Llaman a las candidaturas presidenciales y a nuevos parlamentarios a integrar los derechos humanos en sus programas

La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, que reúne a 25 organizaciones de trayectoria en derechos humanos, justicia ambiental, transparencia y trabajo decente, lanzó el documento “Derechos humanos, debida diligencia y empresas: Gobernanza, responsabilidad y efectividad”. Esta es una invitación a las candidaturas presidenciales y a las y los parlamentarios a incorporar este enfoque en sus programas y futuras gestiones.

El documento aborda nueve áreas prioritarias: medio ambiente y justicia climática, derechos laborales, derecho a la vivienda, impactos en pueblos indígenas, empresas del Estado, captura corporativa y corrupción, marco normativo de debida diligencia, acceso a información y justicia ambiental, y trabajo forzoso y trata de personas, indicando que el desarrollo del país debe vincularse a los derechos humanos.

“Llamamos a quienes conformarán el próximo gobierno y Congreso Nacional, que incorporen en sus programas, políticas públicas y acciones normativas el enfoque de derechos humanos”, expresa Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la Plataforma de DD.HH. y Empresas.

Agregó que resulta urgente avanzar hacia una ley de debida diligencia que permita proteger a las personas y comunidades de posibles vulneraciones de sus derechos humanos frente a actividades empresariales. “El crecimiento y desarrollo económico son necesarios, y también es absolutamente factible avanzar sobre estos con un enfoque de derechos humanos”, puntualizó.

Entre las propuestas, el documento enfatiza la necesidad de prevenir la captura corporativa y los conflictos de interés, proponiendo avanzar en reformas, como la Ley de Lobby, y medidas para fortalecer la transparencia y la independencia de las instituciones públicas. Según el informe, esto es clave para resguardar la integridad democrática y evitar la influencia indebida del sector privado en decisiones que afectan los derechos de las personas.

También se plantean medidas para fortalecer la fiscalización ambiental y laboral, garantizar la protección a personas defensoras de derechos humanos y asegurar acceso efectivo a la información pública y ambiental, en línea con los estándares internacionales del Acuerdo de Escazú.

El llamado de la Plataforma es que las futuras autoridades asuman compromisos concretos para avanzar hacia una legislación de debida diligencia empresarial en línea con los estándares internacionales, entendiendo que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de las personas y las comunidades afectadas.

Documento disponible aquí.