Textos de exministro Muñoz salpican a Vivanco, Simpertigue, Lagos y Vargas en fallo clave que destrabó proyecto Eco Egaña

Una investigación de CIPER reveló irregularidades en el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que destrabó el proyecto inmobiliario Eco Egaña de Inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Escritos del exministro Sergio Muñoz detallan maniobras procesales que incluyen la incorporación extraordinaria del ministro Diego Simpertigue a solicitud de la entonces presidenta de la sala, Ángela Vivanco, y la aceleración inusual de la tramitación que benefició a la empresa.

Los mismos abogados que posteriormente representarían a Fundamenta en una demanda por $25.000 millones contra el Fisco -Eduardo Lagos y Mario Vargas- aparecen vinculados a través de un tercer abogado que recibió una transferencia por $1,5 millones de Vargas meses antes de presentar la recusación que inhabilitó a Muñoz de la causa.

CIPER reconstruyó la tramitación del proyecto Eco Egaña en distintas instancias judiciales y constató que en la Corte Suprema hubo anomalías similares a las que se acreditaron en la causa del Consorcio Belaz Movitec Spa (CBM).

Según declaraciones juradas de relatoras de la Corte Suprema presentadas por el exministro Sergio Muñoz ante el Senado,en el marco de su acusación constitucional, la entonces ministra Ángela Vivanco mantuvo un seguimiento inusual del caso Fundamenta desde septiembre de 2022.

Según la relatora Sandra Araya, Vivanco le señaló que «como presidenta de la sala recibió un reclamo de los abogados de la referida causa» y le indicó que revisara la situación «porque debía ser lo antes posible».

«Me indicó que revisara la situación y le señalara cuándo podía poner la causa en tabla, refiriendo que debía ser lo antes posible y se lo comunicara a su teléfono personal», señaló.

El proceso se aceleró notablemente después de que Muñoz fuera inhabilitado del caso. En documentos presentados para su defensa en la acusación constitucional que finalmente terminó con su destitución, Muñoz expuso que «a requerimiento de la señora presidenta de la sala se sustituye a la señora Melo por el ministro Simpertigue» . Esta modificación en la composición de la sala fue crucial para el desenlace del caso.

De acuerdo con el reportaje de CIPER, el 24 de febrero se vio la causa en la Tercera Sala «y no solo se rechazó el reclamo de los vecinos del proyecto, sino que también se acogió el recurso de Plaza Egaña SpA (de Fundamenta)». A la par, el fallo habilitó que la RCA que la empresa había obtenido posterior a ingresar estos recursos, quedara habilitado.

«En síntesis, el fallo provocó que se extinguiera cualquier posibilidad de que en el tribunal ambiental el proyecto siguiera siendo objetado», indicó el medio de investigación.

La relatora Araya describió la celeridad con que se trabajó después del acuerdo del 24 de febrero de 2023:.

«La señora presidente [Vivanco] me dio instrucciones de sacar el borrador lo antes posible en atención a que había ministros en el acuerdo que se iban de vacaciones. Así lo hice, envié borrador el domingo 26 de febrero al redactor, quien lo aprobó el día 27 de febrero» . La sentencia se firmó el 1 de marzo, y según registros de vuelo, Vivanco partió de vacaciones el 3 de marzo.

El proyecto Eco Egaña y su destrabe

El proyecto Eco Egaña Sustentable, de Inmobiliaria Fundamenta, es un desarrollo inmobiliario de US$300 millones ubicado en Ñuñoa que considera 1.752 departamentos en tres torres, una cuarta torre de oficinas y casi 8.000 m² de espacios comerciales . Las obras estuvieron paralizadas desde abril de 2022 hasta marzo de 2023 debido a un conflicto ambiental con vecinos .

La Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por Vivanco, Simpertigue, Mario Carroza, Mario Gómez -quien votó en contra- y Dobra Lusic, falló a favor de la inmobiliaria el 24 de febrero de 2023 . El fallo rechazó el recurso de casación de los reclamantes y acogió el recurso de Plaza Egaña SpA, extinguiendo cualquier posibilidad de que el proyecto siguiera siendo objetado en el tribunal ambiental.

