Senadora Campillai a seis años del 18-O: “Avanzar hacia una política desde abajo”

Senadora Fabiola Campillai: «El Estado ha abandonado a las víctimas de la represión del Estallido Social»

A seis años de la crisis social de octubre de 2019, la senadora Fabiola Campillai, víctima de violencia institucional que la dejó con ceguera permanente, compartió una columna en la que denuncia la persistente impunidad en los casos de violaciones a los Derechos Humanos y exige al Estado respuestas concretas.

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En su texto, titulado “18-O: Avanzar hacia una política desde abajo”, la parlamentaria recuerda que Chile vivió “la mayor crisis de violaciones a los derechos humanos en 30 años”, con un saldo de alrededor de 40 fallecidos, más de 400 traumas oculares y cientos de víctimas de torturas y abusos sexuales. Sin embargo, destaca con indignación que “hoy, menos del 1% de los casos tiene condenas, dejando un manto de impunidad”.

Campillai, quien fue electa senadora con primera mayoría histórica tras estos hechos, acusa que “las víctimas que buscan justicia y sus familiares están actualmente abandonados por el Estado y, lamentablemente, también por el gobierno”, situación que ha llevado a varios a “suicidarse”. Subraya que la respuesta estatal ante las protestas que exigían transformaciones sociales “fue brutal, especialmente contra la población más postergada y vulnerable”.

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La senadora hace un llamado a no repetir la historia y a que el Estado dé respuestas a las exigencias ciudadanas de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Plantea que las preguntas sobre cómo construir un país justo, con igualdad de oportunidades y vida digna, siguen vigentes.

“Hoy más que nunca, Chile necesita que la política se construya desde los territorios, desde los sectores más postergados”, afirma, comprometiéndose a seguir llevando al Parlamento las demandas de justicia social y verdad frente a la violencia institucional.

Finalmente, Campillai reitera su exigencia de que “el Estado juzgue y condene a los culpables de la violencia institucional” y asuma su responsabilidad en la reparación integral de las familias de las víctimas, enfatizando que “casi siempre han sido los sectores más marginados, postergados y vulnerables quienes cargan con el peso de la injusticia”.