La medida generó un clima de incertidumbre y vulneración ante el incumplimiento municipal, mientras que las autoridades se acusan mutuamente.
A inicios de 2025 se materializó el traspaso de la educación municipalizada de San Bernardo al Servicio Local de Educación Pública —SLEP— El Pino, el cual se realizó con deudas previsionales y remuneracionales históricas hacia los trabajadores. Este incumplimiento de la Ley de Nueva Educación Pública desató la indignación y la alerta de las organizaciones de los afectados, quienes acusan al municipio y al Ministerio de Educación de vulnerar sus derechos.
Ante la situación, Yasna Sánchez Rubio, Presidenta de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación Pública de Chile —AEFEN—, fue enfática al señalar que la incertidumbre les genera un «profundo desgaste emocional y económico en las y los asistentes de la educación», debido a que impacta en la vida de las personas y no solo se trata de: «un número o de beneficios impagos», sostiene.
El dirigente de Asistentes de la Educación de San Bernardo, Nicolás Díaz, profundizó en este aspecto, señalando que, si bien la deuda previsional debería estar en camino de ser saldada gracias a un ordinario del Mineduc a Hacienda, la incertidumbre se centra en las deudas remuneracionales. Díaz relata que la preocupación de la gente se relaciona con la falta de claridad en el compromiso del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien en diciembre de 2024 refirió que: «bajo la administración del actual presidente Gabriel Boric se iban a pagar las deudas que se tenían con los trabajadores», asegura. Pese a la promesa, el dirigente afirmó que la Mesa Técnica perdió convocatoria, dejando a los trabajadores «en alerta y a punto de llevar a la acción».
Frente a la disputa pública entre el ministro Cataldo, quien responsabiliza al alcalde Christopher White, y el mismo edil socialista, quien devuelve la acusación al Mineduc, las organizaciones decidieron intensificar sus movimientos. Yasna Sánchez, afirmó que no descansarán “hasta que se respeten los derechos» y exigirán que el Ministerio asuma su responsabilidad legal, no descartando acudir a la Contraloría, a los tribunales y a todas las instancias que correspondan ante lo que consideran una «gestión tan deficiente» por parte del alcalde White. Por su parte, Nicolás Díaz indicó que tienen la opción de demanda colectiva en contra del municipio: «es la vía legal que tenemos hoy para exigir el pago de la deuda previsional y de remuneraciones, hacia el municipio de San Bernardo como responsable de esto».
El dirigente recordó que legalmente el edil de San Bernardo, pese a ser el ex empleador, sigue siendo el «responsable legal directo» de la situación, incluso si el Ministerio interviene. Además, menciona que la solicitud de destitución del alcalde White de los concejales de oposición —Juan Francisco Rivera, Carolina Fuentealba, María Jesús Núñez y Mariela Araya— ante el Tribunal Electoral Regional por «abandono de deberes» y el no pago de cotizaciones «dificulta mucho más poner ojo y atención en esto», comenta. El llamado de Díaz al alcalde es sumarse nuevamente a la convocatoria de la Mesa, para no sentirse «huérfanos de un municipio”.
Más allá de la contingencia, ambos asistentes de la educación coinciden en que lo ocurrido es una grave señal de alerta sobre el modelo educativo. Yasna Sánchez asegura que lo de San Bernardo es un síntoma de algo mucho más profundo: “un modelo que, en su implementación, ha evidenciado fallas importantes», por lo que insisten en la necesidad de que el Parlamento acelere la tramitación del proyecto que modifica la Ley 21.040, que crea los SLEP.
En una línea similar, Nicolás Díaz sostiene que el problema fundamental es el débil financiamiento de la educación pública chilena, donde el modelo de subvención por asistencia no da abasto para la complejidad de la población vulnerabilizada que educan. Asimismo, el dirigente afirmó que se está repitiendo el patrón de la administración municipal que lleva a la precariedad.
La reflexión final apunta a la urgente necesidad de que las palabras se traduzcan en acciones concretas. Díaz resumió el sentir de miles de trabajadores asegurando que quieren acciones consistentes, lamentando que los discursos populares y atractivos “no se traducen a lo que pasa en lo cotidiano, en los espacios laborales que hoy existe en la educación pública”, concluye. Este escenario de tensión y desconfianza mantiene a los asistentes de la educación en estado de alerta, a la espera de una solución efectiva que ponga fin a la vulneración de sus derechos.
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