Ecuador en paro: denuncian “brutal represión” de Noboa contra universitarios

Organizaciones sociales denunciaron que estudiantes universitarios fueron víctimas de represión por parte de las fuerzas del Estado, ordenada por el gobierno de Daniel Noboa a las movilizaciones del paro nacional en Ecuador.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció que durante la noche del miércoles en la Universidad Central, se vivió una represión desmedida en las zonas de paz que se instalaron.

«Hoy la policía del Ecuador incursionó en las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador ,se ha violentado la autonomía universitaria, se han tomado un edificio colindante con la facultad de veterinaria donde reprimen a los estudiantes que no pueden salir. Exigimos que se garantice la libertad de quienes están resguardados dentro de las instalaciones de la universidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos para todas las personas que están ejerciendo su derecho a la resistencia», plantearon en un comunicado publicado en su cuenta en X. 

«Exigimos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dejen salir a los estudiantes que se encuentran sitiados en la Universidad», indicó la agrupación.

La Inredh también denunció que en medio de la represión a las movilizaciones, dos jóvenes universitarios fueron detenidos por los uniformados.

«Exigimos a la policía nacional y al estado ecuatoriano garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de las personas que están dentro de la universidad y de quienes han sido detenidos arbitrariamente», indicaron.

En la misma línea, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) expresó su condena a «las agresiones contra nuestros compañeros estudiantes y la brutal represión».

De acuerdo con las organizaciones, las fuerzas de seguridad del Estado están violando la autonomía universitaria e incluso están disparando a quemarropa a las brigadas médicas estudiantiles y persiguiendo a los alumnos y manifestantes, tal y como se puede apreciar en videos e imágenes que circulan en redes sociales.

La represión no se limitó al ámbito universitario. El Inredh también informó sobre la detención de dos estudiantes del Colegio Mejía, mientras participaban en un plantón pacífico de la plaza Indoamérica en la tarde de este miércoles.

La conflictividad se extendió a varias comunas y provincias. En Otavalo, más de 50 personas de comunidades se concentraron en los exteriores de Criminalística para exigir “verdad, justicia y reparación por José Guamán”, quien fue asesinado por un impacto de bala durante la represión de las fuerzas armadas y policiales en Imbabura. Este caso se suma a las denuncias de la CONAIE sobre un tercer manifestante asesinado en el contexto del paro.

Movilización popular y solidaridad con el paro

Mientras la represión se recrudecía, la resistencia popular se reorganizaba. La corresponsal de teleSUR en Ecuador, Elena Rodríguez, reportó que la comuna de San Miguel del Común, en el norte de Quito, salió a las calles con antorchas, cánticos y banderas para expresar su respaldo al paro nacional.

Relató que los comuneros reafirmaron su rechazo al alza del diésel y a la represión estatal registrada en distintas provincias.

“Nuestra lucha es por la dignidad del pueblo”, fueron parte de las consignas de los manifestantes, quienes reforzaron los puntos de resistencia en solidaridad con las comunidades de la provincia de Imbabura, al norte del país.

Movilizaciones similares se registraron en Oyacoto, Santa Anita y varias comunas más, en rechazo a lo que califican como “medidas dictatoriales” y a la represión estatal, consignó TeleSUR.

Mientras tanto, otras organizaciones sociales como la UNE (Unión Nacional de Educadores), la FUT (Frente Unitario de Trabajadores) y el Frente Popular continuaron con sus movilizaciones, exigiendo la derogatoria del Decreto 126, que puso fin al subsistido del diésel y que se declare en emergencia la salud y educación.

Las protestas también rechazan la falta de insumos médicos, la legalización del extractivismo minero y petrolero en reservas nacionales —incluidas las Galápagos— y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas desde la declaración del “Conflicto Armado Interno” por parte del gobierno de Daniel Noboa.