Durante su presentación ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) en Ginebra, los representantes del gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, negaron las acusaciones de desmantelamiento de políticas de derechos humanos y evadieron las cifras de heridos, detenidos y torturas registradas tras las múltiples acciones policiales represivas contra manifestaciones callejeras.
Para los representantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la comitiva de La Libertad Avanza integrada por los Subsecretarios de derechos humanos Alberto Baños, de Asuntos Penitenciarios Julián Curi y de Asuntos Legales Diego Goldman, no respondió ninguna de las preguntas que le realizaron expertos internacionales y se limitaron “victimizarse y amenazar con tildar de falsas”, las investigaciones realizadas por los organismos de derechos humanos que documentan el incremento de la represión policial desde diciembre de 2023; el uso arbitrario de armas menos letales; las detenciones irregulares en marchas; la violencia en lugares de detención de la provincia de Buenos Aires; así como la mala actuación judicial en casos de torturas y malos tratos
Respuesta evasiva a cifras de represión por parte del gobierno de Milei
En concreto, la CPM había presentado ante el CAT un informe detallado que documenta la violencia estatal entre diciembre de 2023 y junio de 2025, registrando al menos 2.467 heridos y 223 detenidos arbitrariamente en contextos de protesta social . El documento también denunció la sistematicidad de estas prácticas, señalando que las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires utilizaron postas de goma, gases lacrimógenos, golpes con bastones y agua a presión de forma recurrente .
Frente a estas acusaciones, los funcionarios no respondieron específicamente a ninguna de las cifras, registros o casos planteados . Diego Goldman, subsecretario de Asuntos Legales, descalificó los datos afirmando que «las cifras de heridos en las marchas son todas mentiras», sin aportar datos alternativos ni evidencias que contradijeran los informes .
Desde la CPE acusaron que “esta posición implica una regresión importante de nuestro país en materia de derechos humanos”.
“Ni estos ni otros planteos sobre la situación de los derechos humanos en Argentina fueron respondidos por el gobierno nacional, ni contestaron específicamente a ninguna de las cifras, registros, denuncias y casos”, indicaron.
Justificación del «protocolo antipiquetes» y uso desproporcionado de la fuerza
Jorge Contesse, miembro chileno del CAT, interrogó a la delegación argentina sobre la legalidad y proporcionalidad del protocolo antipiquetes y sobre denuncias de retiro de beneficios sociales a quienes participan en protestas. La respuesta oficial se centró en destacar la cantidad de policías heridos y en justificar la represión.
Los integrantes de la delegación vincularon las críticas al protocolo con una “oposición nostálgica que aún no habría acusado el golpe de haber perdido las elecciones”.
Curi le respondió que los organismos que estaban ahí sentados ni los canales de noticias que mira Contesse muestran los más de 200 policías heridos en manifestaciones.
“El derecho a manifestarse en paz está garantizado, si uno va a pegarle palos a la policía a tirar piedras eso es ilegal”, expresó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios al tiempo que defendió la aplicación de las figuras del daño y resistencia a la autoridad.
Respecto del uso de armas menos letales, las calificó como «no letales», y defendió su utilización durante las protestas. “El derecho a manifestarse está garantizado, pero si uno va a pegarle a la policía eso es ilegal”, sostuvo.
Según consignó Página/12, los funcionarios mileístas argumentaron que las críticas al “protocolo antipiquetes” provienen de una “oposición nostálgica que aún no habría acusado el golpe de haber perdido las elecciones”.
Negacionismo y descalificación
El medio citado señaló que también recurrieron a la descalificación y la repetición de expresiones negacionistas como la que cuestiona la cifra de desaparecidos o la referencia a los “negocios” que se esconderían detrás de las políticas de memoria.
Según la CPE, los integrantes de la delegación del denominado «libertario» utilizaron el prestigioso recinto de la ONU para afirmar genérica y vagamente que “la política de memoria en los términos de la gestión actual se están cumpliendo con una memoria amplia, no como pretenden algunos ideólogos del pasado, lo que dicen es falso, se realizaron refacciones a sitios de memoria como no se hizo en años, no se cerraron sitios, …no se abandonó el pago de leyes reparatorias», afirmando que «se organizaron negocios en torno a los derechos humanos (…) ahora se promueve la memoria completa».
En línea con las posturas que el gobierno de Milei viene sosteniendo, el funcionario puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, argumentando que existe un «relato impuesto» que se resiste a revisar este número .
«Cuando uno cuestiona el famoso número de desaparecidos, automáticamente cae en el negacionismo», afirmó ante el Comité .
La organización planteó que en ningún momento de su intervención, Baños aclaró que todos los sitios dependientes de forma directa de la subsecretaría de Derechos Humanos que dirige fueron vaciados tanto en términos presupuestarios como principalmente en personal disponible para las tareas propias de cada espacio.
También cuestionó que pese a su condición de exjuez, abogado y conocedor de las leyes y compromisos internacionales. el subsecretario sostuvo que los organismos de derechos humanos están «colonizados y al servicio de la oposición política» y que pretenden “tener a la República Argentina de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones”
“Al no poder responder ni tener datos fiables que aportar”, el gobierno “recurrió a la estrategia de victimizarse y amenazar con tildar de falsas las manifestaciones del Comité cuando sus preguntas resultan incómodas”, indicó la CPM.
