A través de la campaña #FueraReimberg la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció las violaciones de derechos humanos registradas durante el paro nacional y señaló como uno de los principales responsables a John Reimberg, ministro del Interior del gobierno de Daniel Noboa.
«Desde el inicio del paro nacional de Ecuador, la fuerza pública ha actuado con brutalidad bajo las órdenes del ministro del interior John Reimberg», indicaron desde la organización en su cuenta en X.
«Denunciamos la violencia sistemática del Estado, la represión no es seguridad, es terrorismo de Estado. #FueraReimberg», señalaron al convocar a una jornada de resistencia que se llevó a cabo el domingo a través de las redes sociales, para «romper el cerco mediático y sostener la verdad» de lo que sucede en Ecuador.
En un video compartido en Facebook en el que se deja en evidencia el alcance de la represión ordenada por la administración de Noboa y su ministro del Interior, desde la Conaie plantearon quec con cada palabra Reimberg «justifica más represión, más heridos, más violencia contra un pueblo que protesta con dignidad».
«Mientras comunidades enteras son atacadas, usted llama “enemigo” al Ecuador que exige justicia y derechos», expresaron.
Asimismo, exigieron al mandatario de derecha detener la represión a las movilizaciones populares y aplicar medidas para atender las reivindicaciones que demanda la ciudadanía.,
«Basta de amenazas, basta de guerra interna. El Gobierno de Daniel Noboa debe responder con soluciones políticas, no con balas», afirmaron.
Paro nacional en pie
Tras cuatro semanas de masivas movilizaciones, la Conaie ratificó que el paro nacional en contra de Noboa y sus medidas neoliberales, se mantiene en pie, luego de que se hicieran públicos los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y algunos representantes del movimiento indígena de la provincia de Imbabura.
El paro surgió tras la firma del Decreto Ejecutivo 126 el pasado 12 de septiembre, a través del cual la administración del mandatario de derecha eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.
Este aumento impacta directamente en los costos de transporte, la producción agrícola y la economía familiar de amplios sectores, especialmente de las comunidades indígenas y rurales que dependen del diésel para sus actividades productivas y de movilidad, lo que llevó a la Conaie, junto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Coordinadora Nacional de Estudiantes (Conaes) y otras agrupaciones a declarar el estado de movilización permanente.
Las protestas también rechazan la falta de insumos médicos, la legalización del extractivismo minero y petrolero en reservas nacionales —incluidas las Galápagos— y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas desde la declaración del “Conflicto Armado Interno” por parte del derechista.
En un intento por desactivar la crisis, el 15 de octubre se instaló una mesa de diálogo en Otavalo entre algunos dirigentes indígenas de Imbabura y el gobierno de Noboa, luego de que se registrara una violenta intervención militar contra los manifestantes en ese territorio.
Ante este escenario, la dirigencia nacional de la Conaie aclaró que no fue convocada a dicho espacio de negociación y acusó al Gobierno de buscar la fragmentación del movimiento indígena mediante acuerdos parciales.
Según consignó TeleSUR, «las bases comunitarias que sostienen la movilización en distintos territorios también rechazaron los compromisos, alegando que las decisiones se tomaron sin consulta previa y ratificaron la continuidad de las medidas de protesta».
De este modo, las demandas centrales del paro se mantienen inamovibles e incluyen: la derogación del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel; la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 12% y el rechazo al referéndum convocado por Noboa para el 16 de noviembre, que busca, entre otros puntos, abrir un proceso para una nueva Constituyente.
«Ninguna provocación debe dividirnos. Se mantienen vigentes las resoluciones del Consejo Ampliado del 14 de octubre, que resolvió reorganizar la resistencia, fortalecer la unidad, decir NO a la Consulta Popular y reafirmar la resistencia en todos los territorios», afirmaron desde la Conaie.
En la misma línea de la Confederación, el pueblo Kichwa Karanki, tras una Asamblea Territorial, resolvió mantener su participación en la resistencia hasta que el Decreto 126 sea derogado. Además, anunció el fortalecimiento de su articulación comunitaria y su respaldo a la campaña por el “No” en la consulta popular impulsada por Noboa.
En respuesta, el Ejecutivo emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que “no existen condiciones para el diálogo” —al que accedió tras intensas presiones de los manifestantes— y que no aceptará lo que calificó como “imposiciones o chantajes”.
Represión «indiscriminada», «desproporcionada» y «sistemática» de Noboa
Con este texto, el Gobierno de Noboa pateó el proceso de diálogo que había convocado y advirtió que “actuará con firmeza”.
Un informe publicado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (DD.HH) del Ecuador dibuja un panorama sombrío de la gestión gubernamental del Paro Nacional 2025, acusando al presidente Daniel Noboa de desplegar una represión «indiscriminada», «desproporcionada» y «sistemática» que ha dejado una estela de centenares de víctimas y vulnerado garantías constitucionales fundamentales.
Con datos recopilados hasta el 18 de octubre, el segundo boletín semanal de la Alianza contabiliza 377 vulneraciones de derechos humanos, 205 personas detenidas, 296 heridas, 15 desaparecidas temporalmente y 3 personas fallecidas. El documento afirma que, durante la semana analizada, «la represión aumentó con despliegue masivo y desproporcionado de fuerzas militares y policiales, una persona ejecutada extrajudicialmente, varios heridos, detenciones arbitrarias y violación a derechos varios».
