José Jerí asumió durante la madrugada de este viernes como presidente de Perú después de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte, tras aprobar de forma unánime cuatro mociones de vacancia en su contra, impulsadas por la creciente crisis social y de seguridad que experimenta el país suramericano.
Sin embargo, la llegada al poder del abogado de 39 años y quien ejercía como titular del Parlamento para el periodo 2025-2026, no está exenta de controversias, ya que cuenta con un historial de denuncias e investigaciones abiertas
De militante de Somos Perú al gobernar Perú
Nacido en Lima el 13 de noviembre de 1986, Jerí se formó en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Inca Garcilaso de la Vega, donde estudió Derecho, mientras cursaba la carreta comenzó a militar en Somos Perú, un partido joven que se autodenomina de centro (aunque medios peruanos lo catalogan de derecha) y en el que ocupó cargos de dirigencia juvenil.
Su salto político vino de la mano de la casualidad institucional, aunque intentó ser congresista en las elecciones, no lo logró, pero posteriormente pudo asumió la curul en reemplazo del inhabilitado Martín Vizcarra.
Una vez en el puesto, participó en la redacción de distintas leyes de trabajo, economía, seguridad, salud, deporte y educación y llegó al cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto (2023-2024).
Según el medio digital peruano Caras, gracias a esta posición pudo cultivó relaciones con alcaldes, gobernadores y empresarios del rubro de obras públicas, las cuales—según fuentes parlamentarias— le permitieron establecer una red de apoyó lo llevó a ocupar la presidencia del Congreso el 26 de julio de 2025 con 79 votos y apoyo transversal de bancadas de derecha y centro.
La Constitución peruana establece que, ante la ausencia de vicepresidentes, el presidente del Congreso ocupa el cargo de manera interina, por lo que fue gracias a este mecanismo, Jerí pasó a liderar el Ejecutivo en un escenario de tensión política y social.
Historial de denuncias y acusaciones contra Jerí
En sus primeras palabras como nuevo presidente, Jerí se comprometió a liderar un gobierno de transición y señaló que, a partir de ahora, le declara la guerra al crimen organizado que está afectando a Perú.
“El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos, debemos declararle la guerra a la delincuencia, afirmó.
Sin embargo, su llegada al Palacio de Gobierno se encuentra en el centro de la controversia. Su historial judicial y las acusaciones en su contra son un tema de dominio público que ha generado rechazo en amplios sectores de la sociedad civil.
En primer lugar figura una denuncia penal por violación sexual que fue presentada en enero de 2025 por una mujer que lo acusa de haberla agredido sexualmente durante una reunión de Año Nuevo en la localidad de Canta. El caso incluyó la expedición de medidas de protección a favor de la denunciante y un informe psicológico que, según consignó el medio citado describía patrones de «impulsividad y conducta sexual patológica» en el entonces congresista.
Frente a estos graves señalamientos, Jerí se defendió y en una conferencia de prensa ofrecida en febrero de 2025, declaró que se trataba de una «maniobra política» orquestada en su contra.
La investigación fue archivada por la Fiscalía Suprema en agosto de 2025, alegando falta de evidencias.
Sin embargo, un juzgado civil le ordenó que recibiera tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”.
Debido a que Jerí optó por no cumplir esta orden, se inició una investigación en su contra por «presunta desobediencia a la autoridad», un proceso que sigue abierto en la actualidad.
Durante su gestión al frente de la Comisión de Presupuesto, una empresaria del sector construcción lo señaló por presuntamente solicitarle el pago de 150,000 soles (alrededor de 43.000 dólares) a cambio de agilizar la inclusión de proyectos de infraestructura en el presupuesto público. La denuncia, ampliamente difundida, nunca llegó a judicializarse plenamente, pero provocó que la bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentara un pedido formal para levantar su secreto bancario.
Asimismo, los medios peruanos han advertido sobre la existencia de audios y chats que lo involucran directamente.
Además el nuevo presidente peruano estuvo en el centro de una investigación por enriquecimiento ilícito (2021-2024), estuvo implicado en el caso “La fiscal y su cúpula del poder” (2024-2025) y como presidente del Congreso recientemente fue señalado por un sospechoso y millonario cambio en la contratación de los seguros médicos para trabajadores de la institución legislativa-.
«El contrato 2025–2026 no solo abarca a los trabajadores del Congreso, sino también a sus cónyuges e hijos de hasta 24 años, una cobertura ampliada que eleva sustancialmente el costo total del servicio y que, en la práctica, convierte al Estado en asegurador privado de miles de familiares», consignó Caras, dejando en claro que esta trama «recién empieza».
Pese a este cúmulo de señalamientos, sus aliados en el Congreso lo blindaron sistemáticamente argumentando que ninguna de las causas había concluido con condena.
Tras su designación como presidente, el octavo que tiene Perú en menos de una década Ahora le toca enfrentar el inmenso reto de tomar las riendas de un país azotado por la delincuencia y la corrupción política.
Bajo su mandato tendrá que administrar una transición con un Congreso que hoy exhibe poder, pero también desgaste y descrédito y conducir al país a un nuevo proceso electoral.