La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, solicitó formalmente a Codelco -a través de su Presidente Ejecutivo, Máximo Pacheco– que remita una copia del contrato de asesoría suscrito con el banco de inversiones Morgan Stanley, en el marco del acuerdo Codelco–SQM por el Salar de Atacama. El requerimiento quedó consignado en el Oficio N° 165.930/25 de la División Jurídica de la CGR, que fija un plazo de 10 días hábiles para informar y pide expresamente adjuntar el contrato.
Por Unidad de Investigación El Ciudadano
La CGR derivó la presentación del economista Camilo Lagos -quien pidió un pronunciamiento sobre la juridicidad de actuaciones de Corfo y Codelco- para que Codelco responda “al tenor de lo expuesto por el recurrente”, con patrocinio de su asesoría jurídica y remitiendo “todos los antecedentes necesarios”, incluido el contrato con Morgan Stanley. La orden se cursó “Por orden de la Contralora General” y fue dirigida al Presidente Ejecutivo de Codelco.
¿Qué se busca aclarar?
En su escrito, Lagos detalla que Pacheco remitió a la Cámara de Diputadas y Diputados, el 6 de mayo, una copia del contrato entre Codelco y Morgan Stanley, entidad que asesoró a la estatal en las negociaciones con SQM. Según ese mismo documento, el mandato con el banco se firmó el 30 de marzo de 2023, antes del anuncio oficial de la Estrategia Nacional del Litio; además, contemplaría una comisión base de 0,4% del NPV atribuible a Codelco y una comisión de incentivo pagadera en dos tramos (a la firma del acuerdo definitivo y al cierre).
El encargo a Morgan Stanley —sostiene la presentación— fue explícitamente para buscar la formación de un joint venture o acuerdos vinculantes entre Codelco, Corfo y SQM (u otra contraparte) respecto de concesiones de Corfo, reconociendo incluso que Corfo podía contratar a su propio asesor financiero.
La presentación subraya posibles incentivos contrapuestos, al estar la remuneración del asesor financiero ligada a beneficios para Codelco en la asociación. De allí el interés de Contraloría en revisar el contrato para evaluar probidad, imparcialidad y eventuales conflictos de interés en la negociación del acuerdo.
Si queda una oportunidad ecuánime y que defienda el interés del país en vez de los beneficios para privados esa oportunidad tiene nombre y apellido: Dorothy Pérez.
EL Ciudadano
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