Simpertigue entra al radar de la Fiscalía: oficios a Aduanas, PDI y Cancillería por sus viajes en la trama bielorrusa

El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, se encuentra bajo el escrutinio de la Fiscalía, que ha iniciado una pesquisa formal para rastrear sus viajes y vínculos, en el contexto de la denominada «trama bielorrusa», en la que se investigan eventuales actos de corrupción que habrían significado un millonario perjuicio económico a la empresa estatal Codelco.

Según documentos a los que tuvo acceso el medio digital Reportea, el equipo de fiscales de la Región de Los Lagos que investiga el caso despachó, el pasado 20 de noviembre, una batería de oficios a instituciones claves del Estado para recabar información sobre Simpertigue, su pareja, y otros involucrados en la causa.

Las solicitudes fueron enviadas a la Dirección Nacional de Aduanas, el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio de Registro Civil e Identificación. El objetivo de la Fiscalía es construir una línea de tiempo detallada sobre los viajes al extranjero de los investigados, verificar el uso de privilegios reservados a autoridades y dilucidar sus redes familiares.

Rastreo exhaustivo de Simpertigue y los involucrados en la «trama bielorrusa»

La investigación busca establecer patrones en la conducta del ministro, quien ya enfrenta un sumario administrativo en el Poder Judicial y una acusación constitucional en el Congreso por su relación con los abogados del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM), que litigó contra Codelco.

El primer oficio, dirigido al director nacional de Aduanas, solicita que se informe sobre las “declaraciones de bienes y valores, y las salidas y entradas al país” de un grupo de ocho personas: el propio Diego Simpertigue; su pareja, la notaria de Lampa Gilda Miranda; la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco; su pareja, Gonzalo Migueles; y los abogados de CBM Mario Vargas y Eduardo Lagos. Completan la lista el exdiputado DC Gabriel Silber y su pareja, la senadora Loreto Carvajal (PPD).

De acuerdo con el medio citado, la Fiscalía le pidió a Aduanas que indique “si desde 2023 a la fecha a este grupo de personas se les realizó un control aduanero cuando ingresaron al país, especialmente si utilizaron el salón de protocolo del aeropuerto”, que se encuentra destinado al uso de las autoridades del Estado,

Paralelamente, en un oficio enviado al Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI, el Ministerio Público fue más allá en el rastreo de los movimientos de Simpertigue, requiriendo “que se informe todos los viajes que realizaron al extranjero el ministro y su pareja, incluyendo detalles como el número de vuelo que utilizaron y los registros que existan sobre sus movimientos por distintos países”.

La Cancillería, por su parte, recibió una consulta sobre el uso de prerrogativas estatales. Los fiscales preguntaron “si Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, Diego Simpertigue y Gilda Miranda han obtenido un pasaporte diplomático desde 2020 a la fecha, además de requerir cualquier dato sobre el uso de ese tipo especial de pasaporte en el extranjero”. El oficio también consulta “si ese grupo de personas ha utilizado el salón de protocolo del aeropuerto, y si cuando lo hicieron fueron controlados por Aduanas o el SAG”.

Finalmente, en un cuarto oficio dirigido al Registro Civil, la Fiscalía ordenó “que se elabore una red familiar” de todas las personas investigadas: Vivanco, Migueles, Simpertigue, Miranda, Silber, Carvajal, Vargas y Lagos. Respecto de los jueces involucrados y sus parejas, se solicitó específicamente que “se indique si han obtenido pasaportes diplomáticos durante los últimos años”. Para el caso de Vivanco y Migueles, se pidió “que se informe si esos documentos fueron devueltos, considerando que Vivanco fue expulsada del Poder Judicial en octubre del año pasado”.

Situación se complica para Simpertigue

La ofensiva fiscal ocurre en medio de una crisis sin precedentes para Simpertigue. La revelación de que, tras el conflicto entre CBM y Codelco, y luego de se concretara el último pago de la estatal a la empresa, el ministro se embarcó en un crucero por Europa con el abogado de la firma Eduardo Lagos –y que en 2023 también había viajad con Lagos y otro abogado de CBM, Mario Vargas– encendió las alarmas sobre una posible falta a la probidad.

La situación se agravó con la información entregada por el exdiputado Gabriel Silber, quien declaró a la Fiscalía que el hijastro de Simpertigue ocupó un departamento propiedad de Eduardo Lagos en Las Condes a inicios de 2024, precisamente mientras en la Corte Suprema se tramitaba el caso entre CBM y Codelco. Simpertigue votó en dos oportunidades a favor del consorcio bielorruso. Los fallos obligaron a la cuprera estatal a desembolsar más de $17 mil millones.

Mientras el ministro intenta capear el temporal alejado de sus funciones, las instituciones del Estado deberán responder a los oficios emitidos por los fiscales. Cada dato que se recabe podría ser una pieza crucial para que el Ministerio Público determine si existen delitos detrás de los viajes y las relaciones que han puesto en jaque la credibilidad de la justicia chilena.