- Uso ilegítimo y desproporcional de la Fuerza: El caso de Imbabura
El informe centra sus críticas más severas en el operativo militar desplegado en la provincia de Imbabura los días 13 y 14 de octubre. El gobierno nacional ordenó el envío de «un convoy militar… compuesto por 5.000 uniformados adicionales a los 2.000 ya presentes en la zona». La acción fue presentada oficialmente como “humanitaria y productiva”, una figura que el boletín desmonta citando a la Cruz Roja Ecuatoriana, que «se negó a participar y recordó, entre otras condiciones, que un convoy humanitario no puede estar controlado ni escoltado por fuerzas armadas».
Sobre las consecuencias, el boletín detalla que, «además de la muerte de José Guamán por disparo de arma de fuego», un joven de 18 años perdió una pierna, dos personas presentan lesiones oculares graves y «decenas resultaron heridas por impactos de bombas lacrimógenas y proyectiles disparados a corta distancia». La Alianza subraya la arbitrariedad de las detenciones: «Solo en Imbabura, ese día se registraron 66 detenciones, entre ellas, 7 menores de 18 años. Todas las personas fueron liberadas posteriormente, varias con signos de golpes y maltrato físico, lo que evidencia la ilegalidad y arbitrariedad de las detenciones así como uso ilegal de la fuerza».
- Violación de la autonomía universitaria y represión a estudiantes
El 15 de octubre, la represión escaló hasta los claustros universitarios. «Efectivos de la Policía Nacional ingresaron a la Universidad Central del Ecuador, en persecución a estudiantes que se manifestaban pacíficamente», relató el informe, al tiempo que señaló que «durante horas, lanzaron gases lacrimógenos y agua a presión dentro de las Facultades, incluso en espacios donde brigadas médicas voluntarias atendían a heridos». En el boletín la organización calificó estos actos como «una grave violación a la autonomía universitaria», además de una vulneración a los derechos a la expresión y a la integridad personal. - Criminalización de la libertad de expresión
La estrategia gubernamental, según el documento, incluye un esfuerzo deliberado por controlar la narrativa y silenciar voces críticas. «La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) suspendió las frecuencias de las radios comunitarias Ilumán e Inti Pacha, medios claves en la cobertura del Paro Nacional», indicó. Estas acciones son denunciadas por la Alianza como un «afán de silenciar a la prensa independiente y negar el derecho del pueblo a estar informado».
La violencia también se dirigió contra periodistas. «El 14 de octubre, el periodista Edison Muenala, del canal comunitario Apak TV, fue herido de bala en el brazo derecho mientras cubría los enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares en Otavalo», destacó el documento.
- Hostigamiento a comunidades y agresiones en Quito
El hostigamiento se extendió a comunidades urbanas en la capital. El 19 de octubre, la Policía Nacional lanzó «intensamente gas lacrimógeno contra las comunas Santa Anita de Calderón y San Miguel del Común del pueblo Kitu Kara en Quito. Esto afectó a decenas de familias, incluyendo niñas, niños y personas mayores».
El informe detalló que ese mismo día, se reportó «la detención de Leonardo Daniel Arriaga Gonzales de 31 años, quien fue golpeado y sacado de su domicilio en Santa Anita de Calderón». Según testigos citados, «Arriaga había reclamado a la policía por los gases lacrimógenos que afectaban directamente a su vivienda, donde se encontraba un bebé».
En un incidente particularmente grave, «en San Miguel del Común, hirieron de gravedad al comunero Robert Palacios Samueza, a quien habrían disparado en el ojo mientras pedía alto al fuego con los brazos en alto». El informe añade que, según testigos, «hay un policía afuera del hospital en el que estaría ingresada la víctima».
- Vulneración al derecho de reunión y espacio público
El derecho a la protesta pacífica fue anulado por la administración de Noboa. En el Parque El Arbolito, «policías impidieron la realización de una misa por la paz y en homenaje a las personas fallecidas en Imbabura, convocada por organizaciones sociales y las Hermanas Misioneras Lauritas». Según el documento, los agentes de la policía alegaron «órdenes superiores» y «por al menos 5 horas, policías y militares permanecieron en el parque para evitar que se reunieran los fieles».
Violencia estatal e impunidad
El boletín denunció que frente al paro nacional se han evidenciado «patrones de criminalización, abuso de la fuerza y restricción al derecho a la protesta social».
La Alianza advirtió que «conforme pasan los días se recrudece la violencia estatal contra manifestantes, no manifestantes, y comunidades».
Asimismo, acusó al gobierno de Noboa de «tergiversar figuras del derecho internacional humanitario para legitimar su violencia sistemática» y criticó la figura del convoy “humanitario y productivo” que, a su paso, «deja comunidades gaseadas y personas heridas y detenidas y viola la integridad de los territorios ancestrales».
La organización alertó que «el uso ilegal de la fuerza letal aumenta» y que a casi un mes del inicio de llas movilizaciones en Ecuador, el saldo de muertos y heridos permite afirmar que ya no se trata de uso excepcional y justificado de la fuerza letal.
En su informe, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador lanzó una crítica a la inacción de los organismos de control.
«No existe control institucional sobre el uso de la fuerza ni sobre las actuaciones del Ejecutivo. Las entidades de control y fiscalización del Estado han omitido su deber de investigar y supervisar las acciones del gobierno durante el Paro Nacional. La institucionalidad de derechos humanos ha tenido un rol nulo».
«Esta inacción debilita la independencia institucional y favorece la impunidad frente a las vulneraciones de derechos humanos», advirtió la organización.
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