«Crisis de confianza»: Seremi de Justicia RM pide apurar reforma de nombramientos judiciales

Ante la «crisis de confianza» en las instituciones públicas, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana (RM), Jaime Fuentes, instó a apurar la propuesta de reforma al sistema de nombramientos judiciales presentada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En conversación con La Mañanera, programa conducido por el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, el seremi señaló que la iniciativa que busca reformar el proceso de nombramientos de jueces, juezas y ministros en sus distintos niveles, con base en pilares como el mérito, la transparencia y la probidad, «ha seguido su tramitación normal en el Congreso».

«Ha estado saliendo de las diversas comisiones con las que hay cuales tiene que atravesar. Ha recibido hartas indicaciones y observaciones, ya sea por parte del parlamentarios como por parte del Ejecutivo también, para poder generar ciertas adecuaciones dentro de la normativa», explicó.

Sin embargo, hizo un llamado a los parlamentarios a que el proyecto sea aprobado cuanto antes para que se convierta en ley y se pueda llevar a cabo una transformación en el Poder Judicial, a través de la cual los nombramientos se realicen a partir de concursos competitivos que evalúen las capacidades y trayectorias de los candidatos, asegurando altos estándares de transparencia y objetividad en el proceso.

«Nosotros estamos esperando que esto salga lo antes posible para que ya sea ley, para poder publicarlo y así avanzar con un sistema de nombramiento mucho más transparente, mucho más objetivo y que genere menos suspicacia también dentro de la ciudadanía», expresó Fuentes, al tiempo que destacó la importancia de brindar confianza en la labor del Poder Judicial que se ha visto recientemente empañada por señalamientos de casos de corrupción e irregularidades.

«Hoy en día vemos una crisis de confianza con las diversas instituciones públicas debido a los casos de corrupción que se han visto en el último tiempo. Por lo tanto, es fundamental contar con un sistema de nombramiento que sea lo más objetivo, que sea por el mérito y que se obtenga también de manera transparente hacia la ciudadanía», enfatizó.

Planteó que uno de los objetivos de esta reforma apunta a generar condiciones de ética y transparencia parea que en el país «no vuelvan a producir este tipo de situaciones que lo único que hacen es mermar la confianza en un sistema de administración de justicia que hoy en día está funcionando y que nosotros estamos trabajando para poder reforzar y poder fortalecer la justicia no solamente en la Región Metropolitana, sino que también a lo largo del país».

El proyecto contempla la creación del Consejo de Nombramientos de Jueces, que será responsable de seleccionar candidatos y candidatas en base a criterios objetivos relacionados al mérito.
El nuevo sistema separará además las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema, transfiriendo la gestión administrativa a un organismo autónomo que rinda cuentas a la Contraloría, por lo que los jueces tendrán más tiempo para resolver casos y dictar sentencias en vez de estar ocupados en tareas administrativas. Asimismo, se prevé fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Judicial, para que cuente con herramientas que permitan evaluar los conflictos de interés y realizar investigaciones a las infracciones a la probidad.

Reparación integral para las víctimas del estallido

Durante la entrevista con La Mañanera, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de la RM, fue consultado por el desarrollo de una Ley de Reparación Integral para las víctimas del estallido social de 2019 y su posible ingreso antes de que culmine el mandato del presidente Gabriel Boric.

Fuentes señaló que «efectivamente, hay una legislación que se está conversando, la conversación la está liderando la subsecretaria de Derecho Humanos, Daniela Quintanilla junto con la senadora Fabiola Campillai (Ind) y se han reunido en diversas instancias para poder analizar este tipo de proyectos para ver la factibilidad de poder presentarlo».

«En definitiva, lo que hoy día nosotros estamos tratando de ver es que se están avanzando estas conversaciones junto con el presidente (Boric) para poder ver la factibilidad de poder ingresarlo», indicó el abogado especializado en Derechos Humanos, egresado de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Sin embargo, aclaró que yo cuenta con la información suficiente para «poder decir que si se va a presentar o no se va a presentar el proyecto de ley».

