El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) pidió a las autoridades chilenas frenar el hostigamiento y la intimidación de periodistas por parte de políticos, y se retiren las querellas presentadas contra medios de comunicación independientes como El Ciudadano y Contrapoder.
«Nos preocupa cada vez más el uso indebido de las demandas y los poderes judiciales en Chile, en particular las demandas penales por difamación contra periodistas que informan sobre denuncias de corrupción en interés público», afirmó el director para las Américas del CPJ, José Zamora.
«Instamos a las autoridades a que retiren las últimas demandas contra El Ciudadano y Contra Poder y permitan a los medios de comunicación informar libremente», indicó.
El CPJ, fundado en 1981, una organización independiente y sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y defiende los derechos de los periodistas a nivel mundial.
El gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman presentó una denuncia por una publicación supuestamente difamatoria en las redes sociales del El Ciudadano en 2024 y nombró como demandados al actual director del diario, Javier Pineda, y a la entonces directora, Josefa Barraza.
Barraza, quien renunció al medio en marzo tras enfrentarse a múltiples demandas por difamación presentadas por políticos, explicó al CPJ que se trató de una imagen en la que se comparaba el historial de Giacaman con el de su rival político antes de las elecciones regionales de noviembre de 2024.
Mientras que Pineda señaló que la publicación en cuestión ha sido retirada de la cuenta en Instagram del diario.
«Se ha hecho público en los medios de comunicación una querella por injurias graves con publicidad que presentó el gobernador de la Región del Bio Bío en contra de la ex directora del ciudadano Josefa Barraza y en contra mía en calidad de director actual, por una publicación realizada el año 2024 en el Instagram de El Ciudadano», indicó.
Recordó que la Ley de Prensa contempla recursos para aclarar o rectificar información que se publica en los medios de comunicación o también permite presentar acciones de protección por vulneración del derecho a la honra. «Sin embargo, el gobernador Sergio Giacaman ha decidido emplear la herramienta de última ratio como es la querella injurias graves exigiendo la condena máxima para este tipo de delitos, la cual corresponde a tres años de prisión».
Planteó que en su caso se le imputa un delito en calidad de director del diario que habría ocurrido antes que comenzara a desempeñar sus funciones como tal.
«Más aún, el link al cual remite la querella, ni siquiera se encuentra disponible donde se encontraría la supuesta publicación injuriosa. Sin embargo, el señor Giacaman ha decidido querellarse en mi contra. Utilizando el sistema penal para amenazarnos con meternos a la cárcel», destacó Pineda en un video compartido en su cuenta en Instagram y en la de El Ciudadano.
Explicó que el Juzgado de Garantía de Concepción se declaró incompetente para conocer la causa, una decisión que fue apelada por los abogados del gobernador de la Región del Bio Bío.
«En el Juzgado de garantía de Concepción, donde asumí mi representación en mi calidad de abogado y en conjunto al abogado Mauricio Daza, quien asumió la defensa de Josefa Barraza, obtuvimos un pequeño triunfo, pues el juzgado de Concepción se declaró incompetente para conocer la causa. Sin embargo, los abogados del señor Giacaman han decidido a esta decisión, la cual será conocida por la Corte de apelaciones de Concepción en los próximos días», afirmó.
Pineda extendió un llamado a Chile Vamos, coalición a la que pertenece el señor Giacaman y en particular a la candidata presidencial Evelyn Matthei, para que no persigan a la prensa independiente.
«No tuvieron el valor de querellarse en contra de los trolls asociados al comando de José Antonio Kast (Partido Republicano) pero sí lo hacen contra dos directores de medios de comunicación independientes. Es necesario que se termine el uso del derecho penal para sancionar el ejercicio la libertad de expresión», enfatizó.
«Llamamos a todas las organizaciones sociales de derechos humanos y medios alternativos de comunicación a que no callemos nuestras voces frentes a las persecuciones penales y amenazas constantes que recibimos desde la derecha. Desde El Ciudadano nuestro compromiso sigue intacto. Seguiremos levantando nuestra voz para defender el derecho a informar y cuestionar al poder», cerró
Querella de Sichel a Contrapoder
Por su parte, la periodista Josefa Barraza declaró al CPJ que el pasado 7 de noviembre recibió otra denuncia penal por difamación por parte del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, después de que el medio de investigación Contrapoder, que ella fundó este año, informara sobre acusaciones de corrupción en su administración.
En abril de 2024, Barraza también fue demandada por difamación por la exdiputada Andrea Molina, por un artículo que escribió sobre ella en El Cuidadano. El caso fue desestimado en junio de 2024, según informó la periodista al CPJ.
Los correos electrónicos enviados por el Comité solicitando comentarios a las oficinas de Sebastián Sichel y Sergio Giacaman no recibieron respuesta, al igual que el mensaje dirigido al Poder judicial de Chile.
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