Las nuevas leyes exprés del Gobierno de Canadá refuerzan la falsa promesa de una «reconciliación económica»

En Canadá, una serie de nuevas leyes está acelerando proyectos de gran envergadura al reducir los controles medioambientales y los procesos de consulta con las comunidades indígenas. Enmarcada como una necesidad económica, esta legislación recurre a la llamada «reconciliación económica» para presionarlas y que acepten los proyectos extractivos. Sin embargo, al eludir el consentimiento libre, previo e informado, estas disposiciones debilitan los derechos de los pueblos indígenas y las verdaderas relaciones entre naciones.

Por Janelle Lapointe

El paquete legislativo ha dado un giro vertiginoso a la forma en que Canadá valida los principales proyectos de desarrollo. En los últimos meses, tanto en Ottawa como en Victoria y Queen’s Park se han aprobado leyes que debilitan las medidas de protección ambiental y centralizan la toma de decisiones al amparo de la llamada «urgencia económica». 

Una de las nuevas leyes en vigor es de carácter federal: la Ley de Economía canadiense, conocida como Proyecto de Ley C-5, garantiza “la aceleración los proyectos de los proyectos de construcción estatal” considerados de interés nacional, al facultar al gabinete para eximirlos de cumplir con determinadas leyes. La aprobación de esta iniciativa, que se tramitó pasó por el Parlamento federal en solo tres semanas, refleja movimientos similares a nivel provincial.

En Ontario, el Proyecto de Ley 5, creado para establecer «zonas económicas especiales», permite que se eludan los controles medioambientales, la protección de especies en riesgo y las normas sobre el patrimonio. En Columbia Británica, los Proyectos de ley 14 y 15 otorgan a la administración provincial amplios poderes para sortear los procesos en vigor y acelerar el desarrollo con el fin de cumplir los objetivos de transición a energía sostenible.

Mientras se aplicaba esta legislación “exprés”, los pueblos indígenas, los grupos ecologistas, los políticos de la oposición e, incluso, algunos líderes empresariales advirtieron que las nuevas leyes vulnerarían los derechos de los pueblos indígenas y las medidas de protección medioambiental, todo ello en aras de acelerar los procesos.

En cambio, los líderes de Canadá, presentaron la nueva legislación como una medida urgente, necesaria y audaz para actuar frente a una economía asediada por aranceles, la incertidumbre global y las regulaciones complejas. El primer ministro Mark Carney advirtió sobre una «crisis nacional» derivada de los aranceles comerciales de Estados Unidos y utilizó la amenaza de Donald Trump para reunir apoyo en favor del Proyecto de la Ley federal. Los líderes provinciales de Ontario y la Columbia Británica llevaron a cabo advertencias similares. 

Todo lo anterior se suma a la amenaza que pesa sobre los derechos de los pueblos de los indígenas, la supervisión ambiental y la rendición de cuentas pública. Es más, estos mismos gobiernos elaboran estas leyes como parte de un compromiso mayor: la llamada» reconciliación económica». 

En otras ocasiones he cuestionado esta palabra tan de moda al ser considerada una falsa promesa para los pueblos aborígenes. He visto cómo este lenguaje se utiliza para presionar a las comunidades indígenas con el fin de que acepten este tipo de proyectos tan dañinos haciéndoles creer que representan prosperidad. Se presentan como una oportunidad económica para atraparlos en planes corporativos extractivos que ellos no diseñaron, no controlan y les resulta difícil rechazar.

¿Una reconciliación a la defensiva?

Los objetivos del Proyecto de Ley C-5 se enmarcan de manera bastante explícita en términos de «reconciliación económica». Afirma que la legislación «desencadenará el crecimiento económico, con la colaboración del pueblo indígena como eje de este desarrollo». El primer ministro Carney, en una declaración, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, enumeró la “creación de riqueza y prosperidad generacional” para las comunidades indígenas como “esencial en el compromiso de avanzar hacia la reconciliación”. En Ontario, el ministro Greg Rickford, quien está al frente de la cartera recientemente designada como “Asuntos de los Pueblos Indígenas y Reconciliación Económica de las Primeras Naciones”,recurrió en gran medida en una retórica similar, al indicar: “No hablo de los problemas de los indígenas. Hablaré sobre sus oportunidades”. 

En decir, los gobiernos de todo el país sugieren que el impulsar el bienestar de los pueblos indígenas dependa de la extracción de combustibles fósiles y minerales. Más allá de los gestos superficiales, debemos preguntarnos: ¿qué se queda rezagado a medida que la visión de reconciliación del estado se limita?