Inhabilitación de Muñoz y vínculos con Lagos y Vargas

La inhabilitación del ministro Sergio Muñoz se produjo después de que la inmobiliaria Fundamenta detectara que su hija, Graciel Muñoz Tapia, había firmado promesas de compraventa de dos unidades en el proyecto . Según una declaración jurada de una ejecutiva de ventas de Fundamenta, la hija del ministro le habría dicho que su padre le recomendó que «moviera las platas» de ese proyecto.

Aunque Muñoz aceptó salir de la causa tras admitir que su hija compró una propiedad allí, cuestionó los dichos de la ejecutiva.

La recusación fue presentada por el abogado Marco Fuentes Rojas, exdefensor público y cercano al abogado Mario Vargas. CIPER constató que dos meses antes de que el jurista representara a Fundamenta, recibió una transferencia por $1,5 millones de Vargas . Fuentes negó que el pago tuviera relación con esta causa.

«El pago tenía fundamento en una causa en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en que yo fui contratado por un caso que se refiere a un delito sexual» .

Sin embargo, Fuentes admitió su fluida relación con los abogados Vargas y Lagos, tanto laboral como personal: «(A Vargas) lo conozco por la Defensoría Penal Pública. Yo hice la práctica en la Defensoría Penal Pública. Lo conozco hace más de 15 años. Y a don Eduardo Lagos, compañero del máster en Derecho Penal de la Universidad de Talca», consignó el medio citado.

Millonaria demanda de Plaza Egaña SpA contra el Estado

Una vez destrabado el proyecto, Eduardo Lagos y Mario Vargas se convirtieron en los abogados patrocinantes en dos ofensivas paralelas —una penal y otra civil— presentadas por Plaza Egaña SpA, la sociedad de Inmobiliaria Fundamenta que había logrado el fallo favorable en la Suprema nueve meses antes.

La acción civil fue interpuesta en diciembre de 2023 contra el Estado por $25.000 millones para la época (equivalente a más de 700.000 UF) . Esta demanda por responsabilidad extracontractual buscaba indemnización por los perjuicios causados durante la paralización del proyecto, incluyendo daño emergente, daño moral y lucro cesante.

«La demanda atribuyó a las decisiones de los órganos del Estado la paralización de un proyecto que, al momento de detenerse, acumulaba casi 34 meses de obras. La empresa sostuvo que el freno impuesto durante aproximadamente un año, generó pérdidas severas: desde gastos de desmovilización hasta indemnizaciones, estudios técnicos, asesorías legales y demoliciones», detalló CIPER.

El medio digital confirmó que la sociedad otorgó mandato judicial a Lagos, Vargas y Silber el 5 de diciembre de 2023, diez días antes de que ambas acciones (penal y civil) fueran presentadas de f manera simultánea en los tribunales.

Hasta la fecha, ninguna de las dos acciones judiciales patrocinadas por Lagos y Vargas ha tenido resultados.

Patrón de irregularidades y vínculos con la «Muñeca bielorrusa»

Este caso presenta similitudes con el denominado «Caso CBM» o «Muñeca Bielorrusa», donde la exministra Vivanco también está siendo investigada.

En dicha causa, el Ministerio Público acusa que Vivanco habría recibido al menos $57 millones del consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM) a través de su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas .

La Fiscalía describe en la orden de detención presentada al 7° Juzgado de Garantía de Santiago que los pagos ilícitos se sincronizaron con resoluciones judiciales favorables al consorcio en su litigio con Codelco, llegando la cuprífera estatal a desembolsar cerca de US$20 millones como resultado de estos fallos .

Respecto a las acusaciones, Vivanco declaró a CIPER: «No solamente lo descarto en este caso, sino que en cualquier caso, porque yo no he recibido plata de nadie y los votos que yo dicté, en todos los fallos, hayan sido de Lagos, de Vargas o de Juanito Pérez, porque yo en muchos [casos] no tenía idea siquiera de quiénes eran los abogados, los dicté porque ese era mi criterio» .

Asimismo, reconoció que aceleró tanto la causa de la inmobiliaria como la de CBM, porque tenía la misión de hacerlo para avanzar en la tramitación

Tanto Ángela Vivanco como el ministro Diego Simpertigue están siendo investigados actualmente por su relación con los abogados Vargas y Lagos. A Simpertigue se le indaga por haber viajado en un crucero por Europa con Eduardo Lagos dos días después de haber votado y redactado un fallo a favor de CBM, sin manifestar que tenía cercanía con el penalista .