Fiscalía peruana acusa a expresidente Martín Vizcarra de recibir millonarias coimas: el juicio entra en fase decisiva

El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) entra en su fase definitoria tras meses de exposición probatoria por parte del Ministerio Público, que sostiene que el exmandatario recibió más de 2 millones de soles (S/), equivalentes a 590 mil dólares, en sobornos de consorcios constructores durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Ell Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional deberá decidir en las próximas semanas si condena o absuelve a Vizcarra, en un fallo que marcará un precedente crucial en la lucha anticorrupción en Perú.

El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, solicita 15 años de prisión efectiva para el expresidente Vizcarra: 6 años por el caso ‘Lomas de Ilo’ y 9 años por el ‘Hospital de Moquegua’ .

Señaló que durante su gestión como gobernador habría recibido un total de S/ 2,3 millones mediante entregas en efectivo coordinadas desde las áreas comercial y financiera de las constructoras involucradas.

Según la acusación, Vizcarra «quebrantó sus obligaciones funcionales en ambas licitaciones públicas» al recibir S/1 millón de Obrainsa por la obra de irrigación Lomas de Ilo y S/1,3 millones (380 mil dólares) de ICCGSA por la construcción del Hospital de Moquegua.

Indicó que el exmandatario habría otorgado información privilegiada y direccionado decisiones internas que beneficiaron a ambos consorcios en concursos públicos.

Evidencias clave: llamadas, geolocalización y testimonios

El Ministerio Público ha presentado diversos elementos probatorios que, según su perspectiva, demuestran la existencia de un «circuito ilícito» que involucró a funcionarios, directivos de constructoras y personal administrativo en la entrega de dinero por las obras de Moquegua.

-Registros de llamadas que vinculan a Vizcarra con representantes de las empresas constructoras en fechas clave de los procesos de adjudicación .

-Chats y mensajes en los que se coordinarían reuniones clave.

-Geolocalización del teléfono del exmandatario, que lo situaría en lugares distintos a los que declaró, contradiciendo su versión sobre su ubicación durante días cruciales de las negociaciones .

-Testimonios de exsocios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua que competerían a Vizcaya, consignó medio digital Caretas.

Uno de los puntos más comentados del juicio fue un testimonio que contradijo directamente la versión de Vizcarra, quien aseguró que se encontraba en Moquegua durante un día en el que, según la Fiscalía, estaba en Lima gestionando reuniones relacionadas con las obras.

Solicitan condena «de ejecución inmediata» para Vizcaya

El procurador para el caso Lava Jato, Carlos Fernández, ratificó «el peso probatorio de las evidencias» presentadas y solicitó «una sentencia ejemplar, dura, contra el acusado Martín Vizcarra» .

La Procuraduría Pública adjunta planteó una reparación civil que supera los S/4,6 millones (1,3 millones de dólares), argumentando daño económico al Estado por el direccionamiento de los contratos .

Para la Fiscalía, las pruebas «encierran un patrón sistemático de favorecimiento» que incluiría comunicaciones, ajustes contractuales sospechosos y movimientos de fondos registrados entre 2013 y 2014 .

Asimismo, se solicitó que la eventual sentencia se ejecute de inmediato, debido a la presunta capacidad del exmandatario para influir en testigos.

El fiscal Juárez Atoche ha insistido en que la eventual condena debe ser «de ejecución inmediata», lo que implicaría el ingreso inmediato de Vizcarra a prisión sin esperar una segunda instancia .

Asimismo, se solicitó que la eventual sentencia se ejecute de inmediato, debido a la presunta capacidad del exmandatario para influir en testigos.

La ruta del dinero: dos casos emblemáticos

Según la reconstrucción fiscal, la secuencia ilícita se inició el 4 de noviembre de 2013, cuando UNOPS UNOPS, entidad de Naciones Unidas que participó como evaluadora técnica de las obras investigadas, solicitó un reajuste a la propuesta económica del consorcio liderado por Obrainsa. Al día siguiente, Vizcarra contactó a Elard Tejeda, gerente de Obrainsa, para coordinar un encuentro donde se habría planteado una entrega ilegal .

