La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una funcionaria de la Armada que denunció haber sido víctima de violación por parte de un superior, para luego recibir una sanción disciplinaria.
La denunciante debió recurrir a diversas instancias de revisión para revertir la medida en su contra.
Según consigna el fallo, estos hechos derivan de una “cultural institucional patriarcal y sexista”, y denotan expresiones “evidentes de violencia y discriminación de género”.
Al respecto, la jefa regional del INDH, Constanza Montt declaró que se trata «de un precedente histórico: por primera vez una Corte reconoce de forma explícita que prácticas institucionales toleradas por la Armada de Chile constituyen violencia de género y que las investigaciones disciplinarias pueden operar con sesgos estructurales que revictimizan a las denunciantes».
Montt explicó que la decisión «obliga a modificar reglamentos, protocolos y formas de ejercer el poder, marcando un estándar que impactará a todas las instituciones del país».
Los hechos
De acuerdo con los hechos reconocidos por la Corte, entre la noche del 7 de noviembre y la madrugada del 8 de noviembre de 2022, la denunciante dijo haber ingerido una bebida alcohólica de composición desconocida, lo cual la hizo perder el sentido, durante una celebración o «ritual» que reconoce los ascensos del personal, y que se realizó en el local El Ancla de Valdivia.
Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, la víctima presentó una denuncia siguiendo el conducto regular institucional, en la que informaba que un superior directo la llevó a su casa desde el evento, lugar en el que la agredió sexualmente.
Pero, de manera insólita, en el sumario institucional la Armada la acusó de un acto de “abuso de confianza” y le impuso una amonestación.
En 2023, y luego del reclamo de la funcionaria, se le bajó la sanción a una falta disciplinaria leve. Y después de otro reclamo, finalmente la jefatura de Estado Mayor de la Armada resolvió dejar sin efecto la sanción “por no encontrarse los hechos acreditados”.
Ante esto, el tribunal cuestionó a la Armada porque la denuncia “derivó en que la indagatoria se dirigiera en su contra (de la víctima), formulándole dos imputaciones”.
La Corte de Apelaciones de Valdivia sostuvo que las medidas disciplinarias tomadas por la Armada de Chile permitieron “facilitar y promover conductas de transgresión en la esfera de la sexualidad por la vía de endilgar responsabilidad a la afectada por faltar a sus deberes de respeto debido a un superior, en circunstancias que este es el denunciado por el delito de violación que habría perpetrado”.
Además, la Corte definió que la Armada le dio a la denunciante “un tratamiento discriminatorio, al extremo de habérsele inferido violencia institucional por su género con ocasión del procedimiento administrativo sancionatorio al que dio lugar la denuncia en que manifestaba haber sido violada”.
También estableció que la institución había ejercido discriminación por razón de género, puesto que “se estimó que (la funcionaria) no merecía el estatus de víctima, según el rol que se le asigna a la mujer en la institución y las prohibiciones y mandatos con los que éste se afianza (…) Se presenta este fenómeno en un entorno en que se desarrolla la función pública, que deja expuestos serios obstáculos a la integración de la mujer a las filas de la Armada de Chile, por la tolerancia de rituales, apadrinamientos, comentarios y bromas (según constan en el proceso por parte del agresor al ‘elegir’ a quien apadrinaría por características físicas), y violencia sexual”.
Debido a todas estas situaciones, la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a la Armada suprimir todo registro de las medidas disciplinarias impuestas a la víctima. También, prescindir de toda limitación a las funciones propias del cargo de la afectada.
Asimismo, estableció medidas orientadoras y formativas que se deben realizar con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con la participación de la Mesa de Inclusión y no Discriminación y la Delegada de Género.
Así, la Armada tendrá que identificar ámbitos que puedan estar permitiendo la ocurrencia del acoso sexual, discriminación, desigualdad o violencia de género. También tendrá que definir estrategias para abordarlas desde la intervención pública e impulsar acciones afirmativas para la participación plena de las mujeres en igualdad de condiciones al interior de la institución.
«Por su parte, el Ministerio de Defensa debe revisar el Reglamento de Disciplina de la Armada de Chile, adecuando sus prescripciones a las leyes N°21.675 y N°21.643, especialmente en lo concerniente a las relaciones jerárquicas, prácticas de interacción, discriminación y violencia de género, incorporando y materializando mediante la dictación del respectivo Decreto Supremo, las modificaciones pertinentes, en el plazo de seis meses. Y también poner los antecedentes en conocimiento de la señora Contralora General de la República», concluyeron desde el INDH.
El Ciudadano
