México cierra brechas de impunidad: Senado aprueba Ley General contra la Extorsión

El Senado de México aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca darle al Estado la fuerza jurídica para cerrar las brechas de impunidad y prevenir, investigar y sancionar este delito en todo el país. 

La norma que contó con 110 votos a favor y cero en contra, se devolvió a la Cámara de Diputados para su ratificación.

El consenso multipartidista refleja que se trata de una iniciativa estratégica que busca combatir de frente uno de los delitos que más lacera la vida cotidiana, el comercio local y la confianza social en el país.

El instrumento legal establece que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, y se define como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.

Cierra a vacíos legales que durante años facilitaron la impunidad

Uno de los puntos que destacan en esta nueva ley radica en la homologación del delito de extorsión en las 32 entidades federativas, cerrando vacíos legales que durante años facilitaron la impunidad. Este marco jurídico uniforme permitirá una respuesta nacional coordinada y eficaz.

Al establecer la persecución de oficio, el Estado asume la responsabilidad de iniciar investigación, para no exponer a las víctimas; a la vez, se refuerza la denuncia anónima mediante la línea 089 (Servicio Nacional de Denuncia Anónima).

Por otro lado, se endurecen las sanciones, ya que la pena base contempla de 15 a 25 años de prisión y una multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Sin embargo, puede elevarse hasta 42 años en casos agravados, y tipifica un catálogo amplio de modalidades, incluyendo el cobro de piso, la prácticas como los accidentes de tránsito deliberados para extorsionar a conductores, la extorsión telefónica y digital, así como la cometida desde centros penitenciarios.

De hecho, los reos ya no podrán contar con dispositivos electrónicos en los penales y en caso de incumplir esta medida se les sancionará con una pena de 6 a 12 años, que se aplicará también a los funcionarios y demás personal de los centros carcelarios que permitan la entrada de celulares y demás dispositivos, consignó La Jornada.

A la par, la normativa contempla sanciones para aquellos servidores públicos que omitan denunciar o actúen con negligencia frente a este delito, buscando erradicar la complicidad o inacción que ha favorecido la impunidad.

Protección de las pymes frente a la extorsión

Con esta Ley General, el Estado mexicano busca reducir de manera tangible el costo humano y económico de la extorsión, proteger a las pequeñas y medianas empresas, mejorar el clima de inversión al enfrentar las economías criminales que distorsionan mercados y cadenas de suministro.

Por tal motivo se compromete a que su implementación sea de manera respetuosa de los derechos
humanos; mediante protocolos, controles internos y estándares legales que garanticen que la
investigación de oficio proteja a las víctimas sin abrir espacio a abusos.

También se propone a defender a quienes, según el discurso oficial de la Cuarta Transformación, «producen, emprenden y sostienen la vida comunitaria», por medio de la consolidación de una política de seguridad que no negocia con el crimen y por el contrario endurece el castigo donde corresponde, moderniza la respuesta estatal y fortalece la coordinación territorial.