Por Katherine Rozas y Amaru Vásquez, presidenta y director del Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores
En algunos días se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias, un proceso que definirá el rumbo político y social del país para los próximos años.
Ante este hecho, el Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, tras un proceso de diálogo entre sus distintas comunas, en asambleas regionales dispuestas para aquello, se discutió, analizó y sistematizó una serie de ejes en torno a la Educación Pública, que consideramos fundamentales que las y los candidatos incorporen en sus programas y compromisos con el país.
El documento titulado “Ejes gremiales para la defensa de la Educación Pública” es el resultado de un trabajo colectivo y democrático, donde el magisterio analizó las causas profundas de la crisis educativa y formuló propuestas concretas para enfrentarla.
La educación pública en crisis
Hoy, apenas un tercio de la matrícula nacional pertenece a establecimientos públicos, mientras que el Estado destina menos del 4,5 % del PIB al gasto educativo, dejando que las familias financien más del 30 % del total. Estas cifras no son neutras: expresan la persistencia de un modelo que subordina la educación a la lógica del mercado, debilitando su rol social, comunitario y transformador.
Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que debían fortalecer lo estatal, han replicado en muchos casos la misma burocracia y distancia que caracterizó a la gestión municipal. En lugar de devolver la conducción pedagógica a las comunidades, se han transformado en estructuras administrativas que ahogan la vida escolar con papeleo, fragmentación y sobrecarga.
Por una educación con dignidad docente
Desde nuestra mirada gremial, no hay educación pública posible sin dignidad para quienes la sostienen. La actual Carrera Docente, concebida bajo una lógica de control más que de acompañamiento, ha generado estrés, competencia y desconfianza.
Proponemos una reforma estructural que reemplace la lógica punitiva por un modelo de mentoría, formación continua y colaboración profesional. La evaluación debe servir para aprender, no para castigar. La autonomía pedagógica, la estabilidad laboral y el reconocimiento salarial deben entenderse como derechos, no como incentivos sujetos a pruebas o tramos.
Del mismo modo, es urgente abordar el agobio laboral y la sobrecarga burocrática que deterioran la salud y el sentido del trabajo docente. Reconocer la labor de la jefatura de curso, fortalecer los equipos de convivencia escolar y recuperar el rol de los orientadores son pasos esenciales para rehumanizar la escuela y restituir su función formativa.
Inclusión, convivencia y ciudadanía
Una educación pública transformadora debe ser también inclusiva, diversa y libre de violencia. Ello exige actualizar el Decreto 170 con una mirada de derechos e interculturalidad, fiscalizar el uso de los recursos del Programa de Integración Escolar (PIE) y fortalecer los equipos pedagógicos que hacen efectiva la inclusión en las aulas.
En paralelo, resulta impostergable implementar una Educación Sexual Integral (ESI) transversal y permanente, que forme ciudadanía democrática y promueva el respeto a todas las identidades. No se trata de un añadido curricular, sino de una herramienta fundamental para prevenir la violencia, la discriminación y el abuso en las comunidades escolares.
Hacia un nuevo horizonte educativo
Defender la educación pública no es solo resistir el deterioro del sistema: es imaginar un nuevo proyecto educativo nacional. Requiere un financiamiento basal estable, participación vinculante de las comunidades escolares, y un Estado que asuma su responsabilidad como garante del derecho a aprender y enseñar en condiciones dignas.
Los “Ejes gremiales para la defensa de la Educación Pública” son una invitación a recuperar ese horizonte. No son un listado de reivindicaciones sectoriales, sino una propuesta integral para restituir el carácter público, democrático y humanizador de la educación.
En este contexto electoral, hacemos un llamado claro a que las candidatas y los candidatos asuman la educación pública como prioridad nacional, con compromisos concretos de financiamiento, participación y dignidad docente. Porque sin educación pública no hay democracia, y sin profesoras y profesores dignificados, no hay futuro posible.
Por Katherine Rozas y Amaru Vásquez, presidenta y director del Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores.-