«Esas son conversaciones que están, como dije, en materia de la Subsecretaría y que nosotros vamos a seguir avanzando en brindarle el apoyo y la atención a las víctimas del estallido que hoy en día lo requieren. Ya sea por medio del programa Pacto, ya sea por medio de las ayudas sociales que se pueden entregar por los diversos municipios de la Región Metropolitana y en ese sentido también como una ventanilla de apoyo para las víctimas del estallido que efectivamente hoy día requieran un apoyo para poder continuar con sus vidas o sobre todo para poder tener la reparación que requieran», señaló Fuentes, quien se desempeño como abogado de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos del estallido.

Mayor acceso a la justicia y defensa de las víctimas de delitos

El pasado miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite y despachó a ley el proyecto que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, al respecto el seremi destacó que «viene a garantizar uno de los derechos más importantes que tiene la ciudadanía en nuestro país, como es el acceso a la justicia», que comprende el «acceso a una orientación jurídica, a una representación en el caso de que no se pueda costear por sí mismo un abogado y poder implementar todas las acciones necesarias para poder llegar a la justicia y que los mismos tribunales decidan en los casos que correspondan».

Al ser consultado por sobre ¿quiénes califican para acceder al Servicio Nacional de Justicia», Fuentes indicó que principalmente está orientado «para las personas que efectivamente por sí solas no puedan costearse un abogado y que cuyos recursos no les permitan poder tener esta defensa letrada frente a lkos tribunales» tribunal.»

«Estamos hablando en casos que no tengan que ver con el ámbito penal, son solamente de civiles, de familia y los otros tipos de problemas jurídicos que pueda tener la ciudadanía porque recordemos que en el ámbito penal tenemos la defensoría penal pública», aclaró.

Explicó que se lleva a cabo una evaluación socioeconómica, «ya sea por el registro de hogares o por una entrevista de un trabajador social que tenemos en cada uno de los centros y que van a estar funcionando para poder acreditar que efectivamente no cuenta con los recursos necesarios y que el uso de los recursos públicos sea focalizado de una manera correcta para quienes realmente lo necesitan».

Además, recordó que la ley establece ciertos grupos prioritarios o de protección que van a ser también representados jurídicamente por el Servicio.

«En este caso, por ejemplo, tenemos a los niños y adolescentes, adultos mayores, en el caso de las víctimas, vamos a tener la Defensoría de las Víctimas como una primera institución pública que va a trabajar junto a las víctimas de delitos violentos o de delitos graves para poder obtener la justicia y darles también seguimiento a los casos y un acompañamiento que hoy en día las personas no tienen», subrayó.

El seremi se refirió al déficit de funcionarios y funcionarias existentes en el país en materia de abogados que puedan brindarle una atención adecuada a la ciudadanía.

Por tal motivo, destacó que desde el Gobierno han inyectado cerca de 13 mil millones de pesos para poder» aumentar la cobertura que nosotros tenemos en estos programas yy también colocarnos o instalarnos con los centros en las comunas que sean más lejanas hacia los núcleos o los centros regionales».

«La idea es poder distribuir de esta manera el servicio a lo largo de todo el país y que la ciudadanía tenga una facilidad en el acceso para poder orientarse y tener una representación jurídica», subrayó.

Fiscalía Supraterritorial para enfrentar el crimen organizado

El seremi valoró la reciente promulgación de la Ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público, iniciativa que refuerza la capacidad del Estado para investigar y perseguir el crimen organizado y los delitos de mayor complejidad.  

La nueva normativa, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, permitirá que la Fiscalía Supraterritorial opere con competencia nacional, coordinando y especializando la investigación de delitos como el narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y crimen organizado transnacional.

La autoridad planteó que ante el déficit de personal, esta instancia permitirá aumentar la cantidad de profesionales que contribuyan a realizar «una persecución efectiva del delito»

«Al contrario de lo que se menciona, es mucho menos burocracia porque lo que vienen a desarrollar los Fiscales Supraterritoriales en este caso es que puedan perseguir un delito que se haya cometido tanto en Arica como en Magallanes y van a tener la potestad jurisdiccional de poder hacer las diligencias y las investigaciones de estos delitos a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Por qué?, porque el crimen organizado ha ido evolucionando en el último tiempo y se ha hecho presente en nuestro país», argumentó.

En la emisión de La Mañanera de este viernes 10 de octubre, nuestro director analizó la reciente la destitución de la Presidenta del Perú, Dina Boluarte, y entrevistó al diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical).

Puedes ver el programa íntegro a continuación: