Gonzalo Marín, presidente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores de Sename (ARMETRASE), alertó este lunes sobre la crítica situación que enfrentan las y los integrantes de la fuerza laboral del servicio.
En conversación el programa La Mañanera, conducido por el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, Marín vinculó directamente esta crisis laboral con el deterioro en la atención de los niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal.
El contexto de esta denuncia es el proceso de transformación del Servicio Nacional de Menores, (SENAME), que culminará el próximo 13 de enero con la creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil. El dirigente explicó que este cambio se produce bajo condiciones de extrema precariedad.
«Nosotros trabajamos para la reinserción social, ese es nuestro objetivo, y lo que entendemos desde ese punto de vista es que tienen que haber condiciones mínimas, condiciones básicas, que sean reflejo también del compromiso que asume el Estado. En tanto, nosotros somos funcionarios públicos, somos funcionarios de centros de administración directa y vencemos día a día las carencias que se producen producto de esa tensión histórica (…) es el concepto de un Estado subsidiario que declara derechos pero no es capaz de garantizarlos, en este caso en las distintas prestaciones. Entonces, hoy día particularmente la situación de los trabajadores, de los funcionarios del actual Servicio Nacional de Menores y de los funcionarios que ya fueron traspasados en las regiones del norte y del sur hacia el Servicio de Reinserción
Social Juvenil, es una situación crítica», afirmó.
Proceso de transformación y herencia de precariedad en el SENAME
Al iniciar su intervención, Marín se refirió al complejo contexto actual y el último período del proceso de transformación que culmina con la división de lo que era el antiguo SENAME,
«Ya hay una primera etapa que fue concluida el año 2021 con la instalación del Servicio de Mejor Niñez, y ahora viene una segunda parte que termina a principios del próximo, el 13 de enero, cuando ya surge en todo el país el Servicio de Reinserción Social Juvenil”.
Sin embargo, advirtió que este traspaso de funcionarios como el nacimiento de se realiza sobre una base deteriorada
“Hay todo un proceso de traspaso de funcionarios, pero también un poco de visualizar cuáles son las condiciones de atención que tenemos de los jóvenes hoy día, porque a esto antecede una crisis bien compleja de condiciones de infraestructura, que en definitiva es lo que hemos reiterado durante mucho tiempo, que es el deterioro en el cual se produce tanto el traspaso como el nacimiento de esta nueva institucionalidad, pero que básicamente es un cambio de nombre”.
Marín realizó un recorrido histórico del servicio, remontándose a su creación en 1979, para explicar la raíz del problema:
“Esta es una institución que, de alguna manera, encarna todo lo que es el proceso de transformación institucional en términos de reducción, por decirlo así, de la intervención estatal, que fue aplicado durante toda la dictadura y, digamos, es lo que, en definitiva, como trabajadores uno puede visualizar como conclusión de todo este periodo. Una disminución del rol del Estado, la instalación con mucha fuerza de un Estado subsidiario y como eso se ve reflejado en la política pública que se hacía cargo de niños y jóvenes en ese periodo, en esas primeras décadas, sin ninguna distinción clara entre lo que fueran, por ejemplo, aquellos jóvenes o niños que necesitaban una atención más reparatoria en relación a las situaciones de vulneración de derechos que hubieran sufrido, o respecto de jóvenes, adolescentes, que estuvieran vinculados, por ejemplo, a una situación más de comisión delictual, precisamente también siempre en torno a la precariedad y la vulnerabilidad social”, expresó.
La doble carga de los trabajadores: incertidumbre y recorte salarial
Al ser consultado por la situación concreta de los funcionarios, el presidente de ARMETRASE advirtió que atraviesan un escenario crítico.
Detalló que los trabajadores de la Región Metropolitana, la Sexta y la Quinta región enfrentan una “doble carga” debido a la incertidumbre sobre la homologación de sus cargos en el nuevo Servicio y la imposición de evaluaciones que cuestionan “carreras funcionarias de años de servicio”.
«Hay una doble carga, porque entre otras cosas nosotros tenemos una situación donde todavía está pendiente la respuesta a los funcionarios respecto de la homologación, del traspaso de sus cargos en el nuevo servicio», planteó.
«Hay una incertidumbre importante en términos de que efectivamente existan puestos laborales disponibles para las personas que actualmente son parte del Servicio Nacional de Menores y que desean ser traspasados al nuevo servicio», subrayó.
Indicó que desde el SENAME ha impuesto una serie de evaluaciones, que aqunque van en la línea de una
mayor especialización, a su juicio «también son cuestionables desde el punto de vista de que aquí se ponen entre dichas carreras funcionarias de años de servicio y que efectivamente se podrían ver afectadas a propósito de lo que pudiera salir de estos procesos de evaluación y finalmente de la definición que haga el servicio de los puestos laborales».
«Es una situación bien compleja, sobre todo respecto de las personas que funcionan en labores
administrativas, ya porque se entiende que en un centro de administración directa hay personas que intervienen con los jóvenes, los educadores de trato directo, los psicólogos, los profesorales encargados de casos, las personas que hacen talleres, ellos intervienen directamente con los jóvenes en estos procesos de intervención socioeducativa, pero también en los centros funciona personal, los funcionarios que tienen que ver con la mantención, con la infraestructura, por ejemplo, con la provisión de la alimentación, con el transporte o el traslado de los jóvenes, que son esenciales también. Entonces nosotros hablamos de que hoy día, como funcionarios de SENAME, debemos ser
reconocidos en esta función o en esta obligación que tenemos como garante.
Pero el punto más álgido lo constituyó un reciente dictamen de la Contraloría General de la República que afecta el pago de horas extras en el sistema de turnos, fundamental para la atención 24/7 de los centros. Marín explicó la gravedad de esta medida:
“Un dictamen de la Contraloría que viene a poner en entredicho justamente la importancia, a no entender, de lo que es el sistema de turno. El sistema de turno es el tipo de jornada laboral que garantiza que existan una atención 24-7 respecto de los jóvenes que tenemos bajo esta protección, bajo estos resguardos de los centros de rehabilitación directa. Hay que recordar que nosotros tenemos centros de privación de libertad, por ejemplo, como son los centros de internación provisoria, donde se está cumpliendo una medida cautelar (…) y ocurre que este reciente dictamen de la Contraloría señala que no habría una autorización legal para el pago promedio de horas extras que se generan a propósito de estas labores realizadas en el sistema de turno en las condiciones señaladas», planteó,
«Se comprenderá que es un sistema altamente desgastante desde el punto de vista laboral donde muchas veces los funcionarios son agredidos, donde muchas veces son las jefaturas también las que generan condiciones donde se termina muchas veces por agobiar de mayor forma el trabajador más allá de estas condiciones. Entonces hay una situación de ausentismo laboral también provocada por las licencias médicas que en definitiva va afectando el desarrollo de este sistema», acotó.
Marín señaló que el dictamen tuvo un impacto inmediato en las remuneraciones del mes de noviembre que fueron percibidas la semana pasada y describió la magnitud del problema.
«Compañeras que tienen roles de trato directo que están en el sistema de turno y que tienen, por ejemplo, el fuero maternal también se ven afectadas por este cálculo disminuido por esta merma en su remuneración. Las personas, por ejemplo, que hacen uso de sus feriados legales, de sus vacaciones, lo mismo. Entonces tú te das cuenta que finalmente la lógica del sistema es como castigar, por decirlo así, o disminuir, hacernos retroceder en derechos que son tan esenciales justamente para personas que trabajan en una labor que no es cualquiera, como decía, es una labor de garante”, planteó en la entrevista.
Recurso de protección y acciones gremiales
Frente a esta situación, los trabajadores han interpuesto un Recurso de Protección y Marín detalló los objetivos de esta acción legal.
“El recurso de protección viene de alguna manera, que es presentado con el patrocinio de la Defensoría Popular de las y los trabajadores, viene a poner un tono de alarma, un tono de urgencia en relación a esto, a solicitar de alguna manera que se restituya esta legalidad que nosotros vemos afectada en relación a lo que entendemos que son nuestras remuneraciones y entendemos que aquí estaríamos ante un hecho que constituye una afectación, una amenaza o una privación de lo que son garantías fundamentales del orden constitucional”.
Además de la vía judicial, el dirigente anunció una serie de acciones gremiales y políticas para las próximas días.
“Dentro de la semana una serie de acciones que tienen que ver en instalar o retomar digamos de alguna manera esta discusión con parlamentarios una interpelación directa al presidente de la República también en relación a la necesidad de establecer o visualizar modificaciones legales”, afirmó.
En su intervención en La Mañanera, planteó la necesidad de un estatuto laboral diferenciado para los trabajadores que cumplen el rol de garantes.
“Tenemos el ejemplo de varios servicios públicos que efectivamente en su constitución legal, en la normativa que les da origen reconocen por ejemplo lo que es la jornada en sistema de turno como parte esencial de su funcionamiento, nosotros hablamos aquí también de servicios esenciales con los que debemos ser considerados tanto mejor niñez como reinserción social juvenil”.
Movilización y entrega de carta a la Presidencia
El dirigente hizo un enfático llamado a la opinión pública a comprender la naturaleza de la labor que desempeñan los trabajadores de los centros de reinserción juvenil.
“Hacemos harto énfasis tanto en los trabajadores como hacia afuera, en la opinión pública, que se entienda que eso significa tener esta obligación de garante. Ser responsables de los derechos de terceros, en este caso de jóvenes que están bajo una protección estatal y que también están cumpliendo un proceso de reinserción social entonces entendemos que cualquier preocupación que pueda manifestar el Estado con respecto a los jóvenes por ejemplo y a la reinserción social pasa entre otras cosas por atender estos aspectos que son estructurales para el funcionamiento del sistema”, planteó.
Finalmente, confirmó que durante esta semana realizarán diversas acciones de movilización, incluyendo la entrega de una carta a la Presidencia de la República para exponer sus principales preocupaciones, y criticó la actitud de las autoridades del Servicio de Reinserción Social Juvenil, que «hasta el momento se han mostrado bastante distantes y ausentes».
«Los que están asumiendo esto básicamente como carga son las actuales autoridades de SENAME, pero con una proyección bien limitada, porque sabemos que ellos terminan en diciembre su función y a partir de eso asumen otras autoridades y aquí en los trabajadores estamos ya como decir agotados de estos ciclos de cambio de gobierno donde llegan personas por cuatro años y vienen digamos básicamente a lo mismo, a administrar precariedad, administrar finalmente el malestar que existe históricamente y no existe tampoco la capacidad de establecer soluciones definitivas», cuestionó el dirigente.
A continuación, puedes ver el programa completo de La Mañanera emitido este lunes 24 de noviembre:
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