Arista bielorrusa se mete en inmobiliaria Fundamenta: pagos por $410 millones a Lagos y Vargas coinciden con la inhabilitación del exministro Muñoz

Nuevos antecedentes del entramado de influencias, coimas y lavado de dinero que investiga la Fiscalía Regional de Los Lagos en el caso del Consorcio Belaz Movitec Spa (CBM), conocido como «Arista Bielorrusa«, se conectan con la inmobiliaria Fundamenta.

De acuerdo con un reportaje de CIPER, los documentos contables entregados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) al Ministerio Público, las sociedades de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas –actualmente en prisión preventiva por el caso CBM e imputados por delitos de soborno y lavado de activos – facturaron más de $608 millones a una empresa controlada por Fundamenta. De ese monto, $410 millones coinciden con la estrategia legal que incluyó la «interposición de recusación» del entonces ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, que condujo a su inhabilitación.

La inhabilitación de Muñoz, quien había fallado en contra de los intereses de Fundamenta, permitió un cambio crucial en la composición de la Tercera Sala del máximo tribunal. La hoy destituida jueza Ángela Vivanco, a quien la Fiscalía investiga por haber recibido presuntas coimas de Lagos y Vargas en el caso CBM, asumió temporalmente la presidencia y pidió que en reemplazo de Muñoz integrara la sala el juez Diego Simpertigue. Ambos magistrados votaron posteriormente a favor de Fundamenta, revirtiendo el fallo original y destrabando uno de sus proyectos estrella en Ñuñoa, el edificio Eco Egaña Sustentable.

Pagos millonarios

La información del SII, respondiendo a un requerimiento de la Fiscalía, detalla que la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada facturó $414 millones a Plaza Egaña SpA, empresa controlada por Inmobiliaria Fundamenta.

Según reveló CIPER, la planilla Excel enviada por el fisco especifica que el detalle de esta asesoría jurídica fue el siguente:

“Al directorio y gerente general respecto de la causa Rol 1085-2022, definición de estrategia, redacción de informes jurídicos en causa, construcción de minutas de alegatos, interposición de recusación e incidente de nulidad ante los Tribunales Superiores de Justicia, en el año 2022 y el año 2023”.

El Rol 1085-2022 corresponde precisamente a la causa en la que se recusó y inhabilitó al entonces presidente de la Tercera Sala, Sergio Muñoz. La disputa ambiental con vecinos de Ñuñoa mantenía paralizado el proyecto Eco Egaña, una iniciativa de US$300 millones que incluye 1.752 departamentos en tres torres, una cuarta torre de oficinas y casi 8.000 m² de espacios comerciales

El fallo inicial de la sala, que incluía a Muñoz, le era adverso a Fundamenta.

Aunque los documentos contables muestran este pago millonario por la estrategia que incluyó la recusación, ni Vargas, ni Lagos, ni Silber figuraron como abogados patrocinantes visibles en esa causa. Quien ingresó formalmente el recurso para inhabilitar a Muñoz fue el abogado Marco Fuentes, amigo de Vargas desde hace 15 años.

la acción legal se produjo después de que la inmobiliaria Fundamenta detectara que la hija del jueza, Graciel Muñoz Tapia, había firmado promesas de compraventa de dos unidades en Eco Egaña Sustentable.

Según una declaración jurada de una ejecutiva de ventas de Fundamenta, la hija del ministro le habría dicho que su padre le recomendó que «moviera las platas» de ese proyecto.

Producto de esta recusación, Muñoz sería posteriormente acusado constitucionalmente y destituido del máximo tribunal del país.

Cambio en la Corte y fallo favorable para Fundamenta

La salida de Sergio Muñoz tuvo un efecto inmediato: el fallo que ya estaba adoptado y que era adverso a Fundamenta quedó sin efecto, y la causa se revisó de nuevo. Ángela Vivanco asumió la presidencia temporal de la Tercera Sala y, en lugar de la ministra Soledad Melo –quien originalmente debía reemplazar a Muñoz–, solicitó que integrara la sala Diego Simpertigue.

La dupla Vivanco-Simpertigue falló a favor de la inmobiliaria, que era cliente de Lagos y Vargas, revirtiendo así el primer veredicto. Este fallo no solo destrabó el proyecto de Ñuñoa, sino que además allanó el camino para una posterior acción civil en la que Lagos y Vargas, en representación de Fundamenta, demandaron al fisco diciembre de 2023 por $25 mil millones para la época (equivalente a más de 700.000 UF) . Esta demanda por responsabilidad extracontractual buscaba una indemnización por los perjuicios causados durante la paralización del proyecto, incluyendo daño emergente, daño moral y lucro cesante.