La ley de la DNUDPI de Canadá, que incorporó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2021, y la DRIPA de Columbia Británica, que hizo lo propio a nivel provincial en 2019, se aprobaron como un compromiso histórico para alinearlas con los derechos de los indígenas, en concreto, con aquel que alude al derecho a un consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, el Proyecto de Ley 15 de Columbia Británica solo menciona la DRIPA una vez y no ofrece mecanismos efectivos de rendición de cuentas para garantizar dicho consentimiento. El Proyecto de Ley 15 faculta al gabinete para anular las revisiones ambientales, el único proceso oficial en el que los pueblos indígenas pueden manifestar su preocupación sobre los riesgos que representan para las tierras y las vías fluviales. 

El Proyecto de Ley 5 de Ontario y el Proyecto de Ley Federal C-5 todavía van más lejos, al eximir por completo de los controles a los llamados proyectos “estratégicos”.

Aunque muchos de los llamados líderes progresistas de distintas jurisdicciones han valorado el papel del liderazgo de los pueblos indígenas en acción climática, ahora esos mismos líderes han creado vías para megaproyectos que superarán sus propios compromisos climáticos y socavarán la responsabilidad de promover los derechos y los títulos de los aborígenes a los que ampara la constitución.El primer ministro David Eby destacó que Columbia Británica necesita acelerar la extracción de minerales críticos para impulsar la transición energética. Sin embargo, está claro que las nuevas leyes no se destinarán únicamente a la infraestructura «verde». Tras aprobar los Proyectos de Ley 14 y 15, la Oficina de Evaluación Ambiental de la provincia dictaminó que el programa Prince Rupert Gas Transmission (por sus siglas en inglés, PRGT), un gasoducto no convencional que lleva años retrasado, podría haberse llevado a cabo con un permiso otorgado hace diez años, a pesar de que ahora la construcción se desarrolla en un entorno ambiental y político completamente diferente.

El PRGT ha sido cuestionado por muchos pueblos indígenas a lo largo del proyecto, en particular, por los Jefes Hereditarios de Gitanyow.Sin embargo, cuenta con el apoyo del Gobierno Nisg̱a’a Lisims, que se ha asociado con Western LNG para construirlo. La aprobación por parte del gobierno de Columbia Británica no es un descuido, sino más bien una decisión política deliberada para favorecer a las naciones indígenas que estén dispuestas a asociarse en megaproyectos y marginar a los que se resisten. 

En mi anterior reseña sobre la reconciliación económica, comparé que Canadá ofrece a las naciones indígenas la oportunidad de asociarse en proyectos que generan abultadas ganancias a las multinacionales y a nosotros nos dan el pastel cuando solo quedan migajas. Pero ahora, al el gobierno al impulsar una serie de leyes más favorables a las empresas, la industria de los combustibles fósiles también quiere su parte.

En vista de la historia de Canadá sobre políticas de supresión cultural de los pueblos indígenas, es necesario un compromiso legislativo para el consentimiento libre, previo e informado para equilibrar de nuevo el poder y restaurar una relación genuina entre naciones. Leyes como la Ley de la DNUDPI y la de DRIPA de Columbia Británica representan pasos importantes; sin embargo, en la práctica, los gobiernos han retrasado la implementación de los protocolos de consentimiento y el cumplimiento de sus responsabilidades en la restitución de las tierras, la autodeterminación y la reparación sistémica. La plena aplicación del consentimiento informado implica cambiar quién tiene la última palabra a la hora de tomar las decisiones.

El gobierno liberal ha declarado en varias ocasiones que «el consentimiento libre, previo e informado no es un veto.» Pero, ¿por qué no? Un veto no bloquearía todo el proceso, sino que obligaría a las administraciones a negociar de buena fe y a respetar los intereses propuestos por los indígenas. En cambio, el estado ha optado por afianzar el poder casi absoluto de los legisladores y ha dejado a las naciones indígenas inhabilitadas para decir “no” sin enfrentarse a largas batallas legales o a la policía militarizada. 

Una falsa dicotomía

Subyacente a estos proyectos recientes está lo que yo llamo un potencial ecónomico reprimido.Al aceptar la «reconciliación económica» como suficiente, los gobiernos y gran parte de la ciudadanía creen que el único camino hacia el bienestar de los indígenas es el desarrollo intensivo basado en los modelos económicos actuales:los mismos que se construyeron sobre el genocidio aborigen y el robo de tierras.