El ente persecutor señaló que el 24 de enero de 2014 se registraron llamadas en las que el exgobernador habría pedido un «saldo pendiente». Ese mismo día, Tejeda dispuso gestiones internas para obtener fondos de caja chica . Los retiros se concretaron en dos entregas: S/400.000 (118 mil dólares) el 27 de enero de 2014 y S/600.000 (180 mil dólares) el 4 de abril del mismo año .

Testimonios de colaboradores eficaces indicaron que las órdenes provenían de la gerencia comercial y que se trataba de un esquema habitual dentro de las prácticas del denominado «Club de la Construcción»

Por su parte, ell proceso del Hospital de Moquegua comenzó en septiembre de 2013 con la apertura de ofertas, donde el consorcio relacionado con ICCGSA presentó una propuesta de S/126 millones . El punto clave ocurrió el 27 de noviembre de 2013, cuando UNOPS pidió una reunión que se trasladó al CADE, evento al que asistieron Rafael Granados Cueto, exdirectivo de ICCGSA; José Manuel Hernández, consultor vinculado al sector; y Vizcarra .

El 29 de noviembre se aprobó un reajuste exprés que redujo el monto a S/123,4 millones (36 mil d{olares). Para los fiscales, «la rapidez de esta decisión reflejó un acuerdo previo» . En el expediente figuran documentos internos de ICCGSA que reportan gastos extraordinarios y salidas de fondos sin sustento claro, que los colaboradores eficaces relacionaron con reuniones donde se discutió cómo reunir el monto destinado al «gobernador».

La defensa de Vizcarra: «Nunca recibí un sol ilegal»

Frente a las acusaciones, el expresidente Martín Vizcarra ha mantenido una postura firme de rechazo a todas las imputaciones.

«No hay ninguna razón de que puedan los jueces encontrar culpabilidad en este proceso», dijo al tiempo que negó la posibilidad de solicitar asilo político para eludir una eventual condena.

«Lo digo categóricamente, no hay posibilidad de asilo en absoluto» .

La estrategia de defensa se ha centrado en cuestionar la validez de los testimonios y evidencias presentadas por la Fiscalía. Vizcarra y su equipo legal alegan que el caso está «plagado de interpretaciones forzadas» y que los colaboradores eficaces elaboraron «versiones falsas para reducir sus propias condenas» .

El exmandatario también ha situado su caso en un contexto político más amplio, vinculándolo al proceso que llevó a su vacancia en 2020, y ha señalado que espera el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la legalidad de su destitución . Aunque ha anunciado que no postulará a ningún cargo político mientras el juicio siga en desarrollo, Vizcarra confirmó que acompañará a su hermano Mario Vizcarra en su candidatura presidencial para las elecciones generales de 2026 .

Próximos pasos en el proceso judicial

El juicio se encuentra actualmente en su fase final. La etapa actual —la lectura de alegatos finales— es considerada por analistas como el momento más delicado de este proceso, pues en las próximas semanas el tribunal deberá evaluar si la evidencia presentada es suficiente para condenar a Vizcaya.

Los alegatos finales de la defensa se presentarán el jueves 20 de noviembre, cuando también se escuchará la última intervención del propio exmandatario. Posteriormente, el tribunal iniciará su fase de deliberación para emitir sentencia, la cual podría conocerse a finales de noviembre .

En esta etapa de deliberación, el tribunal revisará: la consistencia de las pruebas digitales presentadas, la credibilidad de los testimonios, la coherencia de la narración fiscal frente a la defensa y la trazabilidad de los presuntos pagos ilícitos, consignó Caretas.

El veredicto marcará uno de los fallos más importantes en materia de corrupción política de los últimos años en Perú, en un caso que ha expuesto las tensiones entre transparencia, obra pública y poder político en el país suramericano.