Directiva del Centro General de Madres, Padres y Apoderados presentó un recurso de protección por el uso indebido del protocolo a estudiantes, acusando falta de debido proceso.
El viernes 21 de noviembre, el Centro General de Madres, Padres y Apoderados —CGMPA— del Liceo 7 de Ñuñoa informó sobre el ingreso un recurso de protección ante la Corte, buscando detener la aplicación masiva de la medida de Aula Segura después de que personas en overol blanco intentaron tomarse las dependencias el martes. Las medidas fueron adoptadas por el equipo directivo y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, y según se informó en un Consejo Escolar, se aplicaron a la masa estudiantil presente en el patio durante el ingreso de los encapuchados al establecimiento, usando como argumento el «apoyo» o «encubrimiento» a los hechos.
La directiva del CGMPA denunció que se trata de una aplicación masiva a más de 70 estudiantes, y que no existen antecedentes que justifiquen la sanción en una parte importante de los casos. Según los apoderados, entre los afectados incluso se encuentran estudiantes que no participaron de los hechos, que estaban en otras dependencias del liceo o que actuaron para proteger a compañeros o funcionarios. Marta, la secretaria del Centro, indicó a El Ciudadano que, si bien entienden que debe haber sanciones, lo que les preocupa es “el mal uso y abuso» de la normativa. Enfatizó que «deben haber pruebas contundentes para poder aplicar esta ley y resulta que no las hay”, agregando que “hay muchos de los chicos a los cuales se les aplica Aula Segura y solo estaban mirando la situación», sostiene.
El CGMPA enfatizó que esta debe ser una medida excepcional, reservada para faltas gravísimas y basarse en evidencias «claras y directas». En un comunicado emitido por el Centro se recuerda que las más de 60 aperturas de protocolos en un solo día son una cifra que se equipara a los 60 casos de expulsión o cancelación de matrícula que se registran en el Instituto Nacional, pero desde 2019, siendo uno de los establecimientos con más aplicación de la normativa. Estas medidas conllevan consecuencias graves como el riesgo de expulsión, cancelación de matrícula y la afectación del historial académico: “Ellos perfectamente podrían haber iniciado protocolo 2 con suspensión de 5 días para que durara la investigación, pero aplican esta cantidad de Aula Segura nunca vista”, señala la secretaria.
Marta además indicó que lo que buscan es que la ley se cumpla como corresponde, pues están observando que: «Aquí hay una cacería de brujos, por las informaciones que nos están negando, que los inspectores de pisos están prácticamente amenazando a los estudiantes, están entrevistando a los menores sin sus apoderados además, que también va contra la ley». En su opinión, toda la situación es insólita.
Si bien la directiva rechaza «categóricamente los hechos de violencia», cuestionan la respuesta del establecimiento, indicando que: «No se puede enfrentar la violencia con más violencia institucional». A su juicio, la respuesta debe ser educativa y ajustada a derecho, ya que levantar la ley sin fundamentos sólidos: «Genera daño psicológico, estigmatización y quiebres comunitarios difíciles de reparar», afirman.
El recurso de protección que ingresaron busca exigir el proceso debido y establecer criterios claros, formativos y no punitivos. Además, la directiva del CGMPA recordó que el pasado julio la Corte Suprema declaró admisible una acción judicial similar presentada por ellos, lo que sentó un precedente sobre el uso indebido de la herramienta. Finalizaron llamando a las autoridades a revisar los protocolos y abrir instancias de diálogo real para reconstruir la convivencia escolar «desde un enfoque pedagógico y comunitario».