Esta visión forzada actúa como un obstáculo para cualquier barrera a los megaproyectos—como cumplir con las normas ambientales o lograr el consentimiento de los pueblos nativos— al presentarlos como problemas que pueden resolverse mediante la normativa impuesta por la autoridad central. El falso dilema entre una economía y los derechos de los indígenas refuerza el estereotipo racista de que los pueblos indígenas son un impedimento para el progreso. Es un relato que coacciona, aun más, a los pueblos indígenas a apoyar proyectos que no son lo mejor para ellos, ya que muchos son plenamente conscientes de que manifestar inquietudes conlleva el riesgo de que se les tache de contrarios al progreso o de ser ajenos a la necesidad de trabajar de su comunidad. Este estereotipo caduco justifica una versión limitada de la reconciliación, dominada por intereses corporativos. En lugar de que los gobiernos cumplan con las obligaciones de los pueblos indígenas, nos quedamos con modelos empresariales de empleo y crecimiento simplistas, y se nos dice que o nos unamos o que dejemos paso.

Debemos rechazar esta falsa dicotomía y el mal uso de la «reconciliación económica». Es posible tener prosperidad económica mientras y respetar los derechos de los pueblos nativos, así como mantener sólidos los mecanismos de seguridad medioambiental, si diseñamos políticas con dicha armonía. Una tarea que requiere creatividad, paciencia y una alianza verdadera. Se nos demanda <>que dejemos de aceptar las migajas del pastel ante la falta de iniciativa económica. Porque seamos claros: los pueblos indígenas no son los únicos a quienes se les miente sobre lo que les corresponde. Los líderes políticos les venden el mismo cuento de la falta de recursos a los demás canadienses. Se espera de nosotros que reduzcamos nuestras expectativas mientras las grandes empresas amplían sus ganancias. En los últimos meses, los políticos nos dijeron que alzáramos la “voz” y compráramos productos canadienses, mientras el gobierno federal se acercaba a Trump y Columbia Británica aprobaba un megaproyecto respaldado por los estadounidenses. Son las mismas fuerzas que están pisoteando los derechos de las naciones indígenas, incrementando el coste de la vida, recortando los derechos laborales y convirtiendo los bienes públicos en alimento para las ganancias privadas. Un estado que no respeta el consentimiento indígena no respetará a su sindicato, las necesidades de la comunidad ni un futuro juntos.

Rumbo a una visión colectiva

En este momento, algunos se preguntan: «Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa?» Esa pregunta no es una trampa; es una sugerencia. En consecuencia, planteo: ¿Y si lo descubrimos juntos? ¿Qué pasaría si dejáramos de pensar en la reconciliación y las políticas climáticas como temas marginales y los viéramos como parte de un futuro juntos ? 

Durante mucho tiempo, los pueblos indígenas han gobernado sustentados en la reciprocidad y el cuidado de la tierra. En todo el mundo, vemos ejemplos de sistemas energéticos democráticos, energías renovables comunitarias y economías de bienestar que priorizan a las personas y al planeta. Tenemos oportunidades para crear empresas nuevas y programas públicos, como una brigada juvenil climática. Este tipo de ideas son el fruto de la imaginación colectiva y de la recuperación tradicional que el gobierno intenta erradicar con esta legislación. Si hay razones para ser optimistas, éstas están en la unidad y la claridad con la que las comunidades indígenas respondena la legislación exprés. Hayden King, director ejecutivo del Yellowhead Institute, ha establecido un paralelismo con hace más de una década, cuando las leyes generales que desmantelaban las protecciones medioambientales provocaron el movimiento Idle No More. Mi esperanza es que la resistencia actual se convierta en un rechazo total a la «reconciliación económica» y en una negativa a conformarse con algo menos que la implementación de los derechos y los títulos de los aborígenes. 

Los canadienses ahora se enfrentan a una elección: o exigimos más a nuestros gobiernos, al insistir en que respeten los tratados y la Declaración de la ONU, y luchamos con todas nuestras fuerzas por los frágiles ecosistemas de los que dependemos; o bien aceptamos este futuro atropellado, en el que la reconciliación y la justicia climática se alejan cada vez más de nuestro alcance. 

*Janelle Lapointe trabaja como activista por la justicia climática y los derechos de los pueblos indígenas de la Primera Nación Stellat’en.

Actualmente es invitada en los territorios de Sḵwx̱wú7mesh (Squamish), Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) y xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam).

*Artículo publicado originalmente por Wire

*Imagen destacada: Wire.