«Es una buena noticia para Chile que exista una Defensoría de las Víctimas, que las familias cuando enfrenten delitos, especialmente violentos, no tengan que hacerlo solas, como lamentablemente les tocó a don Víctor y a la señora Margarita. El Estado debe cumplir un rol activo y acompañarlas. El apoyo fue unánime tanto en el Senado como en la Cámara, y eso demuestra la importancia de este avance», señaló la legisladora.
En tanto, y notoriamente emocionada, Margarita González, madre de Alejandro Martínez, agradeció la aprobación y recordó los años de esfuerzo que dieron origen a esta nueva institucionalidad.
«Un día, en 2008, a mi niño le quitaron la vida de forma brutal. Desde ahí con mi esposo hemos tenido un peregrinar por todos lados. Hoy es un día triste y a la vez feliz, porque se logró algo que beneficiará a todo el país. Mi hijo tenía 19 años y hoy su nombre vivirá a través de esta ley. Ya no habrá más familias solas, sin abogado, sin apoyo. Esta ley es justicia y dignidad para todas las víctimas», declaró.
¿De qué se trata la nueva institucionalidad?
El nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia será descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y se someterá a la supervigilancia del Presidenta a través del Ministerio de Justicia. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago y se desconcentrará territorialmente a través de direcciones regionales.
La propuesta, además, aclara que el organismo será, para todos los efectos legales, el sucesor y continuador legal de las corporaciones de asistencia judicial del país.
Así, el nuevo servicio tiene como objetivo permitir el acceso a la justicia a través de:
- La entrega de orientación legal.
- Del otorgamiento de asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección.
- Apoyo sicológico y social, en los casos en que corresponda.
- De la asesoría y representación jurídica, así como el apoyo social y sicológico, de las personas naturales víctimas de delitos.
- De la promoción e implementación de programas de mediación y resolución colaborativa de conflictos.
- De la administración del sistema de mediación familiar.
En tanto, la Defensoría deberá otorgar:
- Asistencia psicosocial, para mitigar los efectos negativos del delito y evitar su victimización secundaria.
- Información y asesoría acerca de sus derechos y la forma de ejercerlos.
- Asesoría e información respecto de las medidas cautelares y de protección que pueden solicitar al fiscal a cargo y de su seguimiento, ya sea respecto de aquellas que éste pueda ordenar por sí mismo, como de aquellas que requieran autorización del tribunal.
- Orientación respecto de programas estatales a los que puedan acceder.
- Representación jurídica, a fin de permitir su participación en el proceso penal, incluyendo la ejecución de la pena. También el ejercicio de las acciones civiles destinadas a perseguir las responsabilidades derivadas del hecho punible.
Revisa el boletín del proyecto AQUÍ
El Ciudadano