Similitudes con el Caso CBM

Las similitudes con el modus operandi del caso CBM son notorias. Al igual que en esa causa, en la de Fundamenta se han descrito eventuales anomalías en la tramitación. Una relatora de la corte, Sandra Araya, declaró bajo juramento que la ministra Vivanco la presionó para agilizar la redacción del fallo a favor de la inmobiliaria.

“[La ministra Vivanco] me indicó que el motivo de la llamada era la causa de Fundamenta, porque como presidenta de la sala recibió un reclamo de los abogados de la referida causa, la que me había sido asignada. Me señaló que le informaron que había ingresado hacía meses a la Corte, sin que fuera puesta en tabla, lo significaba una pérdida millonaria para la empresa que tenía paralizado un proyecto. Me indicó que revisara la situación y le señalara cuándo podía poner la causa en tabla, refiriendo que debía ser lo antes posible y se lo comunicara a su teléfono personal”, señaló la relatora.

Además, para este fallo, la misma Vivanco fue quien gestionó que Simpertigue, y no otro ministro, integrara la sala.

Consultada anteriormente por CIPER sobre esta solicitud, Vivanco argumentó: “Lo que pasa es que Melo era de la Primera Sala y tenía mucho menos relación con causas de ese tipo”.

Fundamenta pone fin de la relación con los abogados Lagos y Vargas

Contactados por el medio de investigación, los representantes de Fundamenta respondieron a través de la consultora comunicacional Nexus. Enviaron dos documentos en los que explican que fue el abogado y exdiputado Gabriel Silber (PDC) quien contactó a la inmobiliaria a través de uno de los inversionistas, y que la asesoría prestada incluyó “gestiones con vecinos, relacionamiento con autoridades y apoyo en el proceso administrativo y judicial”.

Al ser consultados específicamente si este “apoyo en el proceso administrativo y judicial” se relacionaba con la recusación de Muñoz, la respuesta, vía WhatsApp, indicó que eso estaba contestado en sus documentos, donde señalan que la asesoría incluyó “apoyo en la estrategia legal mediante la provisión de informes jurídicos, pero no el patrocinio de las causas”.

Finalmente, Fundamenta informó que, una vez conocidas las informaciones sobre la investigación a Lagos y Vargas por el caso CBM, la empresa resolvió poner fin a sus contratos. En un comunicado afirmaron: “A fin de lograr la reactivación del proyecto Egaña, hemos trabajado con decenas de profesionales, de los cuales no hemos dudado sobre su integridad y honradez, por lo cual el actuar de estos profesionales nos escandaliza e indigna, de ser ciertos los hechos que se les imputan”.

Cadena de pagos y relación con el proceso judicial

El registro del SII detalla un total de seis facturas por $608.283.601 emitidas a Plaza Egaña SpA entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 por las sociedades: Asesorías Jurídicas integrales SpA, Lagos y Asociados SpA y Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada, de los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silber.

La cronología de los pagos coincide con hitos clave del proceso judicial:

-3 de octubre de 2022: Primera factura por $33 millones, el mismo día en que estaba fijada una votación en la Corte que no se realizó.

-22 de octubre de 2022: Factura por $34 millones, tres días después de que la Tercera Sala revisara la causa (fallo inicial adverso que nunca se publicó).

-21 de marzo de 2023: Factura por $53 millones, veinte días después de que se firmara el fallo favorable con los votos de Vivanco y Simpertigue.

-5 de abril de 2023: La factura más abultada, por $414 millones. De acuerdo con CIPER, la descripción de los servicios prestados que informó el SII, correspondió al servicio de asesoría al directorio y al gerente general de Plaza Egaña SpA respecto a la causa N°1085-2022, justo en la que se recusa a Sergio Muñoz y en la que los abogados Silber, Lagos y Vargas: no figuraron públicamente.

“Definición de estrategia, redacción de informes jurídicos en causa, construcción de minutas de alegatos, interposición de recusación e incidente de nulidad ante los Tribunales Superiores de Justicia, en el año 2022 y el año 2023.UF 11.537,5 (Valor UF al 08-05-2023 $35.943,26)”, indica el documento,

-27 de diciembre de 2023: Factura correspondiente a servicios jurídicos según un contrato de honorarios., vinculada con una nueva estrategia judicial: «la demanda civil contra el fisco en representación de Plaza Egaña SpA, en la que también participó la abogada María Paz Guerra Fuenzalida (hermana del exfiscal Guerra), acción en la que exigían la indemnización por más de $25 mil millones».

El entramado revela una profunda conexión entre los actores de dos grandes casos de presunta corrupción judicial, donde millonarios pagos, estrategias legales ocultas y decisiones judiciales cruciales parecen haber convergido para beneficiar los intereses de una empresa, cuestionando la independencia y transparencia de una parte del sistema de justicia chileno. La Fiscalía ahora tiene en su poder estos documentos que dibujan un mapa de relaciones e intereses que va más allá del caso CBM.