Chile pide perdón en Londres a familia de sobreviviente de tortura en dictadura, reconoce daño y demoras que impidieron condena penal

En un acto de profundo significado histórico y reparatorio, el Estado de Chile ofreció una disculpa pública oficial a la familia de Leopoldo García Lucero, sobreviviente de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien junto a su familia fue forzado al exilio en el Reino Unido hace cincuenta años.

Según informó la organización de derechos humanos REDRESS. en la ceremonia celebrada en la Embajada de Chile en Londres, no solo se reconoció el daño causado a García y sus familiares, sino también la responsabilidad del Estado chileno en las demoras para investigar y enjuiciar, que impidieron llevar a cabo una condena penal contra su torturador, quien falleció en Estados Unidos en 2022 sin ser extraditado.

El acto contó con la presencia de miembros sobrevivientes de la familia de Leopoldo residentes en el Reino Unido, incluyendo a dos de sus hijas y en representación del Gobierno asistieron la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, y la embajadora de Chile ante la nación europea, Ximena Fuentes.

Compromiso del Estado: Verdad, justicia y reparación

En su intervención, la subsecretaria Daniela Quintanilla se refirió a la importancia de aprender de las fallas del pasado, haciendo especial hincapié en la necesidad de agilizar los procesos de justicia para crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, reafirmó el compromiso del Estado chileno “de garantizar que los procedimientos de extradición por crímenes internacionales, como los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, se tramiten de manera rápida, transparente y con responsabilidades institucionales claras, asegurando que la burocracia o las circunstancias políticas no obstaculicen el acceso a la justicia.”

«Al reunirnos aquí en la Embajada, no solo honramos la memoria de don Leopoldo, sino que también reconocemos el dolor profundo y duradero que han soportado quienes más lo amaron. Su esposa y sus hijas cargaron con el peso de su sufrimiento en sus propias vidas», afirmó la embajadora Ximena Fuentes.

Señaló que el Estado de Chile reconoce «que las huellas de la violencia política no afectan únicamente a la víctima directa, sino también a su familia a lo largo de generaciones».

«Que este acto sirva como reafirmación del compromiso del Estado chileno con la verdad, la justicia y la reparación», apuntó.

Primer caso en resolverse ante la CIDH por parte de un sobreviviente de la dictadura

Leopoldo García Lucero, un partidario del gobierno de Salvador Allende, fue detenido el 16 de 1973 tras el golpe de Estado, en primer lugar fue llevado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, posteriormente a la Primera Comisaría de Santiago y luego al Estadio Nacional, sonde fue repetidas torturas.

Forzado al exilio en 1975, vivió en Londres con su esposa y sus tres hijas hasta su muerte en 2021, cargando con una discapacidad permanente resultante de las lesiones que le dejaron las agresiones perpetradas por los agentes de la dictadura,

Su lucha por la justicia traspasó fronteras y marcó un precedente. En 2013, su caso se convirtió en el primero de una víctima viva de violaciones a derechos humanos de la dictadura en ser resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tribunal ordenó a Chile indemnizar a García Lucero por la demora en investigar las torturas, ya que éste conocía el caso desde 1994 y no se decidió a abrirlo hasta 16 años después. La compensación incluyó una suma de 20.000 euros, financiación para tratamientos médicos relacionados con la tortura que soportó, y una disculpa pública. También ordenó que Chile iniciara una investigación penal “dentro de un plazo razonable.”

El tribunal también exigió al Estado iniciar una investigación penal «dentro de un plazo razonable».

Aunque en 2014 recibió una primera disculpa por la tortura sufrida, la justicia penal se demoró. La Corte Suprema de Chile solicitó formalmente la extradición de uno de los agentes de la dictadura que lo torturó, Carlos Humberto Minoletti Arriagada, desde Estados Unidos en 2017. Sin embargo, Minoletti falleció en abril de 2022 sin haber sido extraditado ni enjuiciado, frustrando la posibilidad de una condena penal .

De este modo, García falleció sin haber visto cómo uno de sus agresores era responsabilizado penalmente por su tortura.

Cicatrices del exilio: Testimonios de la familia

El acto en la embajada fue también un espacio para que la familia diera testimonio del costo humano de la tortura y el exilio. Francisca García, una de las hija de la víctima, leyó un emotivo discurso donde describió el «caos» que marcó sus vidas.

«Buscaba estabilidad; una vida normal que parecía tan fuera de alcance. Sin embargo, los sentimientos que tenía y la forma en que veía el mundo quedaron fundamentalmente alterados por mis experiencias», relató.

«En momentos de desesperación, incluso recurrí a huir, creyendo que irme de alguna manera me ofrecería el respiro que tanto anhelaba. Ha sido un trayecto largo y doloroso, y las cicatrices de mi pasado no se curan fácilmente», subrayó.

Fragmentos del testimonio de la viuda, Elena Otilia García, de 94 años, fueron leídos en su nombre, en los que relató las duras experiencias que vivieron en el exilio: «Nuestras vidas cambiaron por completo al llegar a Inglaterra porque perdimos nuestro mundo: en Chile se quedaron nuestros padres, hermanos, el resto de nuestra familia y amigos, el sitio donde vivíamos, nuestros trabajos y nuestros sueños. El día a día se volvió una lucha para subsistir en un mundo que no era el nuestro», recordó.

«Al llegar al Reino Unido fuimos víctimas de discriminación en la vivienda social donde nos dieron posada. Nos ponían bolsas de basura afuera de nuestra puerta y nos tiraban cosas a la ventana dijo.

“En nuestra casa no fue solo Leopoldo quien fue detenido, torturado y expulsado del país. Lo que le hicieron a él tuvo y sigue teniendo un impacto terrible en mi vida y en la de mis hijas es que Chile no nos ha reconocido como víctimas.”

Asimismo, cuestionó la lentitud de la justicia chilena y recordó que «Ccuando la democracia regresó a Chile, el Gobierno chileno debió encarcelar a quienes torturaron a Leopoldo.

«No entiendo por qué la justicia se ha demorado tanto», enfatizó.

María Elena Klug, otra de las hijas, enfatizó el carácter intergeneracional del daño: «[La tortura] no se queda con la persona que fue torturada; afecta a todos, aunque de modo diferente. Somos todas víctimas de las injusticias y de la violación de los derechos humanos de Leo, y todo esto ha tenido un gran impacto en nuestras vidas. La familia lleva cicatrices psicológicas y todos somos víctimas de estas injusticia».

«Lamentablemente, este tipo de análisis y estos tipos de impactos rara vez son tomados en cuenta. Es importante que los perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos sepan que sus acciones no solo impactaron a Leo, sino a todas nosotras; a la siguiente generación y a la siguiente», acotó.

Leopoldo García «no vivió para ver una justicia plena en su caso»

Chris Esdaile, asesor jurídico senior de REDRESS, la organización de derechos humanos que representó a García Lucero ante la CIDH desde 2002, indicó que «Leopoldo no vivió para ver una justicia plena en su caso, y su familia ha sido profundamente afectada tanto por la falta de condena de quienes le torturaron como por los efectos intergeneracionales del tratamiento que sufrió.»

Leopoldo García Lucero, reconocido como la víctima de tortura número 9.581 por la Comisión Valech, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad, un legado que ahora el Estado chileno, a través de esta disculpa, busca honrar y reparar, aunque sea de forma tardía. Su historia permanece viva en un archivo permanente dedicado a su caso en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago, un recordatorio de una de las aproximadamente 200.000 personas exiliadas y más de 38.000 sobrevivientes de tortura de la dictadura de Pinochet (1973-1990).