Despojo y ofensa del Estado: familia yagán recurre a la justicia para frenar desalojo solicitado por la Armada

En el extremo austral, una familia yagán de Bahía Mejillones (sector Katushwea, Puerto Williams) —de linaje directo de Úrsula Calderón (1923–2003) y con Cristina Calderón (1928–2022, Tesoro Humano Vivo 2009) como tía abuela— presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para frenar el desalojo solicitado por la Armada. El escrito invoca el Convenio 169 de la OIT (consulta y consentimiento libre, previo e informado) y denuncia vulneraciones de derechos; una medida que, por su carga histórica y cultural, se asemeja a un despojo y puede leerse como una ofensa del Estado.

Cómo se originó el conflicto

Todo comenzó con el Oficio N.º 169, fechado el 1 de octubre: la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena notificó a la familia que debía regularizar vía concesión marítima o desalojar, con 20 días hábiles para responder y la advertencia de uso de fuerza pública. La familia lo considera inaceptable: sostiene que Bahía Mejillones —el lugar donde viven y trabajan— fue restituido a su comunidad en 1994 conforme a la Ley Indígena.

Por qué el caso llega a tribunales

La familia yagán pide una orden de no innovar para suspender cualquier desalojo mientras se conoce el fondo del asunto. Solicita oficiar a Conadi para que informe sobre los títulos de la Comunidad Indígena Yaghan Bahía Mejillones inscritos en el Registro de Tierras Indígenas y que la Delegación acompañe toda la documentación que sustenta la medida. Entre los derechos vulnerados sostenidos en el recurso, además de los descritos y asociados al Convenio 169 de la OIT, se cuentan la integridad psíquica, la honra, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y el derecho de propiedad.

“Desalojarnos sin escucharnos previamente es privarnos de nuestro derecho a existir allí, junto al mar”, se lee en el recurso —según consignó La Prensa Austral. El mismo escrito califica el taller familiar como un “museo vivo” y espacio de transmisión cultural.

La voz de la familia

Claudia González —artesana yagán, hija de Martín González Calderón— describió, al medio antes citado, el alcance del ultimátum:

“Se me quiere desalojar del predio de bahía Mejillones, sector Katushwea. Con total indignación he recibido un ultimátum de desalojo levantado por la Armada de Chile en conjunto con la Delegación Presidencial Provincial, para retirar mi vivienda, embarcación y todas nuestras pertenencias por la supuesta ‘ocupación ilegal’”.

Remarcó el impacto cultural del desarraigo:

“Nos quieren sacar del lugar en donde desarrollo estos trabajos, donde obtengo las materias primas y transmito a mi familia lo que allí mismo me enseñaron mis padres y abuelos. Me están pidiendo que desarme y abandone la casa y taller donde mi padre, Martín González Calderón vivía, trabajaba y nos enseñaba la cultura yagan. Seguramente todas estas ‘autoridades’ vendrán en algún momento de nuevo a tomarse fotos y levantar lindos discursos para la galería”.

Y añadió sobre las restricciones de movilidad:

“La Armada nos vulnera muchos los derechos. La prohibición de navegar y muchas prohibiciones a nosotros como pueblo nos perjudica porque no podemos mantener nuestras tradiciones de navegar libre”.
“Es una vergüenza lo que está haciendo la Armada de Chile, el gobierno y la Corporación de Desarrollo de Indígena Conadi, vulnerando los mínimos derechos que tenemos”.

Qué dice la autoridad

Consultada previamente por La Prensa Austral, la Delegación Provincial explicó que la Armada fiscaliza ocupaciones irregulares en bienes públicos bajo su jurisdicción y notifica a quienes carecen de título para el borde costero. Sostuvo que se citó a la usuaria para orientar la regularización y precisó que “no existe en este momento una orden de desalojo vigente, sino un proceso de regularización en trámite”, agregando que, de no haber avances ni descargos, la Capitanía podría solicitar el desalojo con uso de fuerza pública.

Contexto histórico y cultural

En el territorio fueguino, los pueblos Selk’nam, Kawésqar y Yagán fueron sometidos a un proceso colonizador que derivó hasta casi su exterminio —cultural y físico—, lo que explica la poca existencia actual de otras comunidades originarias en la zona. En el caso yagán, la política estatal desplazó a las familias sobrevivientes y las redujo a Ukika, en la periferia urbana de Puerto Williams, enajenando expresiones culturales y limitando la movilidad por canales e islas para reocupar sus espacios tradicionales. Según los datos disponibles, las y los yaganes poblaron estos territorios hace 9.000 años.

Memoria viva del linaje Calderón

Úrsula Calderón (1923–2003) es recordada por su ímpetu para enseñar el idioma, las leyendas y las técnicas de tejido a las generaciones jóvenes del pueblo yagán. Durante décadas fue fuente principal para investigadores e investigadoras de todo el mundo. Falleció a los 79 años en Punta Arenas (16 de abril de 2003) y fue sepultada con una gran ceremonia en el cementerio de Bahía Mejillones; su familia recibió condolencias desde diversos países. Fue madre de Julia, Martín y José, y hermana de Cristina. Claudia González es nieta de Úrsula por línea paterna (Martín González Calderón), dato genealógico relevante para acreditar pertenencia e identidad cultural en el territorio.

Cristina Calderón Harban (1928–2022), Tesoro Humano Vivo desde 2009, fue reconocida como depositaria de la lengua y cultura yagán. Nacida en Puerto Róbalo, vivió en Caleta Eugenia, Puerto Navarino e isla Picton. Junto a su nieta Cristina Zárraga registró la lengua y el patrimonio oral; en 2016 se publicó la biografía Cristina Calderón. Memorias de mi abuela yagán. En el árbol familiar de Claudia, Cristina es su tía abuela, lo que refuerza el vínculo directo de la familia con la transmisión cultural y la memoria viva del pueblo yagán en el archipiélago fueguino.

Derechos en juego y ofensa del Estado

En una región de baja densidad como Magallanes, el catastro de comunidades indígenas por comuna es público y verificable. A ello se suma —según la familia— que Bahía Mejillones y el sector fueron restituidos a su comunidad en 1994 al amparo de la Ley Indígena, antecedente que vuelve contradictorio exigir una concesión marítima bajo amenaza de desalojo en su propio espacio. Avanzar hacia el retiro sin consulta ni consentimiento (estándares del Convenio 169) erosiona derechos culturales y de arraigo, desconoce la continuidad de un “museo vivo” y la confianza legítima generada por la restitución. Por esa combinación, la medida se asemeja a un despojo y puede leerse como una ofensa del Estado.

El caso queda ahora en manos de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que debe resolver la orden de no innovar y abordar las diligencias solicitadas a Conadi y a la Delegación Presidencial. La familia, por su parte, insiste en una regularización con participación efectiva y en resguardar el taller como espacio vivo de transmisión cultural.