Proyecto que regula usos de la Inteligencia Artificial en Chile avanzó al Senado

Uno de sus principales rasgos es que no regula la tecnología en sí misma, sino los usos de los sistemas de IA, aplicando un enfoque de riesgo proporcional. Esto permite adaptar las exigencias según el impacto potencial en la ciudadanía, concentrando la fiscalización en los ámbitos donde puedan verse afectados la salud, la seguridad o los derechos fundamentales, explicaron desde el Ministerio de Ciencia.

Proyecto que regula usos de la Inteligencia Artificial en Chile avanzó al Senado

Autor: El Ciudadano
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La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de ley (boletines 15869 y 16821) que regula los usos de los sistemas de inteligencia artificial (IA) en Chile, una iniciativa que busca promover la creación, el desarrollo, junto con la innovación e implementación de estas tecnologías.

Desde el Ministerio de Ciencia resaltaron el avance del proyecto y recordaron que con él se establece «un marco normativo que garantice un desarrollo sostenible y ético de esta tecnología al servicio de las personas, en coherencia con los principios democráticos y el Estado de derecho».

«A diferencia de otros países que han optado por marcos no vinculantes o fragmentados, el proyecto chileno establece una regulación clara, integral y exigible, que combina la protección de derechos con el fomento a la innovación», señalaron en una nota.

¿Qué dice el proyecto?

Uno de sus principales rasgos es que no regula la tecnología en sí misma, sino los usos de los sistemas de IA, aplicando un enfoque de riesgo proporcional. Esto permite adaptar las exigencias según el impacto potencial en la ciudadanía, concentrando la fiscalización en los ámbitos donde puedan verse afectados la salud, la seguridad o los derechos fundamentales, explicaron desde el Ministerio de Ciencia.

«La pregunta no es si Chile tendrá inteligencia artificial, sino con qué reglas la tendremos. Y este proyecto ofrece tres certezas: derechos protegidos, innovación habilitada y confianza pública», subrayó el ministro Aldo Valle.

En ese sentido, se aprobaron algunas enmiendas que apuntaron a reforzar la privacidad y gobernanza de datos. Además, se amplió el rol del Consejo para la Transparencia, conforme a la Ley 20.285, y adicionalmente, se estableció como obligación de transparencia que los operadores de sistemas de IA que generen contenidos sintéticos (audio, imagen, video o texto) los identifiquen como tales o se explicite que fueron objeto de manipulación de manera artificial.

También se redefinió la clasificación de usos de riesgos. Estas son:

  • Inaceptable: prohibidos por atentar contra derechos fundamentales.
  • Alto: pueden afectar derechos si fallan o se usan indebidamente.
  • Limitado: riesgo no significativo de manipulación, engaño o error.
  • Sin riesgo evidente: los que no entran en las categorías anteriores.

En cuanto a los usos de riesgo inaceptable, se prohibió la ‘manipulación subliminal’ mediante IA. Esto, en tanto induzca conductas dañinas o afecte la decisión informada de las personas; salvo con fines terapéuticos, con consentimiento expreso.

Sobre este punto, hay que mencionar que varios aspectos contenidos inicialmente en el proyecto no lograron aprobarse, entre ellos, la creación de un consejo asesor y la vía de fiscalización de la ley.

Uso responsable

Con el fin de avanzar hacia una regulación más completa, el gobierno del Presidente Boric unió el proyecto de ley con una propuesta parlamentaria y la ingresó al Congreso el 7 de mayo de 2024. 

La iniciativa incluyó el trabajo del Comité de Expertos en IA, mesas de diálogo con la industria, la academia y la sociedad civil, así como los principios de organismos internacionales como la Unesco y la OCDE. Lo anterior, «para establecer reglas claras para quienes desarrollan, implementan o comercializan sistemas de IA, entregando certezas a la industria, fomentando el emprendimiento y promoviendo un uso ético, transparente y responsable de estas tecnologías».

En agosto de 2025, el Ejecutivo presentó indicaciones para perfeccionar su aplicación sin alterar sus principios. Entre ellas destacan la inclusión del rol del Estado en la promoción de infraestructura habilitante -en línea con el Plan Nacional de Data Centers-, el fortalecimiento de la innovación segura, y la creación de programas de alfabetización ciudadana sobre IA.

«La propuesta forma parte del esfuerzo del Estado por impulsar un desarrollo tecnológico responsable, donde la innovación y la protección de derechos fundamentales avancen de manera equilibrada, garantizando que la inteligencia artificial se ponga efectivamente al servicio del bienestar y del desarrollo del país», puntualizaron desde la cartera ministerial.

«La inteligencia artificial sólo tiene sentido en la medida en que amplía derechos, mejora la calidad de vida y fortalece la democracia. Y Chile, más allá del cambio de administraciones, ha decidido poner la tecnología al servicio de la dignidad humana y del bien común», enfatizó el ministro Valle.

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